Guía de Participación Ciudadana en Materia Ambiental de México, Estados Unidos y Canadá (español)

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INTRODUCCION

Uno de los temas que parece adquirir cada día más relevancia es el que versa sobre los problemas ambientales que, conforme pasa el tiempo se dejan sentir con mayor fuerza, ya que se reflejan en cuestiones tan tangibles como el aire que respiramos, el agua que bebemos y la comida que ponemos diariamente en nuestra mesa. Los problemas ambientales que enfrentamos ponen en tela de juicio no sólo la actividad humana frente a la naturaleza y los recursos que ésta nos brinda, sino también la sustentabilidad de los modelos económicos que rigen el quehacer humano en la época actual.

El Derecho lo podemos definir como un sistema racional de normas sociales de conducta obligatorias, consideradas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Es decir, el Derecho es el instrumento que pretende orientar la conducta humana, a través de normas obligatorias, de manera que se obtenga el bien común, finalidad primordial de éste, respondiendo a la realidad histórica. Consecuentemente creemos que el Derecho es el instrumento idóneo, sin prescindir de otros, cuya importancia es también relevante para la protección del medio ambiente. Para que esto sea así, es imprescindible la utilización de herramientas legales por parte de los ciudadanos. Para ello hemos creado la presente guía, de manera que sean los ciudadanos, individuos o grupos de principales agentes no sólo en la toma de decisiones en materia ambiental sino en la exigencia de la aplicación de la normatividad ambiental.

La elaboración de esta guía surgió a partir de talleres llevados a cabo con abogados y organismos no gubernamentales, que tienen como finalidad la protección del medio ambiente. Dichos talleres fueron realizados en las ciudades de México, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Oaxaca, Mérida, San Miguel de Allende y Guanajuato.

Todos los participantes coincidieron en la necesidad de utilizar el Derecho como herramienta para proteger el medio ambiente. La guía pretende ayudar a ONG’S para que éstos puedan conocer y usar los cauces legales existentes en defensa del medio ambiente, a través de los principales espacios de participación ciudadana que existen en la legislación ambiental mexicana. Luego entonces, el fin último de la guía será el fortalecimiento de la participación ciudadana en la que toma de decisiones en materia ambiental en México.

En este orden de ideas, sólo a través de la participación social extensiva se podrá proteger lo que queda de nuestros recursos naturales para futuras generaciones; como lo dijo acertadamente Abraham Lincoln: “Con el apoyo del sentir público nada puede fallar; sin él nada puede triunfar”.

En este tenor, la guía aborda cinco grandes rubros a saber: Como ha sido y qué entendemos por participación ciudadana en México, cuáles con las autoridades en materia ambiental, para posteriormente abordar el marco jurídico de la participación ciudadana sobre medio ambiente y las herramientas procesales que garantizan el ejercicio de los derechos sustantivos ambientales, incorporándole una serie de “formularios” de los diferentes procedimientos ambientales que podemos instaurar.

Sin lugar a dudas, el siguiente reto a lograr es la validación de este instrumento a través de su manejo por la ONG’S ambientalistas y su difusión a la sociedad en general, en aras de proteger los bienes jurídicos de interés público en materia ambiental, que garanticen la continuidad de la vida en el planeta.

Siglas y Lista de Acrónimos

AC Ambiente Canadá
ANP Areas Naturales Protegidas
AOX Halógenos clorados
APA Agencia de Protección Ambiental
CAR Comité de Asesoría Regulatoria
CCA Consejo de Calidad Ambiental
CEE Comunidad Económica Europea
CGHI Conferencia Gubernamental de
Higienistas Industriales
CLPC Comité Local para Contingencias
CMCMA Consejo de Ministros Canadienses en
Materia Ambiental.
CNA Comisión Nacional del Agua
CTCNF Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal
DDAO Declaración de los Derechos de Medio
Ambiente de Ontario
DFMAC Departamento Federal de Medio
Ambiente Canadiense
EIA Evaluación de Impacto Ambiental
INEC Inventario Nacional de Emisión de
Contaminantes
JP Juez de Paz
LA Ley Agraria
LAN Ley de Aguas Nacionales
LC Ley de Caza
LCEIA Ley Canadiense de Evaluación de
Impacto Ambiental
LCFA Ley de Comisiones Especiales de
Asesoría
LCPA Ley Canadiense de Protección al
Ambiente
LCRR Ley de Conservación y Recuperación
de los Recursos
LF Ley Forestal
LFV Ley Federal de Vivienda
LGAH Ley General de Asentamientos Humanos
LGEEPA Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
LGS Ley General de Salud
LGMN Ley General de Metrología y Normalización
LLI Ley de Libertad de Información
LNPA Lay Nacional de Política Ambietal
LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

LPA Ley del Procedimiento Administrativo
LPCDSC Ley de Planeación de Contingencias y
el Derecho de Conocer de la
Comunidad
LSOS Ley de Seguridad Ocupacional y
Salud
MIA Manifestación de Impacto Ambiental
ODSM Material Safety Data Sheet (hoja de
datos acerca de la seguridad material)
ONG’S Organismos No Gubernamentales
ODSM Material Safety Data Sheet (hoja de
datos acerca de la seguridad material)
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
RETAPFC Reglamento Sobre Evaluaciones de
Impacto Ambiental para Proyectos
Fuera de Canadá
SAGAR Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
SCDA Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SE Secretaría de Energía
SECOFI Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
SECTUR Secretaría de Turismo
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social
SEGOB Secretaría de Gobernación
SEMARNAP Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
SEP Secretaría de Educación Pública
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SM Secretaría de la Marina
SRA Secretaría de la Reforma Agraria
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores
SS Secretaría de Salud
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social
TPQ Principio de Planeación de Calidad.

CAPITULO 1: LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES AMBIENTALES EN MEXICO.

Hablar de participación ciudadana en México en la toma de decisiones en materia ambiental, sin lugar a dudas nos remite a la colectivización de la información científica generada a raíz del recrudecimiento de los grandes problemas ambientales, situación que trajo aparejada la aparición de nuevos actores sociales: los grupos ecologistas, hoy denominados ambientalistas. A grandes rasgos el ecologismo en México es difícil de caracterizar, no obstante ello reviste de las siguientes características comunes, dada la heterogeneidad de actores sociales, temáticas y problemáticas que inciden en él:

a) El interés colectivo por frenar desde distintas perspectivas el deterioro ambiental;

b) La acción colectiva que se presenta en forma de lucha ecologista en contra de los proyectos que atentan contra el medio ambiente, y

c) La multiplicidad de proyectos políticos e ideológicos que plantean formas alternativas de sobrevivencia ante la crisis ambiental. Los contenidos abanderados por los movimientos ecologistas surgidos en México, como en el resto del mundo van de la mano con los grandes acontecimientos de carácter internacional entre los que podemos ubicar los de mayor trascendencia a saber:

1.- La reunión de la Organización de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en 1972, celebrada en Estocolmo, Suecia en donde se acogió por los países miembros el principio de "que todos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano".

2.- La Estrategia Mundial para la Conservación, documento promulgado a instancias de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en 1980, y que recoge un diagnóstico global de la situación socio-ambiental y política en el mundo y en el cual se empieza a perfilar el concepto de Desarrollo Sostenible y el de Participación Social y, por último;

3.- La reunión de Río de Janeiro Brasil de 1992, en la cual se va perfilando un nuevo orden internacional en el ámbito ambiental, y de una amplia participación de la sociedad civil que ponen entre dicho los conceptos de soberanía y estado de derecho y en la cual se afianzó el concepto y estrategias para la participación ciudadana en las problemáticas ambientales. Bajo el marco de referencia anterior, los movimientos ecologistas en México han sido de diferente tendencia, entre las cuales Góngora Soberanes las clasifica de tres tipos:

· La tendencia conservacionista, misma que atribuye a los primeros grupos de corte ecologista que se remontan a la década de los 50’s, con la creación en forma paralela en la Ciudad de México del Instituto Mexicano de Recursos Naturales (IMERNAR), cuya finalidad principal estribaba en: investigar las condiciones de los recursos naturales en el país, aconsejar las medidas más adecuadas para su conservación, fomento y utilización en beneficio colectivo, y llevar a cabo una intensa labor de difusión y propaganda. Estos grupos estaban formados y promovidos principalmente por científicos que desarrollaban actividades de investigación sobre los recursos naturales luego entonces, su acción principal estaba dedicada a frenar el deterioro y destrucción de la naturaleza tales como la flora, la fauna, bosques etc.

· La tendencia ecologista: ésta es la más identificada con las luchas ecologistas internacionales y se expresa con mayor fuerza a principios de la década de los 80’s. Sus integrantes y grupos se ubican principalmente en la Ciudad de México y son promovidos por intelectuales y activistas jóvenes que han tenido acceso a la información de los proyectos ecologistas y partidos verdes de Estados Unidos y Europa. Los sujetos que integran esta línea en su mayoría pertenecen a la clase media urbana, tienen formación universitaria y muchos de ellos cuentan con experiencia de participación en luchas sociales como el movimiento estudiantil del 68, partidos, sindicatos, etc.

· La tendencia ambientalista, que no solamente agrupa movimientos específicos creados a partir del interés y preocupación por la crisis ecológica, sino que es más amplia a movimientos sociales. En esta ubicamos desde intelectuales, hasta comunidades rurales que al ver afectados sus medios de producción tales como tierras, bosques, lagos, entre otros, se organizan para defenderlos. Esta tendencia tiene un carácter más práctico y se orienta a resolver problemas concretos del ambiente que casi siempre se relacionan con prácticas productivas y decisiones políticas que afectan a las comunidades .
Como podemos inferir, el origen de la participación ciudadana ya sea individual o colectivamente en las problemáticas ambientales, ha ido de la mano del reconocimiento e internacionalización de los problemas ambientales que tenemos como planeta hoy en día y que han sido aglutinados bajo el concepto "de crisis ecológica".

En este orden los espacios que los grupos ecologistas o ambientalistas han ido ganando a la acción del Estado, son el reflejo mismo de la participación activa organizada de ellos, lo que ha traído como consecuencia, que sobre todo en lo referente a la calidad de vida y siniestros ambientales la sociedad en su generalidad tenga interés por mantenerse informada y en momentos álgidos de deterioro ambiental tomar las calles para exigir una política coherente que conlleve a la conservación del patrimonio de las presentes y de las futuras
generaciones.

El derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones en materia ambiental, sin lugar a dudas tiene como presupuesto la coexistencia y ejercicio de dos derechos; el derecho a la información y el derecho a la democracia. El primero, porque es requisito la existencia de una ciudadanía informada que para que pueda incitar en forma responsable una acción ú omisión por parte de las Agencias Gubernamentales y el segundo porque del ejercicio de los derechos políticos el pueblo tendría en sus manos el proyecto de Nación y por ende la Institucionalización de éste.

En éste sentido se ha pronunciado el tratadista español Ramón Martín Mateo, cuando define en términos generales el Derecho a la Información Administrativa como: "la habilitación legal ciudadana para conseguir que la Administración les comunique ó facilite las informaciones de que dispone, en sus registros y archivo, compartiendo con ellos, con ciertas limitaciones, sus disponibilidades y datos". Luego entonces, como lo afirma nuestro autor en comento, lo anterior a su vez presupone el acoger por parte de la administración pública dos principios: 1) el de la transparencia (eliminación de los secretos públicos) y 2) la apertura hacia los controles indirectos por parte de los Gobernados. El derecho de acceso a la información administrativa, se conecta pues, con el derecho a la libertad de expresión y a la libre comunicación de ideas y noticias, concluye Martín Mateo, "más que con la libertad de expresión en cuanto derecho fundamental, el derecho aquí considerado se relaciona con el control democrático de la Administración, lo que postula la transparencia de sus actuaciones y la posibilidad con ello de que los ciudadanos estén presentes en las tareas de desempeño de competencias y responsabilidades públicas que no les son ajenas, lo que nos reconduce a las técnicas de la participación”. Para la Comunidad Económica Europea, el Derecho a la Información y la Participación ciudadanas, van unidas cuando estatuye: "el Derecho a la Información que abordamos tiene perfiles propios, que afecta directamente a ciudadanos a los que se intenta estimular así a tomar una mayor conciencia de sus responsabilidades ambientales, lo que se espera dé lugar a una mayor contribución por su parte a la protección y mejora del ambiente". En éste tenor el Programa Comunitario, se reorienta bajo los siguientes principios: a) el preventivo, b) el de responsabilidad compartida y c) quien contamina paga. Para realizar el Programa Comunitario la CEE se propone las siguientes estrategias:

1.- Aumentar el diálogo con la industria.

2.- Perfeccionamiento de la planeación física y estratégica a través de las evaluaciones de impacto ambiental.

3.- Mejorar la gestión y control de los procesos de fabricación: auditorías ambientales, evaluar y contabilizar los daños al ambiente.

4.- Instaurar un sistema de etiquetas ecológicas y,

5.- Autorregulación y Derecho a la Información. En éste orden de ideas la "intervención del público", está contemplada, en el derecho a la información sobre cuestiones del medio ambiente (Directiva 90/313CEE), en la cual el público debe poder participar del modo más completo posible en los procesos de toma de decisiones relacionados con las autoridades de construcción, los permisos de funcionamiento, las licencias para emisiones ó vertidos, etc., los ciudadanos tienen un interés directo por la calidad del entorno en el que viven, y además pueden dar un empuje considerable al buen comportamiento de las empresas en su zona, quizá incluso como empleados ó directivos, este principio debe también aplicarse a la información que está a disposición de las instituciones comunitarias.

Sin lugar a dudas, desde el ámbito que se analice el Derecho a la Participación en la toma de decisiones en materia ambiental, la mayoría de los tratadistas coinciden en señalar como presupuesto el derecho a la información, que permita a su vez la acción misma, es decir la explicitación del derecho, la propia SEMARNAP en México, se ha manifestado en tal sentido cuando menciona que: "la principal herramienta para la participación pública en la protección ambiental es la información; ponerla al alcance de todos cuando se habla de bienes comunes ambientales como el agua limpia ó el aire puro, acarrea modificaciones importantes en la actitud de los ciudadanos que los disfrutan y en los responsables de las fuentes de emisiones que pueden contaminarlos, de tal manera que la información ambiental contribuye a propiciar la acción convergente de la sociedad hacia fines comunes y, además, ensanchar los márgenes de maniobra de la autoridad conforme se documentan y asumen consensos sociales.

Para algunos criminólogos, la libertad de pensamiento explica las libertades de opinión y de expresión y que, éstas a su vez, fundamentan la libertad de información y, en último término, las libertades de opinión, de expresión y de información vienen a constituirse en una puesta en acción de la libertad de pensamiento, dentro de la gradación que ellas significan en cuanto a la forma de exteriorizar en pensamiento.

Actualmente la libertad de información tiene perfiles de un auténtico derecho social, pues interesa y compromete a la sociedad toda y no sólo al individuo. En éste contexto el "derecho a recibir información", resulta fundamental para el efecto de potencializar su participación como ciudadano en la toma de decisiones en los procesos que le corresponde intervenir. Luego entonces, la participación de los ciudadanos puede invadir la esfera particular ó pública, sin embargo el derecho a la participación en los asuntos ambientales, debe tener siempre la connotación de "res pública", Novoa sitúa a los hechos de "interés para el público" como todos aquéllos que permiten a éste un ejercicio más efectivo de sus derechos y el cumplimiento mejor de sus obligaciones para con la sociedad y con los demás individuos.

Otros autores como Víctor Toledo, sitúan la participación social en la formación de lo que él denomina, "democracia ambiental", misma que define de la siguiente manera: "el proceso de apertura y movilización de la sociedad para la construcción de diversas formas de producción y diferentes estilos de vida, fundados en una nueva ética, en el potencial de los procesos naturales magnificado por el poder de la ciencia y la tecnología, y en la evaluación colectiva sobre sus impactos sociales y ambientales".

Lucía Alvarez, nos muestra los siguientes conceptos de "participación ciudadana": Guimares la define como "Participar significa un acto voluntario de interacción social dirigido a tener parte en alguna actividad pública, de modo de intervenir en su curso y beneficiarse de ella"; Fadda, la define como "un encuentro entre diferentes sectores de la sociedad, particularmente un encuentro entre los excluidos y aquéllos que en la sociedad mantienen ó hacen cumplir ésta exclusión" y Bibiana del Brutto sitúa: la participación, como término social está asociada a ésa relación entre necesidades y aspiraciones de los miembros de una sociedad; relación que según circunstancias puede asumir características de conflicto social". Concluye nuestro autor, que la "participación se refiere en primer lugar, a una actividad que realizan algunos miembros de la sociedad en relación con el Estado ó con las condiciones que éste sustenta, en segundo lugar, a una actividad que se puede realizar de manera individual ó colectiva, pero que persigue siempre fines colectivos; en tercer lugar, a una serie de acciones que se llevan a cabo dentro de ó con respecto al ámbito público, entendiendo por éste los asuntos de interés general y usualmente regulados por el Estado; por último, se trata de una actividad con repercusiones sociales que acusa características precisas: intencionalidad, grado de conciencia, capacidad de transformación.

Sin lugar a dudas del contenido y conceptos de la participación pública en México, podemos acotar, que ésta explicita una acción, intencional, consciente y tendiente a transformar é incidir en los problemas ambientales públicos ó de interés público, por ende los derechos que la anteceden coincidimos con los criminólogos es el derecho a la información y de libertad de expresión y manifestación de ideas. En materia ambiental uno de los retos a construir lo será sin lugar a dudas el tendiente a fortalecer y garantizar el Derecho a la Información Ambiental, así como el flexibilizar las estructuras jurídicas y sociales en el que éste se realiza.

El Programa de Medio Ambiente 1995-2000, entre otros objetivos prevé el de "propiciar una mayor participación organizada de la sociedad, en lo que a la política ambiental se refiere, así se desprende cuando menciona que "la participación de la sociedad en la toma de decisiones, la ejecución y evaluación de las políticas ambientales es una condición necesaria para dotar a las mismas de legitimidad y generar condiciones propicias para su aplicación.

En éste orden de ideas el Programa en comento, trata de recoger el principio establecido en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo No. 10 que establecía que: "el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional toda persona deberá de tener acceso a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos, el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes".

Las estrategias que promueve el Programa de referencia para fomentar la participación ciudadana es el desarrollo de Consejos Consultivos Nacionales y Regionales, mismos que son concebidos como "órganos de participación social en los que se establezca una relación permanente y fluida entre los sectores sociales y la autoridad ambiental". Los Consejos Regionales se conforman con miembros del sector académico, las organizaciones no gubernamentales, el sector social y cada gobierno estatal. Para ello el país se dividió en cuatro regiones y participan todos los estados.

El Consejo Consultivo Nacional, se integra a partir de los Consejos Regionales, con la participación además de Representantes del Congreso de la Unión, de las Autoridades Federales, de centros de educación superior y de organizaciones empresariales y sociales. Entre las funciones del Consejo Consultivo Nacional destacan:

1.- Promover la consulta y deliberación pública y la concertación sobre estrategias nacionales.

2.- Elaborara recomendaciones para mejorar ordenamientos legales y procedimientos.

3.- Realizar ó promover estudios que contribuyan al diseño, mejoramiento ó evaluación de políticas.

4.- Asesorar a la autoridad ambiental en el diseño, aplicación y evaluación de estrategias.

5.- Intercambiar experiencias con organismos internacionales homólogos.

6.- Opinar sobre los lineamientos de la política ambiental en el plano internacional y,

7.- Evaluar periódicamente los resultados de los programas aplicados.

Además, existen otros mecanismos de participación como: El Consejo Nacional para las Areas Naturales Protegidas, el Consejo Consultivo para la Normalización Ambiental, los Sistemas de Audiencia Técnica y Pública en materia de impacto ambiental, los Comités de Coordinación para el Ordenamiento Ecológico, los Comités Mixtos de Inspección y Vigilancia, y, los Consejos de las Areas Metropolitanas en materia de Gestión de la calidad del Aire. En el contexto del programa ambiental, abren dos grandes rubros para incorporar diferentes formas de participación ciudadana a saber: Vigilancia participativa, entendida como la incorporación y concertación para constituir comités de inspección y vigilancia de los recursos naturales en el medio productivo no urbano principalmente con la comunidad, las estructuras estatales, municipales y locales de gobierno, productores y cooperativas, comunidades indígenas, y cuerpos científicos de investigación entre otros.

Instancias informales de participación. En ésta modalidad se incluyen las diferentes formas de organización ciudadana, para efecto de incorporar las tareas abocadas principalmente al desarrollo de programas de información y difusión que permitan a la sociedad en su conjunto conocer la legislación, y la normatividad vigentes y así mismo el dar respuestas inmediatas a problemas locales a partir de la participación ciudadana.

El Programa del Medio Ambiente contempla los siguientes proyectos prioritarios:

Proyecto y/o acción

¨ Instalación y operación del Consejo Nacional para el Desarrollo Sustentable
¨ Instalación y operación de Consejos Regionales para el Desarrollo Sustentable
¨ Sistema de atención a la denuncia popular
¨ Sistema de audiencias públicas y técnicas en materia de impacto ambiental
¨ Promoción de Consejos Consultivos Metropolitanos para políticas de calidad del aire
¨ Fortalecimiento y ampliación de la representatividad del Consejo Consultivo Nacional para la Normalización Ambiental
¨ Coordinación en el funcionamiento del Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas, de Comités Técnicos de Areas Naturales Protegidas con otros mecanismos de participación social
¨ Desarrollo de instancias informales de participación ciudadana
¨ Instalación y operación de los comités mixtos de protección y vigilancia.

Por otra parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dedica el Título Quinto a la Participación Social y establece la necesidad de que el gobierno federal promueva la participación y responsabilidad de la sociedad en la formulación de la política, la aplicación de instrumentos y la realización de acciones de información y vigilancia que permitan el cumplimiento del objeto de dicha Ley y establecer las bases para:

a.- Definir los principios de la política ecológica general y regular los instrumentos para su aplicación.
b.- El ordenamiento ecológico.
c.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente.
d.- El aprovechamiento racional de los elementos naturales, de manera que sea compatible la obtención de beneficios económicos con el equilibrio de los ecosistemas.
e.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo.
f.- La concurrencia del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios en la materia, y,
g.- La coordinación entre las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública federal, así como la participación corresponsable de la sociedad, en las materias de este ordenamiento.

En éste apartado, retomaremos los resultados de la participación ciudadana en México a partir de los talleres que estamos realizando, para tener una idea más clara y precisa de los espacios públicos y las diferentes formas como la ciudadanía ha participado en los problemas ambientales.

Del resultado de los talleres realizados en las ciudades de México, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Oaxaca, Mérida, San Miguel Allende, Guanajuato a los que asistieron regularmente entre 25 y 20 miembros de Organizaciones No Gubernamentales, la mayoría de ellos dirigentes ambientalistas la mayoría de ellos profesionistas y, sólo alrededor de 15 Abogados, que no estaban muy interiorizados con los problemas ambientales en contrapartida con las ONG’S quienes estaban usando los aspectos jurídicos aunque de forma limitada y dispersa guiándose más por el sentido común que por un conocimiento amplio de los mecanismos jurídicos de participación ciudadana en México. Entre las formas de participación ciudadana más usadas se encuentran las referidas a resolver problemas ambientales ó en su defecto emitir opiniones respecto a actos de Autoridad y/o procesos legislativos y podemos enumerar las siguientes:

1.- Conferencias en Prensa.
2.- Entrevistas con representantes de Gobierno de los tres niveles.
3.- Participación en foros públicos.
4.- Marchas, pronunciamientos, peticiones.
5.- Elaboración de reportes y demandas.
6.- Programas de educación ambiental.

La mayoría de los participantes reconocieron los siguientes obstáculos ó limitaciones en sus actividades pro-defensa del ambiente:

a.- No se tienen las herramientas para hacer valer el Derecho a la Información Ambiental.
b.- La participación de los ciudadanos es apática y pasiva.
c.- Negligencia y corrupción por parte de los funcionarios.
d.- Burocracia.
e.- Falta de capacidad técnica y jurídica.

Del resultado de los talleres, las organizaciones participantes justificaron la elaboración de la presente guía su importancia y necesidad de ésta, como un instrumento de práctica ciudadana en la ingerencia de los problemas ambientales en México.

Ahora bien, una vez revisados los antecedentes y la práctica en los talleres realizados, podemos acercarnos a definir la "participación ciudadana como aquellos espacios de reflexión, acción, demanda y pronunciamientos a partir de los cuales el sujeto (llámese ciudadano, empresario, ambientalista, etc.) propone, reconstruye, reafirma y promueve un proyecto de sociedad".

A manera de conclusión:

La participación ciudadana en México desde la perspectiva ambiental generalmente ha obedecido a determinaciones de problemáticas ambientales, construidas a través de un conocimiento previo de carácter científico, sin embargo, la participación ciudadana persé dista mucho de crear espacios jurídicos que de manera definitiva no coyuntural limiten la actuación de las autoridades en pro de la defensa de intereses públicos.

Luego entonces, la presente guía retoma los aspectos jurídicos, y herramientas procesales que garanticen las prácticas ciudadanas en la gestión del ambiente y de ésta manera ir estableciendo criterios jurisdiccionales de interpretación de nuestros ordenamientos ambientales.

CAPITULO 2: AUTORIDADES EN MATERIA AMBIENTAL EN MEXICO.

Una vez analizados, en términos generales, los antecedentes y conceptos de la participación ciudadana sobre medio ambiente en México, y previo al estudio del marco jurídico de la misma en el capítulo 3 del presente Manual, trataremos en este capítulo de formular un esquema que explique cuáles son las autoridades en materia ambiental en los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, así como sus atribuciones. En cuanto a los niveles estatal y municipal, sólo mencionaremos las atribuciones que la Constitución Política Federal así como la Ley General del Equilibrio Ecológico les otorga, toda vez que cada Estado tiene su propia Ley estatal del equilibrio ecológico y los municipios sus propios reglamentos así como autoridades encargadas de implementarlos.

De acuerdo al artículo 40 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo la Constitución) nuestro país es una República, representativa, democrática, federal...” cuya soberanía reside en el pueblo, el cual la ejerce por medio de los Poderes de la Unión (art. 41 constitucional), siendo éstos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dicha división de poderes existe a nivel Federal y a nivel Estatal como lo consigna el artículo 116 del ordenamiento legal en cita. Las funciones de dichos poderes en ambos niveles son similares, difieren principalmente en el ámbito de su ejercicio y en algunas cuestiones concretas definidas por la misma Constitución.

a) Poder Legislativo.-

Según el artículo 50 de nuestra Carta Magna, el Poder Legislativo se deposita en el Congreso General, que a su vez se divide en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores.

b) Poder Judicial.-

El ejercicio del Poder Judicial se deposita en la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura. (art. 94).

c) Poder Ejecutivo.-

El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona, el Presidente de los Estado Unidos Mexicanos.

El Presidente de la República para realizar las obligaciones enumeradas por el artículo 89 constitucional cuenta con un aparato administrativo integrado por la administración pública centralizada compuesta a su vez por la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y los Departamentos administrativos. De la misma manera existe la administración pública paraestatal en la que se encuentran los organismos descentralizados, entendiéndose por tales los entes del Poder Ejecutivo que gozan de personalidad jurídica propia y autonomía jerárquica para efectuar tareas administrativas las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones nacionales auxiliares del crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos.

Debido a que en materia ambiental el Poder Ejecutivo no sólo se encarga de la aplicación de la norma, sino también de la vigilancia de su cumplimiento y de la resolución de los procedimientos con motivo de controversias concretas, abundaremos en el análisis de éste. Es importante señalar que el acceso al Poder Judicial se da únicamente cuando existe un daño personal y directo que legitimen al actor, por lo que podrá utilizarse la vía penal, civil, o cualquier otra según corresponda.

El Poder Ejecutivo cuenta con las siguientes Secretarías de Estado, las cuales enumeramos a fin de poder localizar dentro del todo organizacional a aquellas autoridades que nos interesan por el tema a estudio.
- Secretaría de Gobernación
- Secretaría de Relaciones Exteriores
- Secretaría de la Defensa Nacional
-Secretaría de Marina
-Secretaría de Hacienda y Crédito Público
-Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
-Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)
-Secretaría de Energía
-Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
-Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR)
-Secretaría de Comunicaciones y Transportes
-Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
-Secretaría de Educación Pública (SEP)
-Secretaría de Salud (SS)
-Secretaría de Trabajo y Previsión Social
-Secretaría de Reforma Agraria (SRA) y
-Secretaría de Turismo

De las anteriores secretarías sólo analizaremos aquéllas que por sus atribuciones les compete de alguna u otra forma la aplicación de la LGEEPA o cualquiera de las otras leyes que inciden en forma casual en la protección del medio ambiente. Dichas secretarías son : SEDESOL, SEMARNAP, SAGAR, SEP, SS y SRA.

2.1.1.- La Secretaría cabeza del Sector ambiental es SEMARNAP.

La función de la SEMARNAP la define en el artículo primero del Reglamento Interno de dicha dependencia de la siguiente manera: “La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Forestal, la Ley Federal de Caza, la Ley de Pesca, la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.

Por otra parte, sus atribuciones se encuentran enumeradas en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) de la siguiente manera:

ARTICULO 32.- bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable:

II.- Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y desarrollo de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades;

III.- Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que correspondan a la Federación, con excepción del petróleo y todos los carburos de hidrógenos líquidos, sólidos y gaseosos, así como minerales radioactivos;

IV.- Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; sobre materiales peligrosos y residuos sólidos peligrosos;

V.- Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes;

VI.- Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de áreas naturales protegidas, y promover para su administración y vigilancia, la participación de autoridades federales o locales, y de universidades, centros de investigación y particulares;

VII.- Organizar y administrar áreas naturales protegidas, y supervisar las labores de conservación, protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración recaiga en gobiernos estatales y municipales o en personas físicas o morales;

VIII.- Ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar;

IX.- Intervenir en foros internacionales respecto de las materias competencia de la Secretaría, con la participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y proponer a ésta la celebración de tratados y acuerdos internacionales en tales materias;

X.- Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, y con la participación de los particulares;

XI.- Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica;

XII.- Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los procesos productivos, de los servicios y del transporte;

XIII.- Fomentar y realizar programas de reforestación y restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades Federales, Estatales y Municipales, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;

XIV.- Evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de información ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos de agua de jurisdicción federal, y los inventarios de recursos naturales y de población de fauna silvestre, con la cooperación de las autoridades estatales y municipales, las instituciones de investigación y educación superior, y las dependencias y entidades que correspondan;

XV.- Desarrollar y promover metodologías y procedimientos de valuación económica del capital natural y de los bienes y servicios ambientales que éste presta, y cooperar con dependencias y entidades para desarrollar un sistema integrado de contabilidad ambiental y económica;

XVI.- Conducir las políticas nacionales sobre cambio climático y sobre protección de la capa de ozono;

XVII.- Promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental, y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y restauración del ambiente;

XVIII.- Realizar el censo de predios forestales y silvopastoriles y de sus productos; levantar, organizar y manejar la cartografía y estadística forestal, así como llevar el registro y cuidar la conservación de los árboles históricos y notables del país;

XIX.- Proponer, y en su caso resolver sobre el establecimiento y levantamiento de vedas forestales, de caza y pesca, de conformidad con la legislación aplicable, y establecer el calendario cinegético y el de aves canoras y de ornato;

XX.- Imponer las restricciones que establezcan las disposiciones aplicables, sobre la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del o destinadas al extranjero, y promover ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el establecimiento de medidas de regulación o restricción a su importación o exportación, cuando se requiera para su conservación o aprovechamiento;

XXI.- Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y geohidrológicos, así como el sistema meteorológico nacional, y participar en los convenio internacionales sobre la materia;

XXII.- Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales; estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e impulsen la investigación científica y tecnológica en la materia; promover que los organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalecer los contenidos ambientales de planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de la educación;

XXIII.- Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneos, conforme a la ley de la materia;

XXIV.- Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, y de las zonas federales correspondientes, con exclusión de los que se atribuya expresamente a otra dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; autorizar, en su caso, el vertimiento de aguas residuales en el mar, en coordinación con la Secretaría de Marina, cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas; en cuencas, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad nacional; y promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas;

XXV.- Estudiar, proyectar, construir y conservar, con la participación que corresponda a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las obras de riego, desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y las de pequeña irrigación, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o en cooperación con las autoridades estatales y municipales o de particulares;

XXVI.- Regular y vigilar la conservación de la corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial;

XXVII.- Manejar el sistema hidrológico del Valle de México;

XXVIII.- Controlar los ríos y demás corrientes y ejecutar las obras de defensa contra inundaciones;

XXIX.- Organizar y manejar la explotación de los sistemas nacionales de riego, con la intervención de los usuarios, en los términos que lo determinen las leyes, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural;

XXX.- Ejecutar las obras hidráulicas que deriven de los tratados internacionales;

XXXI.- Intervenir, en su caso, en la dotación de agua a los centros de población e industrias; fomentar y apoyar técnicamente el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades locales; así como programar, proyectar, construir, administrar, operar y conservar por sí, o mediante el otorgamiento de la asignación o concesión que en su caso se requiera, o en los términos del convenio que se celebre, las obras y los servicios de captación, potabilización, tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro de aguas de jurisdicción federal;

XXXII.- Regular la explotación pesquera, y expedir las normas oficiales mexicanas que correspondan, así como promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de sus productos en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes;

XXXIII.- Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que requiera el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares;

XXXIV.- Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, expidiendo al efecto las normas oficiales mexicanas que corresponda;

XXXV.- Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente;

XXXVI.- Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas, con la participación, en su caso, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;

XXXVII.- Promover la creación de zonas portuarias pesqueras, así como su conservación y mantenimiento;

XXXVIII.- Promover, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el consumo Humano de productos pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos productos, y de materia prima a la industria nacional;

XXXIX.- Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, pesquera, explotación de flora y fauna silvestre, y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar;

XL.- Diseñar y operar, con la participación que corresponda de otras dependencias y entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación del medio ambiente;

XLI.- Y los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

El artículo 2° del Reglamento Interno de esta dependencia administrativa establece su estructura orgánica. Cuenta con dos tipos de organismos: las unidades administrativas y los órganos desconcentrados.

Unidades Administrativas:
-Secretaría del Despacho
-Subsecretaría de Planeación
-Subsecretaría de Recursos Naturales
-Subsecretaría de Pesca
-Oficialía Mayor
-Unidad Coordinadora de Análisis
Económico y Social
-Unidad Coordinadora de Asuntos
Internacionales
- Unidad de Contraloría Interna
-Dirección General de Asuntos
Jurídicos
-Dirección General de Comunicación
Social
-Dirección General de Planeación
-Dirección General de Programas
Regionales
-Dirección General del Centro de
Educación y Capacitación para el
Desarrollo Sustentable

-Dirección General de Estadística e
Informática
-Dirección General de Zona Federal
Marítimo Terrestre
-Dirección General de Restauración y
Conservación de Suelos
-Dirección General Forestal
-Dirección General de Política y
Fomento Pesquero
-Dirección General de Administración
de Pesquerías
-Dirección General de Infraestructura
Pesquera
-Dirección General de Acuacultura
-Dirección General de Recursos
Humanos y Organización
-Dirección General de Programación,
Presupuesto y Evaluación
-Dirección General de Administración
-Delegaciones Federales.

Organos Administrativos desconcentrados:

Los órganos desconcentrados son órganos que realizan una función administrativa, pertenecen a la administración pública centralizada, pero gozan de cierta libertad de acción en el aspecto técnico, propio de alguna materia competencia del órgano central del cual dependen (Secretaría) y no tienen personalidad jurídica propia.

-Comisión Nacional del Agua
-Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
-Instituto Nacional de Ecología
-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
-Instituto Nacional de Pesca.

No entraremos en el análisis de las unidades administrativas por considerar que es poca o nula la participación ciudadana que se pueda dar con éstas o a través de ellas. Sin Embargo, sí es importante las funciones y organización de los órganos administrativos desconcentrados por ser éstos los principales actores de las demandas ciudadanas y procedimientos jurídicos en materia ambiental.

Comisión Nacional del Agua.-

De acuerdo al artículo 37 del Reglamento Interno de la SEMARNAP la CNA tiene las atribuciones que le otorga la LAN y su reglamento, así como las demás disposiciones aplicables. En forma general podemos decir que la CNA es el organismo a través del cual el Ejecutivo Federal ejerce la autoridad y la administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes. (cfr. art. 4° LAN).

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.-

Sus atribuciones se encuentran enumeradas en el artículo 53 del Reglamento Interno de la SEMARNAP y de ellas podemos concluir que está encargado principalmente del aspecto técnico del manejo sustentable e integral del agua.
Prcuraduría Federal de Protección al Ambiente.-

ARTICULO 62.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables relacionadas con la prevención y control de la contaminación ambiental, los recursos naturales, los bosques, la flora y fauna silvestres, terrestres y acuáticas, pesca, y zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a instancias y procedimientos administrativos que procuren el logro de tales fines;

II.- Recibir, investigar y atender, o en su caso canalizar ante las autoridades competentes, las quejas y denuncias administrativas de la ciudadanía y de los sectores público, social y privado, por el incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables relacionadas con el medio ambiente, los recursos naturales, los bosques, la flora y fauna silvestres terrestres acuáticas y la pesca;

III.- Salvaguardar los intereses de la población y brindarle asesoría en asuntos de protección y defensa del ambiente y los recursos naturales competencia de la Secretaría;

IV.- Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en el control de la aplicación de la normatividad relacionada con el medio ambiente;

V.- Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de su competencia;

VI.- Expedir recomendaciones a las autoridades competentes para controlar la debida aplicación de la normatividad ambiental; así como vigilar su cumplimiento y dar seguimiento a dichas recomendaciones;

VII.- Promover y procurar la conciliación de intereses entre particulares y en sus relaciones con las autoridades, en asuntos derivados de la aplicación de las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y programas ambientales;

VIII.- Realizar auditorías y peritajes ambientales, respecto de los sistemas de explotación; almacenamiento, transporte, producción, transformación, comercialización, uso y disposición de desechos y compuestos, así como respecto a la realización de actividades que por su naturaleza constituyen un riesgo para el ambiente;

IX.- Formular a solicitud de la autoridad competente o de los particulares, dictámenes técnicos respecto de daños o perjuicios ocasionados por infracciones a la normatividad ambiental;

X.- Imponer las medidas técnicas y de seguridad, así como las sanciones que sean de su competencia en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XI.- Investigar las infracciones a la legislación ambiental, y en su caso, hacerlas del conocimiento de las autoridades correspondientes cuando no sean de su competencia;

XII.- Denunciar ante el Ministerio Público Federal los actos, omisiones o hechos que impliquen la comisión de delitos, a efecto de proteger y defender el medio ambiente y los recursos naturales y la pesca;

XIII.- Coordinarse con las demás autoridades federales, estatales y municipales para el ejercicio de sus atribuciones, así como participar en la atención de contingencias y emergencias ambientales;

XIV.- Participar con las autoridades competentes, en la elaboración y aplicación de normas oficiales mexicanas, estudios, programas, proyectos, acciones, obras e inversiones para la protección, defensa y restauración del medio ambiente y los recursos naturales;

XV.- Canalizar a través de la Unidad de Contraloría Interna de la Secretaría, las irregularidades en que incurran servidores públicos federales en ejercicio de sus funciones, en contra del medio ambiente o los recursos naturales, para que intervenga en términos de ley o en su defecto remita el asunto ante la autoridad que resulte competente;

XVI.- Coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales para tramitar las quejas y denuncias que se presenten por irregularidades en que incurran servidores públicos locales, en contra del ambiente o los recursos naturales, para que se proceda conforme a la legislación aplicable, y

XVII.- Resolver los recursos administrativos que le competan.

Para el ejercicio de sus funciones la PROFEPA cuenta con las siguientes Unidades Administrativas:

-Subprocuraduría de Auditoría Ambiental
-Subprocuraduría deVerificación Industrial
-Subprocuraduría de Recursos Naturales

Direcciones Generales:

-De Planeación y Coordinación
-De Operación
-De emergencias Ambientales
-De asistencia Técnica Industrial
-De Inspección Industrial
-De Laboratorios
-De Verificación al Ordenamiento Ecológico
-De Inspección y Vigilancia Forestal y de Flora y Fauna Silvestres
-De Inspección y Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Marinos
-Jurídica
-De Denuncias y Quejas
-De Administración
-De Contraloría Interna
-De Coordinación de Delegaciones y,

Delegaciones de la PROFEPA en los Estados.

Instituto Nacional de Ecología.-

ARTICULO 54.- El Instituto Nacional de Ecología tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de ecología y protección del medio ambiente, para asegurar la conservación y restauración de los ecosistemas, así como su aprovechamiento y desarrollo sustentable;

II.- Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de ecología y regulación ambiental del desarrollo urbano, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades:

III.- Llevar a cabo el ordenamiento ecológico general del territorio nacional, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y con la participación de los sectores social y privado, y promover ordenamientos ecológicos regionales y locales:

IV.- Formular y conducir la política general de saneamiento ambiental, en coordinación con las áreas competentes de la Secretaría, con la Secretaría de Salud y demás dependencias competentes;

V.- Proponer el establecimiento de áreas naturales protegidas de interés de la Federación y promover para su administración, la participación de las autoridades federales o locales y de universidades, centros de investigación y particulares;

VI.- Organizar y administrar las áreas naturales protegidas que no estén expresamente conferidas a otras dependencias y supervisar, en coordinación con otras unidades administrativas competentes de la Secretaría, las labores de conservación y protección de dichas áreas, así como integrar el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas;

VII.- Administrar y promover el aprovechamiento y conservación de la flora y fauna silvestre.

VIII.- Formular y conducir la política general en materia de residuos peligrosos y riesgo ambiental, así como promover ante las autoridades competentes el establecimiento de políticas generales aplicables en materia de residuos urbanos, municipales, e industriales no peligrosos.

IX.- Establecer y promover el sistema de información ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos de agua de jurisdicción federal, así como los inventarios de recursos naturales y de población de fauna y flora silvestres, con la participación que corresponda a otras unidades administrativas, dependencias y entidades competentes, coordinadamente con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y concertadamente con las instituciones de investigación y educación superior.

X.- Evaluar, dictaminar y resolver sobre el régimen de protección especial a que deban sujetarse las especies de flora y fauna, terrestres o acuáticas de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XI.- Evaluar, dictaminar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado, que sean de su competencia, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables;

XII.- Evaluar, dictaminar y resolver sobre los estudios de riesgos ambientales que presenten los responsables de la realización de actividades altamente riesgosas en establecimientos de operación, así como dictaminar los programas de contingencia ambiental;

XIII.- Concertar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y restauración del ambiente y la participación de la comunidad científica en la formulación y aplicación de la política ambiental;

XIV.- Otorgar los permisos, concesiones, autorizaciones, licencias, dictámenes resoluciones, constancias y registros de su competencia, de conformidad con lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables;

XV.- Publicar y difundir la Gaceta Ecológica y coadyuvar con las unidades administrativas competentes en el fomento e impulso a nivel nacional de la cultura ecológica de la población, mediante la edición y en su caso, distribución y comercialización de toda clase de publicaciones en la materia;

XVI.- Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los procesos productivos, de los servicios y del transporte;

XVII.- Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales;

XVIII.- Coadyuvar, con las unidades administrativas competentes, en el desarrollo y promoción de instrumentos económicos de política ambiental, así como de metodologías y procedimientos de evaluación económica del capital natural y de los bienes y servicios ambientales que éste presta, y cooperar con dependencias y entidades para desarrollar un sistema integrado de contabilidad ambiental y económica;

XIX.- Fomentar, conducir y evaluar las políticas nacionales sobre cambio climático y sobre protección de la capa de ozono, y

XX.- Realizar estudios en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría, y proponer que se expidan declaratorias de áreas naturales protegidas de interés de la Federación.

ARTICULO 55.- Para el ejercicio de sus atribuciones el Instituto contará con las siguientes unidades administrativas:

- Presidencia
- Unidad Coordinadora de Areas Naturales Protegidas
- Dirección General de Vida Silvestre
- Dirección General de Gestión e Información Ambiental
- Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas
- Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental
- Dirección General de Regulación Ambiental

Instituto Nacional de Pesca.-

ARTICULO 83.- El Instituto Nacional de la Pesca tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Diseñar, conducir y evaluar las líneas prioritarias de política de investigación pesquera y acuícola del país, de acuerdo con los objetivos, políticas y estrategias de los programas de desarrollo, protección ambiental y de aprovechamiento racional de los recursos bióticos acuáticos a corto, mediano y largo plazos;

II.- Coordinar, establecer y desarrollar las bases para la investigación y estudios científicos y tecnológicos aplicados en materia pesquera y acuícola, que permitan dar unidad y congruencia a los programas y acciones del sector, tendientes al alcance de un desarrollo sustentable;

III.- Elaborar investigaciones con un enfoque integral, interdisciplinario y sistémico de los procesos naturales, económicos y sociales de la actividad pesquera;

IV.- Fungir como órgano asesor de carácter científico y técnico de la Secretaría en materia pesquera y acuícola;

V.- Elaborar dictámenes y opiniones técnicas, para que las unidades administrativas competentes de la Secretaría establezcan las medidas de regulación, manejo y conservación de los recursos pesqueros;

VI.- Coordinar, orientar, realizar y fomentar investigaciones científicas de la flora y fauna acuática pesquera, su medio, disponibilidad, manejo y aprovechamiento integral, desarrollando y aplicando metodologías originales e innovadoras;

VII.- Coordinar, orientar, realizar y fomentar las investigaciones tecnológicos sobre artes, métodos, equipos, sistemas y procesos que aseguren la eficiencia de las sucesivas fases de producción pesquera y acuícola;

VIII.- Emitir dictámenes sobre modelos y desarrollos tecnológicos de las artes y métodos de pesca, y formular recomendaciones sobre la conveniencia de uso a las unidades administrativas competentes;

IX.- Apoyar, desarrollar y promover la transferencia de tecnología generada por la institución, accesible a los productores pesqueros y acuícolas nacionales;

X.- Orientar, fomentar y desarrollar las investigaciones acuícolas, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a otras unidades administrativas competentes;

XI.- Elaborar y actualizar los inventarios de especies y zonas susceptibles de captura, cultivo y protección y participar en la elaboración de la Carta Nacional Pesquera, así como de las estatales;

XII.- Participar técnicamente en la exploración para el establecimiento de nuevas áreas y especies susceptibles de aprovechamiento en la pesca, la acuacultura y para la protección de los recursos;

XIII.- Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en la elaboración de los estudios que permitan definir las causas, efectos y soluciones al deterioro ecológico y contaminación de las aguas cuando afecte a los recursos pesqueros, o cuando la actividad pesquera o acuacultural afecten los ecosistemas;

XIV.- Apoyar a las unidades administrativas competentes en la realización de estudios de ordenamiento ecológico e impacto ambiental de aquellas obras que emprenda la Secretaría en materia pesquera y acuícola;

XV.- Promover las investigaciones y estudios sobre recursos pesqueros y su aprovechamiento sustentable y, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría, establecer un centro de información documental en materias de su competencia y conformar un cuerpo editorial selecto que promueva y agilice la publicación de resultados de la investigación realizada;

XVI.- Promover la formación de técnicos e investigadores científicos de nivel de excelencia, proporcionando capacitación y otorgamiento de becas en las áreas de interés de la institución;

XVII.- Participar, con las unidades administrativas correspondientes de la Secretaría, en la formulación de programas de capacitación para el manejo integral y sustentable de la flora y fauna acuática y pesquera;

XVIII.- Elaborar y suscribir, previa autorización del Titular y con la opinión de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, cuando así corresponda, convenios con terceros para realizar investigaciones y estudios e intercambiar información técnica y científica, así como materiales de investigación, mediante convenios y acuerdos de cooperación bilateral y multilateral;

XIX.- Establecer coordinación y programas de colaboración con las instituciones y organizaciones científicas nacionales e internacionales relacionadas con la investigación pesquera y

XX.- Ofrecer a los usuarios públicos y privados, servicios profesionales de investigación científica y tecnológica, opiniones y dictámenes técnicos, y consultoría ambiental, en las áreas de competencia del Instituto.

Para el ejercicio de sus atribuciones, este organismo cuenta con las siguientes Unidades Administrativas:

- Presidencia
- Dirección General en Investigación, Evaluación y Manejo de Recursos Pesqueros
- Dirección General de Manejo y Desarrollo Tecnológico Pesquero
- Dirección General de Manejo en Acuacultura
- Dirección General de Investigación en Procesos para el Desarrollo Sustentable.

2.1.2.- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL).

La función principal de esta Secretaría es formular, conducir y evaluar la política general del desarrollo social. Si bien esto no se refiere a cuestiones concretamente ambientales sí pueden tener repercusiones directas sobre el medio ambiente. Aquí transcribiremos únicamente aquellas atribuciones que generan dichas repercusiones:

Artículo 32 LOAPF: “A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular, conducir y evaluar la política general del desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;

II. Proyectar y coordinar con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales, la planeación regional;

III. Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, conjuntamente con las dependencias y entidades de la administración pública federal que corresponda, así como coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los ejecutivos estatales para la realización de acciones coincidentes en esta materia, con la participación de los sectores social y privado;

IV. Preveer a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y regular, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

V. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de las administración pública federal correspondientes y los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los diversos grupos sociales;

VI. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos estatales y municipales, y los sectores social y privado.

2.1.3.- SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL.

Las funciones de esta Secretaría se desarrollan en el medio rural. Su finalidad principal es la de conducir la política general en materia de desarrollo rural. Dada la importancia que tiene el medio rural en lo que se refiere a recursos naturales, la política que dicha dependencia

pueda establecer podría afectar gravemente o beneficiar sustancialmente la situación de dichos recursos naturales y por tanto, al medio ambiente.

Las atribuciones de esta dependencia gubernamental se enumeran en el artículo 35 de la LOAPF, de las cuales solo mencionaremos las siguientes:

Artículo 35.- “A la secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Fomentar, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes;

II. Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y silvícolas estableciendo institutos experimentales, laboratorios, estaciones de cría, semilleros y viveros, vinculándose a las instituciones de educación superior de las localidades que correspondan, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;

III. Participar junto con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques, y aplicar las técnicas y procedimientos conducentes;

IV. Programar y proponer con la participación que le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la construcción de pequeñas obras de irrigación; y proyectar, ejecutar y conservar bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes que compete realizar al Gobierno Federal por sí o en cooperación con los gobiernos de los estados, los municipios o los particulares;

V. Participar, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en la promoción de plantaciones forestales, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o en cooperación con los gobiernos de los estados, municipios o de los particulares;

XXI. Los demás que expresamente le atribuyen las leyes y reglamentos”.

2.1.4.- SECRETARIA DE SALUD.-

Según el artículo 39, fracción primera de la LOAPF a la Secretaría de Salud le corresponde:

“Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente...”

De lo anterior podemos válidamente inferir que a esta secretaría de estado le toca las consecuencias en la salud del deterioro medio ambiental, mas no tomar medidas para prever situaciones de menoscabo de la salud relacionadas con el medio ambiente para prevenirlas.

De alguna manera, los estudios, investigaciones, estadísticas o dictámenes que formule pueden tener injerencia directa en la políticas o decisiones que le corresponden a autoridades ambientales.

2.1.5.- SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA (SEP).-

En la misma LOAPF, el artículo 38 relativo a las atribuciones de esta dependencia, nada se menciona respecto a cuestiones de carácter ambiental a pesar de que sí se incluyen cuestiones culturales, deportivas, artísticas, históricas y otras. Por lo tanto, lo único que existe es la coordinación que debe tener la SEMARNAP con la SEP mencionada anteriormente en las atribuciones o funciones de la primera.

2.1.6.- SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA (SRA).-

Esta Secretaría es importante ya que tiene como función primordial aplicar los principios agrarios del artículo 27 constitucional, fundamento esencial de la protección a ambiente en nuestro país. Para la protección efectiva del medio ambiente rural es indispensable la coordinación que la SRA tenga con la SEMARNAP toda vez que la primera está encargada de:

A) Dotaciones y restituciones de tierras y aguas a núcleos de población rural;

B) Creación de nuevos centros de población agrícola con la correspondiente dotación de tierras y aguas.

C) Tiene a su cargo el Registro Agrario Nacional y, Finalmente, cooperar con las autoridades competentes para la eficaz realización de los programas de conservación

D) Finalmente, cooperar con las autoridades competentes para la eficaz realización de los programas de conservación de tierras y aguas en los ejidos y comunidades agrarias. (Cfr. art. 41 de la LOAPF).

En lo que se refiere al nivel estatal de protección ambiental, cada estado tiene su propia Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente así como los reglamentos correspondientes, por lo tanto, también cuenta con sus propias autoridades.

Sería exhaustivo analizar cada una de las leyes, reglamentos y autoridades de cada uno de los
estados, por lo que sólo mencionaremos la competencia estatal en materia ambiental según la Constitución y la LGEEPA:

Constitucionalmente podemos decir que todo lo que no está conferido a la Federación se entiende reservado a los Estados.

Por otra parte, el artículo 7° de la LGEEPA establece:

“Corresponde a los Estados, de conformidad con lo dispuesto por eta ley y las leyes locales en la materia las siguientes facultades:

I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal;

II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, en materias que no estén expresamente atribuidas a la federación;

III. La preservación y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por fuentes móviles, que conforme a lo establecido en esta ley no sean de competencia federal;

IV. La regulación de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas para el ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la presente ley;

V. El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas previstas en la legislación local con la participación de los gobiernos municipales;

VI. La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente ley;

VII. La prevención y el control de la contaminación por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso de fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta ley no sean de competencia federal;

VIII. La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y el control de la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal; así como de las aguas nacionales que tengan asignadas;

IX. La formulación, expedición y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico del territorio a que se refiere el artículo 20 bis 2 de esta ley, con la participación de los municipios respectivos;

X. La prevención y el control de la contaminación generada por el aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición que solo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ordenamiento de obras;

XI. La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de dos o más municipios;

XII. La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de participación civil que al efecto de establezcan;

XIII. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación en materias y supuestos que se refieren las fracciones III, VI, y VII de este artículo;

XIV. La conducción de la política estatal de información y difusión en materia ambiental;

XV. La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

XVI. La evaluación del impacto ambiental en las obras o actividades que no se encuentren expresamente reservadas a la Federación, por la presente Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 35 bis 2 de la presente Ley;

XVII. El ejercicio de las funciones que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les transfiera la Federación, conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de este ordenamiento;

XVIII. La formulación, ejecución y evaluación del programa estatal de protección al ambiente;

XIX. La emisión de recomendaciones a las autoridades competentes en materia ambiental, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental;

XX. La atención coordinada con la Federación de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más Entidades Federativas, cuando así lo consideren conveniente las Entidades Federativas respectivas, y

XXI. La atención de los demás asuntos que en materia del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación.

2.3.- Nivel Municipal de Gobierno.

A nivel municipal se aplica la misma regla anterior: lo que no esta expresamente reservado a la Federación y a los Estados se entiende conferido a los municipios. El artículo 115 constitucional establece entre otras cosas la competencia municipal en materia ambiental. Es así como la fracción tercera estatuye: “Los municipios... tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos:

a) Agua potable y alcantarillado
b) Limpia
c) Mercados y centrales de abasto
d) Panteones
e) Rastro
f) Calles, parques y jardines
g) y las demás que las legislaturas locales determinen...”

Por otra parte, la fracción quinta estipula: “Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y administración de reservas ecológicas. Para tal efecto y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios”.

El artículo 8° de la LGEEPA estipula: “Corresponde a los municipios..:

I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;

II.- La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados;

III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la legislación estatal corresponda al gobierno del estado;

IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 137 de la presente ley;

V .- Creación y administración de zonas de preservación ecológica en los centros de población, jardines públicos y demás zonas análogas previstas por la legislación local;

VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, provenientes de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción Federal;

VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados;

VIII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio a que se refiere el artículo 20 bis 4 de esta Ley, en los términos en ella previstos, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas;

IX.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transportes locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley;

X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial;

XI.- La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y los programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI, y VII de este artículo;

XIII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia ambiental;

XIV.- La participación en la evaluación de impacto ambiental de obras y actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial;

XV.- La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente, y

XVI.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación o a los Estados.

A manera de conclusión:

A pesar de las reformas realizadas a la LGEEPA sigue existiendo un centralismo fuerte que se refleja en las atribuciones que tienen las autoridades federales respecto a las que ejercen los estados y municipio en materia ambiental.

Esto repercute directamente en el nivel de protección que tiene el medio ambiente en general y los Recursos Naturales en particular principalmente en lo que se refiere a la aplicación de la norma ambiental y a la vigilancia de su cumplimiento. (Ver Cuadro de Autoridades Ambientales).

3.1.- Generalidades: La participación ciudadana como una forma de Participación Social.

Es importante destacar que la legislación mexicana en materia ambiental no se refiere concreta y específicamente a la participación ciudadana como tal, sino que al hablar de participación sólo se refiere a la participación social.

Si partimos del supuesto de que la participación social nos remite al hecho de que determinadas personas físicas y/o morales- toman parte en la interacción social que busca la protección al medio ambiente, es incuestionable que la participación ciudadana, como una de las formas de participación social, encuentra perfectamente cabida en el tratamiento que hace la legislación mexicana al hablar de participación, toda vez que la participación social y por ende la participación ciudadana, desde la presencia, activación y participación estricta, contribuye y puede contribuir directa o indirectamente en la protección al medio ambiente.

En este sentido la legislación mexicana abre múltiples y variadas formas de participación

enumerarlas, sino analizarlas para en los capítulos siguientes ilustrar cómo los ciudadanos o cualquier tipo de organismos no gubernamentales pueden utilizar algunos de estos instrumentos como medio eficaz de protección al medio ambiente.

Por tanto, analizaremos las leyes en razón de su importancia, primero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como fundamento de todas las leyes del país, después la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, como ley marco en la materia que nos ocupa y, posteriormente otras leyes de relevancia para el tema como lo son la Ley Forestal y su reglamento, Ley de Caza, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Salud, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley Federal de Asentamientos Humanos y Ley Federal de Vivienda. Es importante señalar que el estudio que se hará de las leyes antes señaladas, no pretende agotarlas en cuanto a su contenido, sino analizarlas únicamente a partir del espectro de la participación ciudadana.

Para el estudio de la legislación mencionada hemos dividido el capítulo de la siguiente manera:

3.1. GENERALIDADES: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO UNA FORMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
3.2.-Fundamentos de la participación ciudadana en la Constitución Mexicana.3.3.- Fundamentos generales de la participación ciudadana en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y en otras leyes que por su objeto tienen injerencia directa en la protección del medio ambiente. 3.2.1 Fundamentos constitucionales de la protección del medio ambiente.3.2.2 Derechos constitucionales que garantizan la participación ciudadana.3.3.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).3.3.2 Ley Forestal (LF).3.3.3 Ley de Aguas Nacionales (LAN).3.3.4 Ley Agraria (LA).3.3.5 Ley de Caza (LC).3.3.6 Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH).3.3.7 Ley Federal de Vivienda (LFV).3.3.8 Ley General de Salud (LGS)
3.4 Participación social en los instrumentos preventivos de protección ambiental (elaboración de normas, instrumentos de la política ambiental y otras). 3.4.1 Fundamentos Generales.3.4.2 Organismos gubernamentales de participación ciudadana.3.4.3 Celebración de acuerdos y convenios entre la Federación, los Estados, los Municipios y los particulares.3.4.4 Participación ciudadana a través de los instrumentos de la política ambiental. a) LFb) LANc) LGAHd) LGVe) LGSa) LGEEPA-Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas.b) LF.-Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestalc) LAN.- Consejo de Cuenca.d) LGMN.- Comisión Nacional de Normalización.a) LGEEPAb) LFc) LAN3.4.4.1 Planeación Ambiental.3.4.4.2 Ordenamiento Ecológico territorial.3.4.4.3 Evaluación de Impacto Ambiental.3.4.4.4 Instrumentos Económicos3.4.4.5 Regulación ambiental de los asentamientos humanos.3.4.4.6 Normas Oficiales Mexicanas.3.4.4.7 Autorregulación y Auditorías.3.4.4.8 Areas Naturlaes Proteidas (ANP) zonas de veda, restauración o reserva.
3.5 Los ciudadanos como sujetos del derecho a la información. a) LGEEPAb) LFc) LANd) LA

3.2.- Fundamentos de la participación ciudadana en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El análisis constitucional es de suma importancia, toda vez que la Constitución establece el marco jurídico esencial de donde emanan las demás leyes que a nivel federal protegen el medio ambiente.
La Constitución la analizaremos a partir de dos temas: por una parte, los artículos constitucionales de protección al ambiente y, por otra, los artículos en los cuales se consagran derechos y garantías que permiten la participación ciudadana, tales como el derecho de petición, audiencia y asociación entre otros.

3.2 FUNDAMENTOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA RN LA CONSTITUCIÓN.
3.2.1 Fundamentos constitucionales de la protección al medio ambiente. Artículo 3°Artículo 4°Artículo 25°Artículo 27Artículo 28°Artículo 73ºArtículo 115ªArtículo 124ª La educación pública deberá atender entre otros aspectos al aprovechamiento de nuestros recursos.Ley que deberá proteger y promover el desarrollo de los recursos de los indígenas.El estado tiene la rectoría del desarrollo económico del país, teniendo como criterio a seguir el cuidado y la conservación del medio ambiente.a) La propiedad originaria de las tierras y las aguas del territorio nacional corresponden a la nación.b) La nación podrá imponer a la propiedad las modalidades que dicte el interés público.c) Deberá dictar las medidas necesarias para :1) Regular el aprovechamiento de elementos naturales para cuidar su conservación.2) Preservar y restaurar el equilibrio ecológico.3) Ordenar y conservar las tierras, aguas y bosques.Competencia y concurrencia de las autoridades Federales, Estatal y Municipal en materia ambiental.Establece como funciones exclusivas del estado todo lo que se refiere a hidrocarburos, petroquímica básica...El estado tiene la facultad de concesionar... la explotación, uso o aprovechamiento d bienes de dominio de la Federación.Establece las facultades del congreso en materia legislativa: fracc. XXIX-G expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal gobierno de los estados y municipios en materia de protección al ambiente.Facultades y organización de los Municipios.Las facultades que no están expresamente concedidas a la federación se entienden reservadas a los estados.
3.2.2 Derechos constitucionales que garantizan la participación ciudadana. Artículo 6° Artículo 7°Artículo 8°Artículo 9°Artículo 26° Artículo 35°Artículo 71° Libertad para manifestar las ideas.Libertad para escribir y publicar artículos para sobre cualquier materia.Derecho de petición.Libertad de asociación.Participación social en la elaboración de los planes y programas de desarrollo nacional.Derecho de Petición.Canales para realizar propuestas de reformas o de leyes.

3.2.1.- Fundamentos Constitucionales de la Protección al Medio Ambiente.-

Nuestra Constitución no incluye dentro de los derechos fundamentales o garantías que consagra el derecho a un medio ambiente sano, por lo que la protección al medio ambiente se da en forma indirecta a través de los siguientes artículos:

A) El artículo 3° establece dentro de los criterios a seguir en la educación pública que ésta deberá ser “nacional en cuanto a sin hostilidades y exclusivismos atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos...”

B) El artículo 4° en tratándose de los pueblos indígenas consigna: “ la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social...”

C) El artículo 25 de nuestra Constitución consagra la rectoría del Estado en lo que se refiere al desarrollo nacional. Ahora bien, precisa que “...al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado...” y que “...bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía...la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional...” “...Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y medio ambiente”.

D) El artículo 27° establece :...“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como de regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza, cuidar su conservación...En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ...preservar y restaurar el equilibrio ecológico;... y para evitar la destrucción de los elementos naturales...

El artículo constitucional en comento es muy extenso, por lo que basta mencionar que es el fundamento principal para la protección de los recursos naturales.

Por otra parte, el artículo 73 señala que el Congreso tiene facultad: “...XXIX-G.- Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico...”

Así como el Congreso tiene la facultad de expedir leyes en estas materias, es importante señalar que la facultad de iniciar leyes recae sobre el Presidente de la República, Diputados Federales y Senadores y los Congresos de los Estados, por lo que los particulares deberán acudir a sus propios representantes (diputados o senadores) para hacer dichas propuestas de ley o reformas .

Finalmente, el artículo 115 de nuestra Carta Magna al hablar de las facultades, organización y funcionamiento del municipio dice en su fracción tercera: “Los Municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos:

a) Agua potable y alcantarillado.
b) Alumbrado público.
c) Limpia.
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines.
h) Seguridad pública y tránsito, y

Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Los Municipios de un mismo Estado, previo acuerdo, entre sus ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les corresponda.

La fracción quinta del artículo en cita establece: “ Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la autorización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas. Para tal efecto y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, se expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios;...”

3.2.2 Derechos Constitucionales que garantizan la Participación Ciudadana.-

El fundamento esencial de la participación ciudadana se encuentra en el contenido de algunas de las garantías constitucionales que consagran la libertad de expresión, de asociación, el derecho a la participación misma y el derecho de petición entre otras.

El artículo 6° de nuestra Carta Magna establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público...”.

De la misma manera, el artículo 7° consigna que “es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia...”.
Por otra parte, el artículo 9° señala que “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito...”, además de que “...no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición, o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.

El artículo 26 expresa que “...la planeación será democrática...” y que “...mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo... La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo...”.

El artículo 35 señala como prerrogativas del ciudadano, entre otras, “ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición...”

El artículo 71 establece que el derecho de iniciar leyes o decretos, de acuerdo con este artículo compete al Presidente de la República, a los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados. Los ciudadanos deberán de usar cualquiera de estos canales para proponer las iniciativas de leyes.

De lo anterior se infiere que existen los derechos fundamentales en la constitución mexicana que no sólo posibilitan sino garantizan la participación social de diversas maneras.

3.3.- Fundamentos generales de la participación ciudadana en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y en otras Leyes que por su objeto tienen injerencia directa en la protección del Medio Ambiente.

Para poder analizar y entender los espacios de participación ciudadana que existen en la legislación ambiental es imprescindible entender el objeto o razón de ser de cada una de ellas.

Para ello, se hará mención del objeto de las leyes que integran el todo de la legislación ambiental mexicana. Estas son: Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley Forestal (LF), Ley de Aguas Nacionales (LAN), Ley Agraria (LA), Ley de Caza (LC), Ley General de asentamientos Humanos (LGAH), Ley Federal de Vivienda (LFV) y Ley General de Salud (LGS).

3.3. FUNDAMENTOS GENERALES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS LEYES AMBIENTALES MEXICANAS.
3.3.1 LGEEPA3.3.2 LF3.3.3 LAN3.3.4 LA3.3.5 LC3.3.6 LGAH Artículo1ºArtículo 5ºArtículo 7ºArtículo 15º Artículo 1ºArtículo 1ºArticulo 1ºArtículo 1ºArtículo 1º Garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para el desarrollo, salud y bienestar.Garantizar la participación de las personas en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente.Facultad de la Federación de promover la participación social en materia ambiental.Obligación de los Estados de promover la participación social en materia ambiental.Criterios a seguir para la formulación y conducción de la política ambiental:Fracc. IX: Concertación con la sociedad.Fracc. X: Sujetos de la concertación ecológica: individuos y grupos sociales.Fracc. XII: Obligación de las autoridades de garantizar un medio ambiente adecuado para el desarrollo, salud y bienestar.Objeto:Regular y fomentar la protección, conservación, restauración aprovechamiento, manejo, cultivo y producción de los recursos naturales.La LF deberá sujetarse a los principios, criterios y disposiciones de la LGEEPA.Objeto: Regular la explotación, uso, aprovechamiento, distribución, control y preservación de las aguas nacionales.Finalidad: desarrollo sustentable del recurso.La LAN establece como asuntos de interés público:a) La promoción y ejecución de medidas y acciones para proteger la calidad del agua.b) Promoción y fomento de la participación ciudadna en la construcción, financiamiento y operación de la infraestructura hidráulica federal.Objeto: La presente ley es reglamentaria del art. 27 Constitucional en materia agraria, y de observancia general en toda la república.Objeto: Orientar y garantizar la conservación, restauración y fomento de la fauna silvestre.La participación ciudadana se da de dos formas:A) En las ANP de acuerdo a la LGEEPA.B) En la denuncia de los delitos de caza.Objeto:Fracc. I: establecer la concurrencia de la federación, Estados y Municipios en el ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos.Fracc. II: Fijar normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.Fracc. III: Definir los principios para determinar reservas, usos y destinos de áreas y predios para asentamientos humanos.Fracc. IV: Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos.

3.3.1.- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.-

En el año de 1988 se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). Dicha ley sufrió reformas sustanciales en octubre de 1996 algunas de ellas las comentaremos a continuación.

El ordenamiento en cita establece en su artículo primero que sus disposiciones son de orden público e interés social, tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: I.- garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; y, VII: garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente.
Afirma que dichas disposiciones son de interés público, por lo que pensamos que es importante definir el concepto para entender sus alcances. El Diccionario Jurídico Mexicano editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo define así: “Interés público, es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado”. En otras palabras, cuando se hable de que algo es de interés público, se hace referencia a necesidades de la comunidad que deben ser protegidas y tuteladas por el Estado. En este orden de ideas, el concepto de interés público es sinónimo al término “orden público”.

Por otra parte, como artículos que promueven en forma genérica la participación social se encuentran los siguientes:

ARTICULO 5° FRACC XVI: Contempla como facultad de la Federación la promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental...

ARTICULO 7° FRACC. XIV: Menciona que corresponde al gobierno del estado la promoción de la participación ciudadana en materia ambiental.

ARTICULO 15° señala: "Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

FRACCION IX. La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública y entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son indispensables para la eficiencia de las acciones ecológicas.

FRACCION X: El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos, sino también los grupos y organizaciones sociales. El propósito de la concertación de acciones ecológicas es reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza.

FRACCION XII: Toda persona tiene derecho de disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de ésta y otras leyes, tomarán las medidas para garantizar ese derecho”.

Por lo tanto, la participación de la ciudadanía es una pieza clave, contemplada en la LGEEPA en las acciones ecológicas o con repercusiones Ambientales.

3.3.2.- LEY FORESTAL.-

La Ley Forestal (LF) fue reformada y por tal motivo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1997.

Dicha ley contiene en su artículo primero el objeto que persigue y lo establece así: “...la presente ley ...tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, aprovechamiento, manejo, cultivo y producción de los recursos forestales del país, a fin de propiciar el desarrollo sustentable”. La LGEEPA define en su artículo 3°, fracción XI lo que debe entenderse por desarrollo sustentable, concepto de relevancia medular para la materia que nos ocupa: “Desarrollo sustentable: es el proceso evaluable mediante criterios indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”.

Es decir, debemos utilizar y disfrutar los recursos naturales de tal forma que no se ponga en riesgo la satisfacción de las necesidades de futuras generaciones.

Por otra parte, el mismo artículo primero de la LF en el segundo párrafo establece que la ley Forestal deberá sujetarse a los principios, criterios y disposiciones previstas en la LGEEPA, añadiendo posteriormente los propósitos u objetivos de la LF, cuyas fracciones no transcribiremos aquí por la razón de ser del presente trabajo.

3.3.3.- LEY DE AGUAS NACIONALES.-

El artículo primero de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) establece el objeto de la misma: “...regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas (nacionales) , su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable”.

La ley en cita establece, entre otras, las siguientes cuestiones de interés público:

a) En el artículo 85 se establece: “Es de interés público la promoción y ejecución de las medidas y acciones para proteger la calidad del agua, en los términos de la ley”.
b) En el artículo 102 se estatuye: “se considera de interés público la promoción y fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción y operación de infraestructura hidráulica federal, así como la prestación de los servicios respectivos”.

Aquí, el gobierno adquiere la obligación de abrir espacios de participación para la ciudadanía en materia de financiamiento, construcción y operación de la infraestructura hidráulica.

3.3.4 LEY AGRARIA.-

La Ley Agraria regula la propiedad ejidal, comunal y en general toda propiedad rural. Dado el objeto específico de la ley, la participación se constriñe a los miembros tanto de los ejidos como de las comunidades indígenas a través de sus órganos representativos y, pequeños propietarios sean éstos personas físicas o morales.

La posibilidad de participación de agentes ajenos a los mencionados en el párrafo anterior se abre en el caso de la ANP en los términos de la LGEEPA, como se verá mas adelante.

3.3.5.- LEY DE CAZA.-

El objeto de este ordenamiento legal es “...orientar y garantizar la conservación, restauración y fomento de la fauna silvestre que subsiste libremente en el territorio nacional regulando su aprovechamiento”.

La participación ciudadana contemplada en esta ley se reduce a dos formas: Participación de acuerdo e los establecido por la LGEEPA.
Areas naturales protegidas.

Delitos de caza.

En el caso de los delitos de caza, sucede lo mismo que con cualquier otro delito, cualquier persona puede denunciarlos ante la autoridad competente.

3.3.6.- LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.-

El artículo primero de la ley señala su objeto de la siguiente manera:

Fracc.I: Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional;

Fracc. II: Fijar la normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

Fracc. III: Definir los principios para determinar las previsiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población, y

Fracc. IV: Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos”.

3.3.7.- LEY FEDERAL DE VIVIENDA.-

En el primer artículo, la Ley Federal de Vivienda señala como su objeto: “...establecer y regular los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa”.

3.3.8.- LEY GENERAL DE SALUD.-

El objeto de la ley está contenido en sus primeros dos artículos :

Artículo 1°: “La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación general en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social”.

Aunque los problemas ambientales generan problemas de salud, el presente ordenamiento legal establece que éstos no son de su competencia.

3.4.- Participación ciudadana en los instrumentos preventivos de protección Ambiental (elaboración de normas, Instrumentos de la Política Ambiental y otras medidas) .

Una vez analizados los fundamentos constitucionales de los cuales se deriva la legislación ambiental y entendidos el objeto de cada una de las leyes que integran dicha legislación, pasemos al análisis de los instrumentos preventivos de protección ambiental que éstas contemplan. Entendemos por instrumentos preventivos todos aquellos espacios, mecanismos o herramientas previstos en la legislación que los ciudadanos en particular o como parte de organismos no gubernamentales (ONG’S) pueden utilizar para prevenir y evitar un impacto negativo o daño al medio ambiente. En general podemos decir, que dichas intervenciones se dan en la línea de la elaboración de normas, planes, propuestas de manejo, explotación, protección y preservación de los distintos recursos naturales, así como la vigilancia de su cumplimiento, ya sea de forma individual, como parte de alguna ONG’S o como miembros de algún organismo gubernamental en el que exista espacio para la participación ciudadana.

El esquema que presentamos a continuación pretende mostrar en forma gráfica los temas a tratar en éste subtítulo:

3.4 PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS INSTRUMENTOS PREVENTIVOS DE PROTECCION AL AMBIENTE.
3.4.1 Fundamentos Generales3.4.2 Organos gubernamentales de participación ciudadana.3.4.3 Participación Social a través de los Instrumentos de la política ambiental. 3.4.4.1 Planeación ambiental3.4.4.2 Ordenamiento Ecológico Territorial3.4.4.3 Evaluaciones de impacto ambiental.3.4.4.4 Instrumentos económicos.3.4.4.5 Regulación ambiental de los asentamientos humanos.3.4.4.6 Normas Oficiales Mexicanas.3.4.4.7 Autorregulación y auditorías ambientales.3.4.4.8 Areas Naturales Protegidas, zonas de veda, restauración o reserva.

3.4.1.- Fundamentos Generales.-

El artículo 18 de la LGEEPA señala que: El Gobierno Federal promoverá la participación social en la elaboración de programas para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Al decir que el gobierno federal “promoverá”, contrario a “podrá promover”, este adquiere una obligación de hacer. Dicho cumplimiento es difícil, toda vez que la ley no indica cómo debe hacerlo, supuesto que compete legislarse en un reglamento que todavía no existe.

3.4.4 FUNDAMENTOS GENERALES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS INSTRUMENTOS PREVENTIVOS DE PROTECCION AL AMBIENTE.

LGEEPA LF LAN LGAH LGVLGS Artículo 18Artículo 36º Artículo 23 bis 1.Artículo 23Artículo 18 RLANArtículo 14Artículo 16Artículo 49Los ciudadanos son instrumentos para cumplir con la finalidad de ofrecer una vivienda digna y decorosa a los mexicanos. No participan en la toma de decisiones.El ciudadano participa como vehículo en la prestación de servicios de salud.No participa en la toma de decisiones. El Gobierno Federal promoverá la participación social en la elaboración de programas para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.Promoción de la participación en la formulación y organización de programas de desarrollo forestal.Participación en la elaboración de propuestas (art. 33 bis 1).Participación en la elaboración y dirección de programas (art. 23).Los agentes participativos son los usuarios.I Explotación, uso o aprovechamiento.II Formulación, implantación y evaluación de la programación hidráulica."... el programa nacional de desarrollo urbano estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación..."La SEDESOL promoverá la participación social en la elaboración, acutalización y ejecución del programa nacional de urbanización.La legislación estatal de desarrollo urbano determinará la forma y procedimientos para la participación social en la fundación, conservación mejoramiento y crecimiento de los centros de población.Enumera los espacios de participación social en materia de asentamientos humanos.

A) Ley Forestal.-

El artículo 36 de la LF estipula que la Secretaría promoverá la participación de las dependencias gubernamentales, de los sectores social y privado, de los beneficiarios de los servicios ambientales de los ecosistemas forestales y demás personas físicas o morales interesadas en el rescate ecológico, en la formulación y organización de programas de desarrollo forestal relativos al manejo de los mismos.

De aquí se desprenden dos espacios de participación ciudadana:

Un primer espacio de participación ciudadana consiste en participar en la elaboración de propuestas. Así, el artículo 33 bis-1 establece que: “Los ejidos, comunidades, pequeños propietarios, las organizaciones de productores y demás personas interesadas, podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo, financiamiento y fomento en materia forestal, las cuales serán concertadas con la Secretaría y con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal, para su aplicación”.

Un segundo espacio de participación ciudadana consiste en la elaboración y dirección de programas de manejo forestal (aprovechamiento de los recursos forestales maderables, forestación y reforestación) que puede hacerse por personas físicas o morales que satisfagan los requisitos señalados por el Reglamento de la LF (art. 23 de la LF). Dichos programas deberán ajustarse a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas (NOMS).

B) Ley de Aguas Nacionales (LAN).-

En la LAN no se habla de la participación ciudadana como tal. En ésta, así como en su Reglamento, los principales agentes participativos son los usuarios. Es así como en el artículo 14 establece lo siguiente: “La Comisión ( Comisión Nacional del Aguas CNA) acreditará, promoverá y apoyará la organización de los usuarios para mejorar el aprovechamiento de agua y la preservación y control de su calidad, y para impulsar la participación de éstos a nivel estatal , regional o de cuenca ...”

En lo que concierne al aprovechamiento directo de las aguas, la participación se da principalmente de las siguientes maneras:

1) El artículo 18 del Reglamento de la LAN estipula que “los usuarios podrán explotar, usar o aprovechar el agua, directamente o a través de la forma de organización que mejor les convenga, para lo cual se podrán constituir en alguna de las personas morales reconocidas en la legislación vigente”.

2) Por otra parte, en “la formulación, implantación y evaluación de la programación hidráulica a través de: Fracc. VII: la promoción de mecanismos de consulta, concertación y participación para la ejecución de programas y para su financiamiento, que permitan la concurrencia de los usuarios y sus organizaciones y de las dependencia y entidades de la Administración Pública Federal, estatal o municipal”.

Respecto al mismo punto, el artículo 22 de la multicitada ley dice textualmente al respecto: “La Comisión...organizará los trabajos necesarios para formular y poner en ejecución las acciones a corto, mediano y largo plazos que se integren dentro de la programación hidráulica. Para ello propiciará el concurso de las distintas instancias de gobierno, de los usuarios de las aguas nacionales y, en general, de los grupos sociales interesados, a través de los consejos de cuenca y los demás mecanismos que se establezcan en los términos de la ley”.

C) Ley General de Asentamientos Humanos.-

El artículo 14 de la Ley General de Asentamientos Humanos textualmente dice: “El programa nacional de desarrollo urbano será aprobado por el Presidente de la República mediante decreto y estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación.
La Secretaría (Secretaría de Desarrollo Social-SEDESOL) promoverá la participación social en la elaboración, actualización y ejecución del programa nacional de desarrollo urbano, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Planeación”.

En el mismo sentido, el numeral 8° de la ley en cita señala: “Corresponde a las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones: Fracc. III: Promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta ley”.

Por otra parte, respecto a este punto, el artículo 16 estipula que “la legislación estatal de desarrollo urbano determinará la forma y procedimientos para que los sectores social y privado participen en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de desarrollo urbano”.

Por lo tanto, cada estado deberá contemplar en la ley correspondiente, la forma en como va a participar el sector social.

La LGAH contempla un capítulo específico de participación social. En el artículo 48 estipula a la letra: “La Federación, las entidades federativas, y los municipios promoverán acciones concertadas entre los sectores público, social y privado, que propicien la participación social en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población”.

La participación social comprende lo siguiente:

Art. 49, Fracc. I: “la formulación, modificación, evaluación y vigilancia el cumplimiento de los planes o programas de desarrollo urbano, en los términos de los artículos 16 y 57 de esta ley;

Fracc. II: La determinación y control de la zonificación, usos y destinos de áreas y predios de los centros de población;

Fracc. III: La construcción y mejoramiento de vivienda de interés social y popular;

Fracc. IV: El financiamiento, construcción y operación de proyectos de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos urbanos, (aquí podría hablarse de la iniciativa privada contratada externamente en la realización de obras de urbanización);

Fracc V: El financiamiento y operación de proyectos estratégicos urbanos, habitacionales, industriales, comerciales, recreativos y turísticos;

Fracc. VI: Ejecución de acciones de obras urbanas para el mejoramiento y conservación de zonas populares de los centros de población y de las comunidades rurales e indígenas;

Fracc. VII: La protección del patrimonio cultural de los centros de población;
Fracc. VIII: La preservación del ambiente en los centros de población, y

Fracc. IX: La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de población”.

Finalmente, el último artículo del presente capítulo de la ley a estudio, establece que los estados y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias “...promoverán la constitución de agrupaciones comunitarias que participen en el desarrollo urbano de los centros de población, bajo cualquier forma jurídica de organización”.

A manera de conclusión podemos decir, que en lo que se refiere a la LGAN y la ley de planeación no existe ordenamiento alguno que reglamente cómo ha de realizarse la participación que tanto se menciona, por lo que todo queda en enunciados teóricos y obligaciones de la autoridad que son prácticamente incumplidas por la falta de instrumentación adecuada.

En lo que se refiere a la intervención de los estados y municipios habría que analizar las leyes de cada uno de ellos y cómo instrumentar la legislación federal.

D) Ley General de Vivienda.-

La participación ciudadana en esta ley se menciona sólo como participación del sector social y privado, como instrumentos para cumplir con la finalidad de poder ofrecer a todo mexicano una vivienda digna y decorosa. Aquí los ciudadanos no participan en la toma de decisiones.

E) Ley General de Salud.-

Como la anterior, esta ley federal no contempla espacios de participación ciudadana directa en la toma de decisiones que pudieran afectar en un momento dado a la salud a través del medio ambiente. Los ciudadanos o la comunidad, participan como vehículo en la prestación de los servicios de salud.

3.4.2- ORGANISMOS GUBERNAMENTALES DE PARTICIPACION CIUDADANA.-

Las mismas leyes que hemos venido analizando hasta ahora, crean o contemplan diversos organismos integrados por representantes gubernamentales en los que pueden participar agentes no gubernamentales, es decir, ciudadanos y organismos no gubernamentales. El siguiente cuadro los enumera:

3.4.5 Organismos gubernamentales en los que existe participación ciudadana.
A) LGEEPA B) LFC) LAND) LGMN Consejo Nacional de ANP: órgano de consulta y apoyo en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política en el establecimiento, manejo y vigilancia de las ANP.Consejo técnico Consultivo Nacional Forestal (CTCNF) y sus consejos regionales. Art. 6º.Consejo de Cuenca. Art. 15 Regl. LAN.Comisión Nacional de Normalización (art. 59).Comités Consultivos Nacionales de Normalización (art. 62).Organismos Nacionales de Normalización (art. 66).

3.4.3.- PARTICIPACION SOCIAL A TRAVES DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLITICA AMBIENTAL.-

Podemos entender por instrumentos de la política ambiental aquellas herramientas que se traducen en acciones de la Administración Pública Federal para regular, promover, restringir, prohibir, orientar o inducir las acciones de los particulares en cuestiones ambientales, tomando en cuenta los lineamientos de la política ambiental establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. (Cfr. art. 17 LGEEPA).

La LGEEPA enumera los siguientes instrumentos:
-Planeación ambiental
-Ordenamiento Ecológico del
Territorio
-Instrumentos económicos
-Regulación ambiental de los asentamientos humanos
-Evaluaciones de impacto ambiental
-Normas Oficiales Mexicanas
-Autorregulación y auditorías ambientales e,
-Investigación y educación ecológicas.

De los instrumentos anteriores, sólo se analizarán aquéllos de relevancia para la participación ciudadana, entre los que se encuentran los siguientes:

3.4.3. PARTICIPACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL.
3.4.3.1. Planeación ambiental Art. 17 LGEEPAArt. 20 Ley de Planeación.Art. 19bis 9 LF La planeación nacional de desarrollo debe incorporar la política ambiental y el ordenamiento ecológico.La planeación deberá ser democrática con la participación y consulta de grupos sociales para la elaboración actualización y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.Participación social en la planeación y realización de programas para incrementar la eficiencia de la conservación, ordenamiento, aprovechamiento, manejo y desarrollo forestal.
3.4.3.2. Ordenamiento Ecológico Territorial. LGEEPALGAH Art. 19: Criterios a seguir para su elaboración.Art. 20 bis: Promoción de la participación social en su elaboraciónArt. 20 bis4: Establecimiento de mecanismos la participación social.Art. 3º Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.
Evaluaciones de Impacto Ambiental.Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos.Normas Oficiales MexicanasAutorregulación y Auditorías Ambientales.ANP, Zonas de Veda, Restauración o Reserva. LGEEPALFLGEEPALGVLFMNLGEEPALGEEPALANRLF Art. 34 Posibilidad de poner a disposición del público el expediente.Solicitud de consulta pública. Bases para ello.Art. 12 Evaluaciones de impacto ambiental para aprovechamientos forestales.Art. 23 Criterios para la planeación del desarrollo urbano y la vivienda: se deberá tomar en cuenta ordenamiento ecológico territorial.Integración de la vivienda a su entorno ecológico.Art. 44: Cualquier persona puede presentar propuestas de NOM`S.Art. 47: procedimiento a seguir en la elaboración de NOM`S.Art. 50: Excepción: confidencialidad de la información.Art. 71: visitas de verificación para vigilar su cumplimiento.Art. 33 bis: Participación ciudadana en el comité técnico.Art. 47 Establecimiento, manejo y administración de las ANP.Art. 65: Programas de manejos del ANP.Art. 78 Participación en la formulación, ejecución y seguimiento de programas de restauración.Art. 49 Publicación de los estudios técnicos justificativos de los recursos forestales suceptibles de ser vedados.Art. 38: Posibilidad de establecer veda o zonas de reserva respecto al agua.

3.4.3.1.- Planeación Ambiental.-

El artículo 17 de la LGEEPA establece que: “en la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la política ambiental y el ordenamiento ecológico. Por otra parte, el artículo 20 de la Ley de Planeación que dice a la letra:

“En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta ley.

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los organismos empresariales, y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Asimismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión.

Para tal efecto, y conforme a la legislación aplicable, en el Sistema deberán preverse la organización y funcionamiento, las formalidades, periodicidad y términos a que se sujetarán la participación y consulta para la planeación nacional del desarrollo”.

Por lo tanto, podemos válidamente inferir que la participación social es un tiene una importancia medular al Plan Nacional de desarrollo, el problema surge de cómo debe llevarse a cabo dicha participación.

Por otra parte, el artículo 18 de la LGEEPA estipula: “El Gobierno Federal promoverá la participación de los distintos grupos sociales en la elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, según lo establecido en esta ley y las demás aplicables”. Nada se dice sobre los mecanismos a seguir para promover dicha participación, situación digna de tomarse en cuenta para un futuro reglamento.

Posiblemente, de las reformas mas sustanciales de la LF en materia de participación ciudadana sea la integración de un capítulo específico denominado “Participación Social y Derecho a la Información”. Aunque es un avance el que se haya incluido dicho capítulo, éste es muy pobre en lo que se refiere a su contenido, puesto que no crea espacios valiosos de participación ciudadana como era de esperarse. La participación ciudadana se da a través de los consejos regionales que funcionan como órganos de consulta y opinión en lo que se refiere a las solicitudes de autorización de aprovechamientos forestales o de forestación

En dicho capítulo son dos los puntos importantes para el tema: Por una parte, se menciona en el artículo 19bis-9 que “el Consejo o los Consejos Regionales podrán proponer a la Secretaría lineamientos para promover la participación de los sectores social y privado en la planeación y realización de las actividades tendientes a incrementar la calidad y eficiencia de la conservación, ordenamiento, aprovechamiento, manejo y desarrollo forestal de la región o estado de que se trate”. El segundo, versa sobre el derecho a la información. Nada dice al respecto, simplemente nos remite al capítulo II, título quinto de la LGEEPA, cuyo tema ya fue tratado en líneas anteriores.

3.4.3.2.- Ordenamiento Ecológico del Territorio.-

A) Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.-

Este cuerpo de leyes, conceptúa al ordenamiento ecológico territorial en la exposición de motivos como “el proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio nacional, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente”.
Asimismo, el artículo 19 considera como criterios a seguir en la elaboración del presente instrumento los siguientes:

“I.- La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción;

II.- La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la distribución de la población y las actividades económicas predominantes;

III.- Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efectos de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales;

IV.- El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales; y

V.- El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y demás obras o actividades”.

Para la formulación, expedición, ejecución y evaluación de los ordenamientos territoriales, el artículo 20 bis del presente ordenamiento legal señala que la SEMARNAP “...deberá promover la participación de grupos y organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de investigación, y demás personas interesadas...” Una vez mas, no se señala cómo instrumentar dicha participación.

El artículo 20 bis-4 de la ley a estudio en su fracción VII norma que en la elaboración de los ordenamientos territoriales deben establecerse mecanismos que garanticen la participación ciudadana, para ello, las leyes locales deberán contener las formas y procedimientos para que los particulares participen. Dichas formas o procedimientos no se han explicitado.

Es importante señalar que no todas las legislaciones que tienen por objeto normar los distintos recursos naturales como pueden ser la LF o la LAN hablan del ordenamiento ecológico territorial en forma específica, pero al ser la LGEEPA la legislación marco, sus disposiciones son aplicables a los ámbitos que norman demás leyes y en lo que concierne al ordenamiento ecológico, deben tomarse en cuenta todos los recursos naturales para su elaboración.

3.4.3.3.- Evaluaciones de Impacto Ambiental.-

La LGEEPA, en su numeral 28 define la evaluación de impacto ambiental como “el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al máximo sus efectos negativos sobre el ambiente”.

En cuanto a la participación ciudadana respecto a este tema, el artículo 34 del ordenamiento legal en cita menciona que una vez recibida la manifestación de impacto ambiental e integrado el expediente se pondrá a disposición del público, mas nada se dice respecto al procedimiento posterior o a las repercusiones que podrían tener las inconformidades presentadas por particulares. Más aún, en la parte relativa al procedimiento de impacto ambiental del reglamento de la LGEEPA ni siquiera se menciona la posible intervención de ciudadanos dentro del proceso.

La misma ley considera como excepción a lo anterior el caso en el cual de hacerse pública la información se pudiesen afectar "derechos de propiedad industrial y la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado”. De la lectura de lo anterior se infiere que la autoridad tiene una facultad que podrá ejercitar en forma discrecional, dejando así poca defensa para el afectado.

También se estipula que cualquier persona de la comunidad de que se trate podrá solicitar se lleve a cabo una consulta pública... cuyas bases se señalan en el artículo 34 fracciones. I a la V y cuyo texto dice a la letra:

I.- La Secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta Ecológica. Así mismo, el promovente deberá publicar a su costa, un extracto de proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de la que se trate, dentro del plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que se presente la manifestación de impacto ambiental a la Secretaría;

II.- Cualquier ciudadano, dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación del estracto del proyecto en los términos antes referidos, podrá solicitar a la Secretaría ponga a disposición del público en la entidad federativa que corresponda, la manifestación de impacto ambiental;

III.- Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale el reglamento de la presente Ley, la Secretaría en coordinación con las autoridades locales, podrá organizar una reunión pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate;

IV.- Cualquier interesado, dentro del plazo de veinte días contados a partir de que la Secretaría ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción I, podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, como las observaciones que considere pertinentes y,

V.- La Secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo, y consignará en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los resultados de las observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado”. En este caso, sólo las personas que posiblemente resultarían afectadas (cualquier persona de la comunidad de que se trate) podría solicitar se lleve a cabo la consulta pública.

Por otra parte, en el caso de que de la consulta pública no se obtengan resultados favorables dentro de la resolución que emita la autoridad se puede acudir al recurso de revisión contemplado en los artículos 176 al 181 de la LGEEPA.

En otro orden de ideas, es importante señalar que la LF, en su artículo 12 que trata sobre las autorizaciones para el aprovechamiento de recursos forestales establece la necesidad de presentar una evaluación de impacto ambiental, y por lo tanto los ciudadanos tendrán la participación de la que ya hemos hablado en lo que se refiere a dichas manifestaciones.

3.4.3.4.- Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos.-

El artículo 23 de este ordenamiento establece los criterios a seguir en la planeación del desarrollo urbano y la vivienda. La fracción primera de este artículo dice a la letra: “los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidas en los programas del ordenamiento ecológico del territorio”. Aunque nada se dice acerca de la participación ciudadana respecto a dichos planes o programas, como ya se mencionó anteriormente, sí hay un espacio de participación en la elaboración del ordenamiento ecológico del territorio y este instrumento debe incidir en dichos planes y programas, por lo que sí existe una influencia indirecta en lo que se refiere a los programas de asentamientos humanos.

3.4.3.5.- Normas Oficiales Mexicanas.-

La participación ciudadana tiene un espacio importante en las diferentes etapas que integran la elaboración de NOM’S.

Primeramente, el artículo 44 de la Ley General de Metrología y Normalización, en su párrafo 5° dice que cualquier persona interesada podrá presentar a las dependencias propuestas de NOM’S.

Posteriormente, el artículo 47, fracción I establece que los proyectos de NOM’S deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) así como estar a disposición del público a efectos de que se puedan elaborar comentarios.

La excepción a lo anterior se encuentra en el artículo 50 de la Ley General de Metrología y Normalización (LGMN) el cual consigna: “La información y documentación que se alleguen a las dependencias para la elaboración de anteproyectos de normas oficiales mexicanas, así como para cualquier trámite administrativo relativo a las mismas, se empleará exclusivamente para tales fines y cuando la confidencialidad de la misma este protegida por la Ley, el interesado deberá autorizar su uso. A solicitud expresa del interesado, tendrá el carácter de confidencial y no será divulgada, gozando de la protección establecida en materia de propiedad intelectual”.

El artículo 47 de la ley en comento describe el procedimiento a seguir en la elaboración de NOM’S, artículo que transcribimos a continuación por considerarlo de importancia:

“Los proyectos de normas oficiales mexicanas se ajustarán al siguiente procedimiento:

I. Se publicarán íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios al comité consultivo nacional de normalización correspondiente. Durante este plazo los análisis a que se refiere el artículo 45 estarán a disposición del público para su consulta en el comité;

II. Al término del plazo a que se refiere la fracción anterior, el comité consultivo nacional de normalización correspondiente estudiará los comentarios recibidos y, en su caso, procederá a modificar el proyecto en un plazo que no excederá de 45 días naturales;

III. Se ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las respuestas a los comentarios recibidos así como las modificaciones al proyecto, cuando menos quince día naturales antes de la publicación de la norma oficial mexicana, y

IV. Una vez aprobadas por el comité de normalización respectivo, las normas oficiales mexicanas serán expedidas por la dependencia competente y publicadas en el Diario Oficial de la Federación”.

El artículo 48 de esta ley menciona que el procedimiento anterior podrá no seguirse tratándose de un caso de emergencia.

Por otra parte, en el artículo 71 se establece que para efectos del control del cumplimiento de lo dispuesto en la ley a estudio se podrán realizar visitas de verificación. La Ley no menciona si pueden los ciudadanos pedir que se realicen dichas visitas o participar en ellas pero, de acuerdo a la LGEEPA se podría pedir la instauración del procedimiento de inspección y vigilancia a fin de verificar el cumplimiento de la de NOM’S en materia ecológica

3.4.3.6.-. Autorregulación y Auditorías Ambientales.-

El Artículo 38 bis estipula que: “La Secretaría fomentará las auditorías ambientales... establecerá un sistema de aprobación y acreditamiento...para tal efecto integrará un comité técnico integrado por representantes de instituciones de investigación, colegios y asociaciones profesionales y organizaciones del sector industrial... convendrá con personas físicas o morales, públicas o privadas la realización de auditorías ambientales”.

3.4.3.7.- Areas Naturales Protegidas, Zonas de Veda, Restauración o de Reserva.-

En el caso de las ANP los espacios de participación ciudadana son múltiples, desde la petición para su decreto, así como la presentación de estudios para declararla y la PARTICIPACIÓN en la administración de las mismas.

Es así como el artículo 47 de la LGEEPA consigna que en el establecimiento, administración y manejo de las ANP debe promoverse la participación de sus habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas y demás organizaciones sociales, ya sean éstas públicas o privadas.

Para tal efecto, la Secretaría podrá suscribir los convenios de concertación o acuerdos de coordinación que correspondan.
Existe el Consejo Nacional de ANP cuya finalidad es fungir como órgano de consulta y apoyo de la Secretaría en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política para el establecimiento, manejo y vigilancia de las ANP. Dicho consejo estará integrado por representantes de la Secretaría y otras dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de instituciones académicas, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales.

Por otra parte, los estudios previos a la declaración de un ANP deben ponerse disposición del público y la Secretaría deberá pedir la opinión no sólo de gobiernos locales y dependencias de la administración pública federal sino también de organismos públicos o privados, pueblos indígenas y demás personas físicas o morales interesadas, así como de instituciones y organismos de los sectores público, social y privado interesados en el establecimiento, administración y vigilancia de las ANP.

El artículo 59 de la LGEEPA establece que los pueblos indígenas, organizaciones sociales, públicas o privadas, personas interesadas podrán promover el establecimiento de ANP en terrenos de su propiedad.

Finalmente, la Secretaría deberá formular un programa de manejo para el ANP dando participación a sus habitantes, propietarios o poseedores de los predios incluidos...a organizaciones sociales públicas o privadas y a las demás personas interesadas. (art. 65 LGEEPA)

Además de las ANP, la ley contempla las zonas de restauración, que son aquéllas áreas “que presentan proceso de degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos” para los cuales la SEMARNAP deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica para que se recuperen o restablezcan las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que tenían. El mismo artículo 78 establece que la Secretaría deberá promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas locales y demás personas interesadas en la fomulación, ejecución y seguimiento de los programas de restauración.

El artículo 79 fracc. IV del mismo ordenamiento señala como criterio a seguir para la preservación y aprovechamiento de la flora y la fauna en su 1ª participación de las organizaciones sociales públicas o privadas...

Al tratarse de programas de restauración y vedas en materia forestal (art. 32 bis de la LF), los ciudadanos no tienen voz directa respecto al decreto de ello, pero sí lo tiene el CTCNF o regional, cuya integración posibilita la participación, como ya se dijo en líneas anteriores, de representantes de instituciones académicas, organismos no gubernamentales, centros de investigación, etc.

Respecto a este punto, el Reglamento de la ley en su artículo 49 estipula que la “Secretaría pondrá a disposición del público en general los estudios técnicos justificativos, lo cual dará a conocer a través de las gacetas oficiales de los estados en cuestión, y los diarios de mayor circulación del lugar donde se ubiquen los terrenos y recursos forestales susceptibles de ser vedados”.

Por otra parte, en el artículo 38 de la LAN se establece que el Ejecutivo Federal “...podrá reglamentar la extracción y utilización de aguas nacionales, establecer zonas de veda o declarar la reserva de aguas...” y señala los casos concretos en los que esto pudiera suceder. La declaración de ello se hace mediante decreto a propuesta de la CNA y en los estudios técnicos que para tal efecto se requieran podrán participar los consejos de cuenca o las organizaciones de usuarios de las zonas que se quieran vedar o reglamentar.

En las zonas reglamentadas se promoverá la participación de los usuarios para el establecimiento de mecanismos de vigilancia y cumplimiento de lo decretado.

De todo lo anterior podemos concluir que la participación ciudadana en materia de ANP, zonas de restauración, vedas y otras formas de protección, no sólo es muy amplia en lo que a la Ley se refiere, sino que es de importancia medular y la incidencia que se pueda tener en este ámbito es invaluable.

3.5 LOS CIUDADANOS COMO SUJETOS DEL DERECHO A LA INFOEMACION AMBIENTAL EN LA LEGISLACION FEDERAL.-

En las leyes que hemos venido analizando existen diferentes medios y procedimientos que garantizan el derecho a la información. El siguiente cuadro muestra los principales instrumentos públicos encontrados en las distintos cuerpos de leyes de carácter ambiental.

3.5.1.- LGEEPA.-

Artículo 5°: “Son facultades de la Federación : fracc. XVII la integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales y su puesta a disposición del público...”

Artículo 7°: “Corresponde a los estados: fracc. XIV: la conducción de la política estatal de información y difusión en materia ambiental”.
Artículo 58°: Los estudios previos a la declaración de un área natural protegida (ANP) deben ponerse a disposición del público.

Artículo 159 bis: Se desarrollará un Sistema Nacional de Información Ambiental.

Artículo 159 bis 2: La SEMARNAP deberá publicar una gaceta.

Artículo 159 bis 3: “Toda persona tiene derecho...a que pongan a su disposición la información ambiental que solicite...”

Artículo 159 bis 4: excepciones:
Fracc. I.- Confidencialidad por causas de seguridad nacional;

Fracc. II.- Que se trate de asuntos judiciales o de inspección y vigilancia cuya resolución esté pendiente;

Fracc. III.- Se trate de información de terceros que no estén obligados a aportarla y,

Fracc. IV.- Se trate de información de inventarios e insumos y tecnologías de proceso.

3.5.2.- Ley Forestal.-

Inventario Forestal Nacional.

En el artículo 9° de la LF se consigna la integración de un inventario forestal nacional para el cual deberá tomarse en cuenta la opinión del CTCNF y deberá contener la siguiente información:

Fracc. I: La superficie de terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal con que cuenta el país con el propósito de integrar su información estadística y elaborar su cartografía, en sus distintos niveles de ordenamiento y manejo;

Fracc. II: Los tipos y la localización de la vegetación forestal, sus formaciones y clases de uso, con tendencias y proyecciones que permitan clasificar y delimitar zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las cuencas hidrográficas, las unidades geomorfológicas y las áreas naturales protegidas;

Fracc. III: La dinámica de cambio de la vegetación forestal del país, que permita conocer y evaluar las tasas de deforestación y sus causas principales;

Fracc. IV: La cuantificación de los recursos forestales, que incluya la valoración de los servicios ambientales y productivos que generen los ecosistemas forestales, así como los impactos que se ocasionen en los mismos, y

Fracc. V: Los demás que señale el reglamento de esta ley”.

El reglamento de la ley respecto al inventario forestal nacional en su artículo 5° señala que para su integración, la Secretaría “... se coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal vinculadas con la materia y con los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y municipios, así como las instituciones sociales y privadas que estén relacionadas con este tipo de actividades”.

Registro Forestal Nacional.

El artículo 10 bis de la LF dice que el Registro Forestal Nacional Forestal será público y en él deberán inscribirse:

Fracc. I: Los programas de manejo forestal y los programas integrados de manejo ambiental y forestación, sus autorizaciones, modificaciones y cancelaciones, así como los documentos incorporados a la solicitud respectiva;

Fracc. II: Los avisos de forestación, así como sus modificaciones y cancelaciones;

Fracc. III: Las autorizaciones de cambio de utilización de los terrenos forestales;

Fracc. IV: El aviso de funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales;

Fracc. V: Los datos para la identificación de las personas físicas o morales responsables de elaborar y dirigir la ejecución técnica o de evaluar programas de manejo forestal o programas integrados de manejo ambiental y forestación, en los términos de esta ley;

Fracc. VI: El inventario Forestal Nacional y la zonificación forestal respectiva;

Fracc. VII: Los acuerdos y convenios que celebre la Secretaría en materia forestal;

Fracc. VIII: Los decretos que establezcan áreas naturales protegidas que incluyan terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, y

Fracc. IX: Los demás actos y documentos que se señalen en el reglamento de esta ley”.

El artículo 10 bis 1 de la ley en comento establece que la información que integra el inventario nacional forestal y las inscripciones del Registro Agrario Nacional y demás información en materia forestal se integrará al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales previsto en la LGEEPA. Posiblemente, de las reformas más sustanciales de la LF en materia de participación ciudadana sea la integración de un capítulo específico denominado “Participación Social y Derecho a la Información”.

En dicho capítulo, dos son los puntos importantes para el tema: el primero es que la Secretaría deberá promover la participación... “de los sectores social y privado en la planeación y realización de las actividades tendientes a incrementar la calidad y eficiencia en la conservación, ordenamiento, aprovechamiento, manejo y desarrollo forestal de la región o estado de que se trate, y, el segundo, versa sobre el derecho a la información remitiéndonos al capítulo II, título quinto de la LGEEPA, cuyo tema ya fue tratado en líneas anteriores.

3.5.3.- Ley de Aguas Nacionales.-

Registro Público de los Derechos del Agua.

El artículo 30 de la presente legislación federal consigna que “deberán inscribirse los títulos de concesión, de asignación y los permisos a que se refiere la presente ley así como las prórrogas de las mismas, su suspensión, terminación y los actos y contratos relativos a la transmisión total o parcial de su titularidad”. Lo anterior es importante, como medio de darle publicidad a los actos jurídicos consignados en el artículo, satisfaciendo así el derecho a la información que tienen los ciudadanos.

3.5.4.- Ley Agraria -.

La Ley Agraria contempla el Registro Agrario Nacional “el cual será público y cualquier persona podrá obtener información sobre sus asientos e inscripciones y obtener a su costa las copias que solicite” (art. 151 de la LA).

En él se deberán inscribir: “...los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. El registro tendrá además una sección especial para las inscripciones correspondientes a la propiedad de sociedades”. (art. 148 de la LA).

3.5. LOS CIUDADANOS COMO SUJETOS DEL DERECHO A LA INFORMACION AMBIENTAL.
3.5.1. LGEEPA Art. 5º Fr. XVIIArt. 7º Fr. XIVArt. 159 bis 2Art. 259 bis 3Art. 159 bis 4 Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales.Corresponde a los estados la conducción de la política estatal de información y difusión ambiental.Publicación de la Gaceta Ecológica.Derecho a la información ambiental.Excepciones al Derecho a la Información.
3.5.2. LF Art. 5º y 9ºArt. 10º bis Inventario Forestal Nacional- Registro Forestal Nacional.- Participación social y derecho a la información.
3.5.3. LAN Art. 30 Registro de los derechos del agua.
3.5.4. LA Art. 151Art. 148 Registro Agrario Nacional.Inscripción de operaciones que modifiquen la propiedad y sus derechos.

3.6.- Procedimientos Jurídicos contemplados por las Leyes Ambientales.

Aunque dedicaremos un capítulo específico a este tema, quisimos mencionarlos dentro del presente como parte integrante de la legislación ambiental.

3.6.1.- LGEEPA.-

-Denuncia popular.- arts. 189 a 204 de la ley en cita. El artículo 189 establece: “Toda persona, grupo social, organismo no gubernamental...podrá presentar una denuncia popular”.

-Procedimiento de inspección y vigilancia.- arts. 161 al 170.

-Denuncia penal.- el artículo 182 estipula que toda persona podrá presentar una denuncia penas para casos específicos de delitos ambientales tipificados por el Código Penal Federal, en virtud de que éstos con la reforma que se hizo de la LGEEPA ya no se encuentran en ésta.

-Recurso de revisión.- arts.176 al 181 de la ley en comento.

3.6.2.- LEY FORESTAL.-

Recurso de Revocación.

El recurso de revocación no está contemplado en la LF; éste se encuentra en los artículos 78 al 84 del Reglamento de la misma. En el primero de los artículos se establecen las causas por las cuales procede el recurso, por otra parte, en el artículo 81 se señalan aquéllas por las cuales es improcedente, entre ellas se encuentra la de no haberse afectado el interés jurídico del recurrente, por lo que no cualquiera puede interponer el recurso.
3.5.3.- LEY DE AGUAS NACIONALES.-

-Procedimiento de Inspección y Vigilancia.- (arts. 182 al 184 de la LAN). Es el mismo procedimiento contemplado por la LGEEPA, en este caso es la CNA quien realiza la inspección y se realiza para verificar el cumplimiento de los siguientes ordenamientos jurídicos en la materia de aguas nacionales: la LAN, LGEEPA, LFMN, Ley Federal de Derechos, Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. (art. 182 LAN).

-Recurso de Revisión.- artículos 190 al 197 de la LAN.

-Procedimiento de Conciliación y Arbitraje.- artículos 198 al 202 de la LAN.

3.6.4.- LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.-

-Recurso Administrativo.- El procedimiento de dicho recurso se encuentra contemplado en los artículos 121 al 127 de la LFMN y puede ser interpuesto por cualquier persona que se vea afectada por una resolución dictada con fundamento en la LFMN o de cualquier otra disposición derivada de ella.

3.6. PROCEDIMIENTOS JURIDICOS CONTEMPLADOS POR LAS LEYES AMBIENTALES.
A) LGEEPA Art. 189-204Art. 161-170Art. 182Art. 178-181 - Denuncia Popular- Procedimiento de Inspección y Vigilancia- Denuncia Penal- Recurso de Revisión
B) RLF Art. 78-84 - Recurso de Revocación
C) LAN Art. 182-184Art. 190-197Art. 198-202 - Procedimiento de Inspección y Vigilancia- Recurso de Revisión- Procedimiento de Conciliación y Arbitraje
D) LFMN Art. 121-127 - Recurso Administrativo

3.7.- A manera de conclusión.

La constitución mexicana no consagra el derecho a un medio ambiente sano, aunque si legisla la protección del medio ambiente de diversas maneras y establece garantías para la protección de derechos individuales y sociales que pueden ser instrumentos efectivos para proteger el medio ambiente a través de la participación ciudadana. Sin embargo, consideramos importante la reforma constitucional que integre el derecho a un medio ambiente sano como garantía constitucional, en virtud de que se tendría acceso como ciudadano al proceso de control constitucional, es decir, al juicio de amparo y por lo tanto, a la jurisprudencia que garantizaría la interpretación y aplicación correcta de la norma ambiental y de los procedimientos que de ella se derivan.

Por otra parte, existen un sin número de leyes, además de la ley marco en materia ambiental (LGEEPA) en las cuales se protege al medio ambiente de forma directa y casual. En estos cuerpos legales se abren diversos espacios de participación social sin embargo, todas ellas tratan dicha participación en forma genérica, es decir, poco específica. No se concretan las figuras de participación social con los procedimientos o mecanismos para que ésta se lleve a cabo.

De lo anterior se infiere que es necesario promover la reglamentación de la participación ciudadana y por tanto, proponemos la elaboración de reglamentos que especifiquen el cómo debe llevarse a cabo la participación social haciendo posible la aplicación de la ley, toda vez que la función del reglamento es precisamente hacer ejecutable la ley de la que se deriva.

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4.1. Procedimientos específicos del Ambiente relativos a su protección Jurídica.

Una vez abordadas las garantías y la protección jurídica que garantiza la participación ciudadana en México, aludiremos a los procedimientos que se especifican en las Leyes que inciden en la protección del ambiente.

Huelga decir que la Ley Federal del Acto Administrativo, es de aplicación supletoria de las leyes especiales en comento y en su defecto el Código Federal de Procedimientos Civiles, planteado nuestro principio rector, abordaremos los principios de la materia en forma exegética, siguiendo nuestro método de estudio. Nos parece importante señalar que toda vez que la parte procesal es esencial en materia ambiental, analizaremos los procedimientos principales que aborda la Procuraduría Federal del Ambiente, que es el Organo Desconcentrado de la SEMARNAP, encargado de la aplicación de las leyes del ambiente.

4.1.1. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

De acuerdo con el espíritu de la LGEEPA, contempla los procedimientos relativos a la Inspección y Vigilancia, la Denuncia Popular, el Recurso de Inconformidad, hoy de Revisión de acuerdo a las reformas recientes a la Ley General del Equilibrio Ecológico, y si bien es cierto que contempla en el capítulo relativo a la política ambiental el ordenamiento ambiental del territorio y la Evaluación al Impacto Ambiental y las Auditorías Ambientales, nos parece son en sí mismos procedimientos especiales del ambiente. Pudiéramos deducir de los artículos que perfilan estos procedimientos y que son del 161 al 194 de la ley en comento, que los procedimientos anteriores revisten un carácter y naturaleza totalmente administrativa, y para mayor ilustración, trataremos de esquematizarlos, al momento de abordarlos.

Procedimiento de Inspección y Vigilancia. Fundamento jurídico: artículos 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, LGEEPA.

· Pasos a seguir: Tiene como presupuesto jurídico: verificar el cumplimiento de la ley, y se realiza, ya sea de oficio por parte de la autoridad ambiental, o a petición de parte.

· Personal autorizado: La autoridad en materia ambiental comisiona a su personal para que realice la inspección, a través de un escrito de comisión, en donde especifica la actividad concreta que va a realizar y el lugar y los fundamentos de ésta. El personal autorizado al momento de presentarse al lugar motivo de la inspección, deberá identificarse plenamente y levantar un Acta Administrativa de su visita al lugar inspeccionado, misma que de ser posible firmarán dos testigos del mismo lugar y/o los responsables del lugar motivo de la visita. El acta anterior la entregará a la autoridad ordenadora de la inspección.

· Notificación personal: La autoridad ordenadora notificará personalmente a las partes interesadas en un plazo de 15 días hábiles a partir de que recibe el Acta Administrativa por el personal comisionado, para que éstas aleguen por escrito sus derechos, y ofrezcan las pruebas que sean pertinentes, mismas que recibirá y desahogará la autoridad administrativa, y una vez realizado lo anterior y recabados los alegatos que rindan las partes, sin que existan diligencias pendientes por desahogar, en un plazo de veinte días dictará la resolución administrativa correspondiente, misma que notificará personalmente a las partes en los cinco días siguientes. (véase Esquema I).

ESQUEMA I

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA.
* Supuesto Jurídico:
· Verificación del cumplimiento de la Ley Ambiental.

- De Oficio.
Programa de Visitas de Inspección.

- A Petición de Parte.
Solicitudes de Iniciación.

* Emisión de Visita.

(10 DIAS).
* Realización de Visita de Inspección.

(15 DIAS).
* Para formular por escrito sus derechos y ofrecimiento y desahogo de pruebas.

* Efectos de la visita.
- Existen Irregularidades.
- No Existen Irregularidades.
- No Procede el Procedimiento.
- Medidas de Urgente Aplicación.
- Medidas de Seguridad.

(3 DIAS).
* Presenta por escrito sus alegatos.

* Recibidos alegatos o transcurrido término para presentarlos.

(20 DIAS).
· Dicta Resolución.

(5 DIAS).
* Notificación de la Resolución a las Partes:
- Se allanen a la Resolución.
- Se Inconformen.

(15 DIAS SIGUIENTES).
· Se interpone Recurso de Revisión.

Denuncia Popular. El fundamento jurídico se encuentra contenido en los artículos del 189 al 200 de la LGEEPA.

Este procedimiento se inicia por cualquier persona ante la Procuraduría Federal del Ambiente, o las autoridades ambientales competentes, y puede ser sobre cualquier acto, omisión o hecho, que produzca ó pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente, ó a los recursos naturales.

- Requisitos de procedibilidad.

· Para interponer la Denuncia Popular, será por escrito ó vía telefónica, y ratificarla en los 3 días siguientes, únicamente basta el señalamiento de los datos necesarios que permitan localizar la fuente contaminante, así como el nombre y domicilio del denunciante, para que la Secretaría sin mayor trámite dé inicio a este procedimiento.

· Una vez recibida la Denuncia Popular, la PROFEPA notificará a los interesados, la iniciación del procedimiento para efecto de que hagan valer su derecho de audiencia, y asimismo, notificará a los interesados el trámite que se le dio a su denuncia; a fin de que presenten los documentos y pruebas que a su derecho convenga en los 15 días hábiles siguientes: y

· Puede desprenderse el inicio de un procedimiento de inspección y vigilancia, ó
· La PROFEPA emitirá las recomendaciones pertinentes, mismas que serán públicas, autónomas y no vinculantes, ó
· Si la denuncia no implica violaciones a la normatividad ambiental, ni afecta cuestiones de orden público ó interés social, la PROFEPA, podrá abrir un Procedimiento de Conciliación y se escuchará a las partes involucradas. (véase Esquema II).

ESQUEMA II
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POPULAR.
* Presupuesto Jurídico:

· Acto, Omisión o Hecho que produce o pueda ocasionar desequilibrio o daños al ambiente,
o a los recursos naturales.

l. De Oficio.

II. A Petición de Parte de cualquier persona.

* Notificación Personal a los Interesados:

(15 DIAS).

- A fin de que presenten los documentos y pruebas que a su derecho convenga; y

de la Substantación de la Denuncia:

1. Puede desprenderse el inicio de un Procedimiento de Inspección y Vigilancia; o

2. Si la denuncia no implica violaciones a la Normatividad Ambiental, ni afecta cuestiones
de Orden Público o Interés Social, la PROFEPA podrá abrir un Procedimiento
de Conciliación y escuchará a las partes interesadas;

3. Que siga su curso, hasta culminar con Recomendación de la Autoridad.

* En los supuestos 2 y 3, anteriores, la Autoridad, en caso de que hubiera hechos u omisiones de Autoridad Federal , Estatal o Municipal:

- Presenta Propuesta de Conciliación.

- Emitirá Recomendaciones necesarias.

(15 DIAS):

- La Autoridad informa si la acepta o no.

- Se fija fecha para el cumplimiento.

* Supuesto:

-Cumplimiento de la Recomendación.

- Deficiencias, Errores u Omisiones en el trámite de la Denuncia Popular.

* Segunda Instancia: Ante la “Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

Aquí es importante señalar que el trámite que puede darle la autoridad competente a las denuncias populares interpuestas, puede ser de un simple escrito de carácter administrativo, que no amerite la incoacción de ningún procedimiento, llámese de inspección y vigilancia o el propiamente dicho de denuncia popular, en el primer caso obviamente terminaría con una resolución, y en el de denuncia popular terminaría con una "recomendación", situación grave, que favorece la impunidad en materia del ambiente y que limita la fase jurisdiccional del ambiente mismo, a menos de que la segunda instancia no procediera, puesto que no se aborda el ambiente desde la perspectiva de los Derechos Humanos, sólo quedaría acudir a la Denuncia Internacional en el marco del TLC.

Recurso de Revisión.

Se tramita en los términos de la Ley Federal del Acto Administrativo.

Procedimiento Sumario del Ambiente:

Por último, pudiéramos mencionar la existencia de un procedimiento atípico, contenido en el artículo 170 de la LGEEPA, y relativo a las medidas de seguridad, de carácter sumario, y cuyo presupuesto para realizarse, es el riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, o la salud pública. En estas circunstancias, la Secretaría puede ordenar medidas de plano sobre decomiso de materiales o substancias, clausuras temporales, parciales o totales, y promover posteriormente la ejecución y procedimientos ante las autoridades competentes en tales casos, y que dada su importancia transcribiremos:

"ARTICULO 170.- Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas sus componentes o para la salud pública, la Secretaría fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:
I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones en que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de especies de flora y fauna silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo;

II. El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su material genético, recursos forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios o instrumentos directamente relacionados con la conducta que de lugar a la imposición de la medida de seguridad, o

III. La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos peligrosos generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo.

Asimismo, la Secretaría podrá promover ante la Autoridad competente, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos.

Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental.

Concepto: La evaluación del impacto ambiental (EIA) es una herramienta para generar información ambiental y un proceso analítico para evaluar elementos más comprensivos de costo y beneficio social en cada proyecto de desarrollo.
El procedimiento de la EIA, debe implicar una capacidad práctica para hacer compatibles objetivos de desarrollo económico y social con criterios ambientales.

Ante quien se tramita: Al Instituto Nacional de Ecología, le compete:

1. Formular los instructivos para la presentación del informe preventivo y la manifestación del Impacto Ambiental en sus modalidades general, intermedia y específica.

2. Formular los instructivos para presentar los estudios de riesgo ambiental en sus diferentes modalidades: informe preliminar de riesgo, análisis de riesgo y análisis detallado de riesgo.

3. Analizar, evaluar y dictaminar sobre los proyectos de obra ó actividad de competencia federal.

4. Expedir resoluciones y establecer los términos ó condicionantes mediante las cuales puede realizarse el proyecto ó, rechazarlo por considerar que sus efectos ambientales son adversos al entorno ecológico ó a la población y sus bienes.

5. Emitir comunicado al responsable del proyecto y notificar a la PROFEPA para su seguimiento.

La PROFEPA, tiene entre sus funciones:

1. La realización de actos de inspección y vigilancia.

2. Vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación señaladas en la resolución.

3. Ejecución de medidas de seguridad.

4. Determinación de instrucciones administrativas, de comisión de delitos, sus sanciones, y

5. La atención de procedimientos y recursos administrativos cuando se trate de asuntos de competencia federal.

Contenido de la Manifestación de Impacto Ambiental. (MIA).

I. Datos del organismo proponente.

II. Datos generales del proyecto.

III. Descripción de la obra ó actividad proyectada.

IV. Aspectos generales del medio naturales y socioeconómico.

V. Vinculación con las normas y regulaciones sobre el uso del suelo.

VI. Identificación y descripción de los impactos ambientales que ocasionará la ejecución del proyecto en sus distintas etapas.

VII. Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales identificados.

Obras y actividades que requieren la presentación de la MIA.

I. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y políductos;
II. Industrias del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica;
III. Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las leyes mexicanas y reglamentos del artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear;
IV. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radioactivos;
V. Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil recuperación;
VI. Plantaciones forestales; Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas;
VII. Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas;
VIII. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;
IX. Obras en áreas naturales protegidas de competencia de la federación;
X. Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectadas con el mar, así como en sus litorales ó zonas federales;
XI. Actividades pesqueras, acuícolas ó agropecuarias que puedan poner en peligro de preservación de una ó más especies ó causar daños a los ecosistemas; y

XII. Obras ó actividades que puedan causar graves ó irreparables desequilibrios ecológicos, daños a la salud pública ó a los ecosistemas, ó rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, siempre que dichas otras ó actividades correspondan a asuntos de competencia federal. (véase Esquema III).

ESQUEMA III.
Procedimiento administrativo (MIA).
Procedimiento para la inspección y verificación en materia de Impacto Ambiental.

¿Ante quién se tramita?

Instituto Nacional de Ecología.

Atribuciones de las Autoridades Competentes:

(1) Prepara lineamientos para la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental, en sus modalidades

- General.
- Intermedia, o
- Específica.

(2) Prepara lineamientos para la formulación de los Estudios de Riesgo Ambiental en las siguientes modalidades:
- Informe Preliminar de Riesgo.
- Análisis de Riesgo, o
- Análisis Detallado de Riesgo.

(4) Determina el nivel de manifestación de impacto ambiental y si es necesario formular estudio riesgo.

(6) Analiza y evalúa los posibles efectos adversos y, en su caso, solicita información adicional.

(8) Emite resolución y establece términos o condicionantes mediante los cuales puede realizarse la obra o proyecto por considerar que sus efectos ambientales son adversos al entorno ecológico o a la población y sus bienes autoriza en los términos propuestos. Envía comunicado al promovente y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Seguimiento al cumplimiento de la MIA.

(6A) Integrado el expediente.

(8A) Evaluada la información.

(10) Formula programa de visitas de inspección y verificación con base en los dictámenes.

(11) Prepara ordenes de inspección debidamente fundadas y motivadas.

(12) Realiza visitas de inspección y levanta acta circunstanciada

(13) En caso de identificar irregularidades o incumplimiento de los términos establecidos en el dictamen, se declara clausura temporal, parcial o total.

(15) Formula dictamen técnico, se establecen sanciones y, en su caso, se obliga a la reparación del daño.

¿Que hace el obligado?

Persona física o moral obligado.
Promovente de obra o proyecto.

(3) Presenta informe preventivo.

(5) Presenta la manifestación de impacto ambiental.

(7) Presenta información complementaria.

(9) Informa sobre el inicio de obras y del cumplimiento de condicionantes.

(14) Manifiesta por escrito, en el termino de 10 días hábiles, lo que a su derecho convenga en relación con el acta de inspección.

Consulta Pública.

(6B) Publica la solicitud en la gaceta y diario de amplia circulación en la entidad federativa. (10 días).

(6C) Se pone la manifestación a consulta en la entidad federativa. (20 días).

(6D) Se hace la propuesta de medidas de mitigación y observancia.

(6E) Se integra la observación de la consulta publica.

(6F) Se integra el expediente. (10 días).

Procedimiento de las Auditorías Ambientales.

Concepto: Las Auditorías Ambientales, consisten en la revisión exhaustiva de las instalaciones, procesos, almacenamientos, transporte, seguridad y riesgo, que permitan definir planes de acción, que definan con plazos determinados, las obras, reparaciones, correcciones, adquisiciones y acciones necesarias emanadas del dictamen, estén o no normadas, y se firme por la autoridad y el empresario, garantizando éste su cumplimiento mediante fianza. Entre los mecanismos de las auditorías destacan las a) Normas Voluntarias y b) Los procesos de certificación.

Ante quien se tramita: La Procuraduría Federal del Ambiente en los términos del Reglamento Interno de la SEMARNAP, entre otras facultades.

Contenido:

· Etapa de Gabinete (análisis de toda la documentación).
· Etapa de Campo (verificación del desarrollo de los procesos ).
· Etapa de Valoración Técnica (análisis de carácter técnico jurídico).
· Informe Final (resultado de la auditoría). (véase Esquema IV).

ESQUEMA IV.

ESQUEMA DEL PROCESO DE AUDITORIA AMBIENTAL.
Proceso:
A). Elaboración del oficio de auditoria.

Contenido:
l. Nombre del titular, empresario.
II- Ubicación de la empresa.
III. Objeto de la auditoria.
IV. Duración de la auditoria.

B). Notificación a los empresarios o titulares de la actividad a auditarse.

C). Visitas de auditoria (verificación en presencia del titular interesado.
l. Revisión de autorización y dictámenes.
II. Verificación del cumplimiento de condicionantes, restricciones de los procesos.

D). Verificar el seguimiento y las condicionantes en el campo.

E). Levantamiento de actas o informes.

F). Se somete el acta a las partes y se emiten recomendaciones.

G). Si hay irregularidades:
l. La aplicación de sanciones administrativas (tendrá que agotarse el proceso administrativo).
II. Denuncia de delitos.

4.1.2. Ley Forestal.

El fundamento jurídico se encuentra contemplado en el artículo 44. La Ley Forestal en vigor, en sus procedimientos también parte del supuesto: vigilar el cumplimiento de la Ley Forestal, para lo cual ha instituido dos tipos de acciones: la de visitas de inspección, o la de auditorías técnicas a realizarse en terrenos forestales y/o en centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales.

Inspección y Vigilancia.

Para la realización de este procedimiento, la Ley Forestal marca los lineamientos globales que respecto a la inspección y vigilancia contempla la LGEEPA, es decir, en primer lugar se tiene que comisionar a personal y autorizarlo debidamente a través de una orden escrita en la que se especifique el lugar, objeto y fundamentos de la visita o auditoría.

Es de llamar la atención que en esta Ley Forestal, los procedimientos que contempla, están exentos de una rigurosidad procedimental, por lo que los tiempos del mismo quedan al arbitrio de la autoridad competente, o en su defecto nos remite al reglamento respectivo, y que cada la importancia de éste procedimiento anexamos el procedimiento que sigue la PROFEPA a través de la Dirección de Recursos Naturales.

Esta ley contempla en su artículo 54, el recurso de revocación, que procede obviamente contra cualquier resolución o acto de autoridad, y su objeto estriba precisamente en revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada.

Existen otros procedimientos atípicos, como pudieran ser los relativos a las vedas forestales o a las concesiones y que funcionan, el primero de ellos casi de manera sumaria, es decir, con base en los determinados estudios y actos de autoridad, ésta decide y resuelve sobre la procedencia o no de la veda, por su lado. El segundo de los mencionados encuentra su normatividad a nivel procedimental más específica en el Reglamento de la ley en trato. (véase Esquemas V y VI).

ESQUEMA V.
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA. (FORESTAL).
Programas de visita de inspección.
Emisión de orden de visita.
10 días.
Realización de visita de inspección.
5 días.
Formulación de observaciones y presentación de pruebas.
Efectos de la visita
Sin irregularidades.
- No procede.
- Irregularidades.
- Medidas de urgente aplicación.
- Medidas de seguridad.
10 días.
Emplazamiento.
15 días.
Recepción de pruebas.
10 días.
Acuerdo de admisión.
10 días.
Notificación de acuerdo.
Desahogo de pruebas.
De 3 a 15 días.
Acuerdo de conciliación de desahogo de pruebas.
10 días.
Notificación de acuerdo.(1).
Desahogo de pruebas.
De 5 a 10 días.
Formulación de alegatos.
10 días.
Emisión de la resolución.
10 días.
Notificación de resolución.
15 días. (2).
Recurso de revisión.
5 días.
Acuerdo de admisión de recurso.(3).
Resolver procedencia de recurso.
Resolver solicitud de suspensión.
10 días.
Notificación.
10 días. (4 y 5).
Emisión de resolución.
10 días.
Notificación.(6).
1. El plazo podrá ampliarse por un periodo no menor de 8 ni mayor de 15 días.
2. Posibilidad de ampliación del plazo. (art. 31 de la (.L.F.P.A.).
3. Si no se emite acuerdo en el plazo, se tiene otorgada la suspensión.
4. Si las pruebas ameritan diligencias para su desahogo, se aplicara el art. 51 de la L.F.P.A.5.
5. Puede ampliarse este plazo de 5 a 10 días, para que el recurrente presente alegatos y documentos, cuando existan nuevos hechos que no obre en el expediente. (art. 96 L.F.P.A.).
6. De no resolverse en 4 meses, se confirma la negativa acta.

ESQUEMA VI.
QUE ES LA AUDITORIA TECNICA Y PARA QUE SIRVE.

A) La auditoria técnica forestal:
Es una función de verificación normativa y compete al objeto que cumple la procuraduría federal de protección al ambiente.

B) Sirve para:
* Verificar el cumplimiento de la normatividad forestal vigente.

* Supervisar que los aprovechamientos forestales se realicen sin deterioro de los recursos naturales, es decir, evitar la destrucción o uso indebido o, no autorizado, de los recursos forestales, de la flora y fauna silvestre.

* Sirve para vigilar la preservación de los recursos naturales, en las actividades económicas del subsector forestal en representación del estado y la sociedad.

C) Donde se aplica:
* Con el objeto de corroborar el cumplimiento de la normatividad se sigue el procedimiento administrativo de autorización, control y seguimiento a:

1) Las renovaciones anuales de aprovechamientos autorizados con base a la ley forestal de 1986.

2) Autorizaciones de aprovechamiento forestal maderable con base en la ley de 1992.

3) Autorizaciones de aprovechamiento no maderable.

4) Autorizaciones para cambio de uso de suelo.
ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE AUDITORIA TECNICA FORESTAL
Proceso:

A) Elaboración del oficio de Comisión y la orden de verificación por la delegación de la PROFEPA en los estados y la dirección de inspección y vigilancia forestal de flora y fauna silvestres en oficinas centrales.

B) Notificación a titulares y prestadores de servicios técnicos forestales.

C) Visitas de auditoria (verificación) en presencia del titular y prestador de servicios.

D) Verificar el seguimiento y continuidad a los trabajos de aprovechamiento y restauración.

E) En caso de irregularidades, la aplicación de sanciones administrativas, o la denuncia de delitos ante las autoridades competentes.

Levantamiento de acta.
Contenido:

1. Datos generales.

(Nombre del titular, ubicación del predio tipo de aprovechamiento, especies forestales, cantidad y duración).

2.- Revisión de las autorizaciones y dictámenes.
(Revisión de las normas técnicas y restricciones de protección ecológica).

3.- Verificar la aplicación de las autorizaciones. (comprobar el cumplimiento de las condicionantes y restricciones en los planes de manejo forestal).

4.- Supervisar y verificar las medidas de seguimiento y evaluación del manejo forestal).

5.- Observaciones sobre la condición residual de la masa. (condiciones resultantes del recurso natural forestal posterior al aprovechamiento).

6.- Levantamiento de minutas, actas o informes (procedimiento administrativo).

DESARROLLO DE LA AUDITORIA.

Etapa de gabinete.
1. Generar orden escrita por la autoridad competente.
2. Notificar al titular de la orden de auditoria técnica.
3. Clasificar la auditoria por tipo de aprovechamiento.
A). Aprovechamiento de productos maderables.
B). Autorizaciones de renovaciones anuales.
C). Aprovechamiento de productos no maderables.
D). Cambios de uso de suelo.

Revisión de documentos técnicos autorizados e identificación de aspectos a verificar en campo.
A). Estudios de manejo integral forestal.
B). Programa de manejo forestal.
C). Estudios técnicos justificativos.
- Para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables.
- Para el cambio de uso de suelo.
D). Notificaciones.

Revisión del control y seguimiento de los aprovechamientos.
l. Para autorizaciones vigentes emitidas en base a la ley forestal de 1986.
A). Informes anuales.
B). Informe de cumplimiento de restricciones ecológicas.
C). Informes de movimiento de madera.
D). Relaciones de marqueo.
II.- Para autorizaciones vigentes emitidas en base a la ley forestal de 1992.
A). Informes periódicos sobre el desarrollo y cumplimiento de los programas de manejo.
B). Informes bimestrales de extracción de madera.
C). Informes de ejecución de cambios de uso de suelo.
D). Registro forestal nacional.
E). Informes periódicos del aprovechamiento de productos no maderables.

Información de apoyo.
A). Anualidades o periodos a revisar.
B). Sistemas de muestreo e intensidad.
C). Actividades de producción.
D). Actividades de protección.
E). Actividades de fomento.
F). Actividades de prevención de impactos ambientales.
Etapa de campo.
A). Ubicación física del área corta.
B). Recorridos de observación e implementación del muestreo.
C). Formalización de resultados.
D). Minuta de trabajo.
E). Acta de auditoria o verificación.
F). Conclusión general.
G). Recomendaciones.
- Realizar actividades de restauración.
- Realizar actividades de protección.
- Realizar actividades de fomento.
- Realizar actividades de prevención y mitigación de impactos ambientales.

4.1.3. Ley General de Salud.

Fundamento jurídico: Se encuentra contenido en los artículos 428 al 450 de la Ley General de Salud, en relación con el 396 del mismo ordenamiento legal invocado. La parte procedimental de la presente ley, rompe totalmente con los principios de orden, sistematicidad y coherencia que deben orientar cualquier procedimiento; ya que únicamente contempla actos administrativos previos (siendo una especie de juicios sumarios y/o actos pre-judiciales), y en caso de existir alguna anomalía detectada a través de éstos procedimientos previos (inspección y/o verificación), no existe la incoacción del procedimiento ordinario, sino que directamente se va a la interposición del recurso de inconformidad (Silva, 1990). Sin embargo no olvidemos que la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, es de aplicación supletoria, y en su defecto el Código Federal de Procedimientos Civiles.

- Principios rectores de la aplicación de la Ley.

- Fundamento y motivación, conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República;

- Prioridad a los intereses generales de la sociedad y/o nación, sobre los particulares;

- Observancia de los principios jurídicos y administrativos de: legalidad, imparcialidad, eficacia, economía, probidad, participación, publicidad, coordinación, eficiencia, jerarquía y buena fe.

A) La vigilancia sanitaria:

1. Visitas de verificación que comprenderá la inspección y vigilancia (física y cumplimiento de la Ley).
2. Informes de verificación (de publicidad de las actividades, productos, servicios).

- Naturaleza de la verificación.

1. Ordinarios. Se efectuarán en días y horas hábiles.
2. Extraordinarios. En cualquier tiempo.

- Desarrollo de la verificación.

1. El verificador deberá tener la orden por escrito, en la que se precise el lugar, objeto y alcance de la verificación, y sus fundamentos.
2. Al inicio de la visita, identificarse y dejar copia de la orden al encargado del establecimiento.
3. Proponer al responsable del lugar la designación de dos testigos que estarán durante el desarrollo de la visita.
4. Levantar un acta en la que constarán las circunstancias de la diligencia, las deficiencias o anomalías sanitarias observadas, el número y tipo de muestras tomadas o las medidas de seguridad que se ejecuten.
5. Al término de la diligencia se dará oportunidad a los responsables del lugar de que aleguen lo que a su derecho convenga.
6. Se firma el Acta y se deja una copia a la persona con la que se llevó a cabo la diligencia.

B) Medidas para corregir irregularidades.

Con base en el resultado de la verificación, la autoridad sanitaria podrá decretar las medidas para corregir las irregularidades.

- Según las irregularidades sanitarias que reporte el Acta o Informe de Verificación, la autoridad citará al interesado personalmente para que en un plazo no menor de cinco ni mayor de treinta días, comparezca para:

· Alegar lo que a su derecho convenga.
· Ofrecer pruebas.

- Una vez oídas y desahogadas las pruebas en los cinco días siguientes, se dictará la resolución correspondiente.

- La resolución se notificará personalmente al interesado.
- En caso de que el interesado no acudiere a hacer valer sus derechos y ofrecer pruebas, se seguirá procedimiento en rebeldía.

- Cuando del Acta de Verificación se desprenda la comisión de un delito, la autoridad sanitaria tramitará la denuncia ante el Ministerio Público competente.

C) Recurso de Inconformidad.

- Procedencia del recurso: Contra actos y resoluciones de las autoridades sanitarias.

- Plazo para ejercitar el recurso. Tendrá el recurrente quince días hábiles a partir de la fecha de la notificación.

- Ante qué autoridad se promueve el recurso: Se interpondrá ante la Unidad Administrativa que hubiere dictado el acto o resolución, personalmente o por correo certificado.

- Contenido del recurso de Inconformidad.

1) Nombre y domicilio del recurrente;
2) Hechos objeto del recurso;
3) Fecha en que se tuvo conocimiento de la resolución;
4) Agravios;
5) Autoridad responsable; y
6) Pruebas.

- Substenciación del recurso de inconformidad: Si se admite el recurso, la Unidad sin resolver la admisión de pruebas, en un plazo de treinta días hábiles, emitirá una opinión técnica, y en forma inmediata enviará el recurso a la autoridad competente, quien será generalmente el Titular de la Secretaría de Salud.

Asimismo, el recurso suspenderá las sanciones a que se haya hecho acreedora el recurrente, hasta en tanto no se dicte la resolución correspondiente, y se defina la situación jurídica.

4.1.4. Ley de Aguas Nacionales.
Procedimiento de Denuncia Popular.

Encuentra su fundamento jurídico en el contenido 174. Esta ley otorga la Acción Popular a cualquier persona para denunciar ante el Presidente de la República o el Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos:

1. Las concentraciones de agua que contravengan la presente Ley; y
2. Los actos y omisiones de los servidores públicos y empleados que conforme a esta Ley y reglamentos, sean causa de responsabilidad.

Luego entonces, dada la pobreza de éste procedimiento, estaremos asumiendo el Procedimiento Federal del acto administrativo, de aplicación supletoria.

- Recurso de Revisión.

Tiene por objeto, el recurrir cualquier resolución o acto de autoridad a efecto de confirmar, modificar o revocar dicha resolución.

Esta ley también prevé procedimientos de carácter muy especial, relativo al de vedas y de concesiones, de los cuales únicamente menciona generalidades y ya la reglamentación específica de ellas se encuentra en el Reglamento de la Ley de Aguas de Propiedad Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de abril de 1996, y que obviamente con las reformas recientes hechas a la ley en comento, se ve rebasado sobre todo en lo referente a las nuevas políticas que sobre manejo y tratamiento de agua existen de acuerdo a las reformas que se dieran en 1992.

4.1.5. Ley Federal de Caza.

No contempla procedimiento administrativo alguno para los supuestos de incumplimiento de la ley, ni siquiera acciones de inspección o vigilancia por parte de la autoridad responsable de la aplicación de esta ley.

Como puede observarse, esta ley es una de las más antiguas en su emisión, y por ende, el objeto de su tutela merece una revisión y evaluación en este instrumento jurídico, para que de esta manera pueda adecuarse a la legislación ambiental, en sus leyes sectoriales y general más recientes, toda vez que carece de reglamentación alguna, y a la fecha dicho vacío se cubre con el Calendario Cinegético y el Reglamento de Aves Canoras y de Ornato, la CITES y la NOM-059-ECOL-1994 y decretos de protección especial de alguna de las especies de fauna en peligro de extinción., p.e. el Decreto de la Tortuga Marina.

4.1.6. Ley de Pesca.

Procedimiento de Inspección:

Encuentra su fundamento jurídico en lo establecido en los artículos 22-23 de dicha ley, y el objeto del procedimiento de Inspección, es comprobar el cumplimiento de la ley.

Para la realización del procedimiento de Inspección y Vigilancia, se siguen los lineamientos generales que hemos aludido, existen en otras leyes como la LGEEPA, la Forestal u otras de carácter administrativo, y que consisten en:

· Emisión de la orden de inspección debidamente fundada y motivada.
· Comisión a personal autorizado para llevar a cabo la diligencia;
· Identificación previa que debe hacer el personal para tener acceso a las embarcaciones;
· El levantamiento de un acta circunstanciada firmada por dos testigos designados por el interesado, y
· La entrega de dicho documento a la autoridad ordenadora del acto, para que ésta se encuentre en posibilidades de emitir la resolución correspondiente.

- Recurso de Revisión.

Encuentra su fundamento en lo establecido en el artículo 30 de la ley en comento, y procede contra la resoluciones dictadas por la autoridad pesquera a efecto de confirmarlas, modificarlas o revocarlas, mismo que se debe interponer en los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada, y se interpondrá ante la Secretaría, con expresión de agravios y pruebas, y podrá solicitarse la suspensión del acto de autoridad.

Este recurso resulta ser totalmente atípico desde el punto de vista jurídico, ya que con el escrito de revisión se puedan ofrecer cualquier tipo de pruebas, e incluso documentales, siempre que tengan relación en los fundamentos de la reclamación, para la substanciación del recurso, la ley nos remite a su Reglamento.

No podemos dejar de comentar esta situación procesal que contempla la Ley Federal de Pesca, tomando en consideración que prácticamente el recurso de revisión se convierte en otro procedimiento ordinario más, en lugar de representar desde el punto de vista técnico procesal, un recurso, cuyo objeto sería el analizar las constancias de prueba que existieron durante la secuela procesal ordinaria, para poder determinar si la autoridad inferior aplicó correctamente la ley, la Constitución, la Doctrina y los principios generales de Derecho en su caso, tal y como se han pronunciado los procesalistas de nuestro ordenamiento jurídico.

4.1.7. Ley General de Asentamientos Humanos.

No contempla procedimiento administrativo alguno en caso de incumplimiento e inobservancia de la ley en comento. En éste orden de ideas, aplicaremos la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

4.1.8. Ley de Metrología y Normalización.

No contempla un procedimiento administrativo que reúna la legalidad, sino únicamente trata de garantizar el derecho de audiencia, y contempla un Recurso Administrativo contra las resoluciones en el que se pueden ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la confesional.

Por constituir las Normas Oficiales Mexicanas uno de los instrumentos más importantes para la aplicación de la política ambiental general en nuestro país, consideramos necesario presentar el contenido de las mismas debido a que las actividades y servicios que originen emanaciones, emisiones, descargas o depósitos que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o producir daño al ambiente o afectar los recursos naturales, la salud, el bienestar de la población o los bienes propiedad del estado o de los particulares, deberán observar los límites y procedimientos que se fijan en las Normas Oficiales Mexicanas, las cuales pueden definirse como:

El conjunto de reglas científicas o tecnológicas emitidas por la Secretaría, que establezcan los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites posibles que deberán observarse en el desarrollo de actividades, o uso y destino de bienes que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente y además que uniformen criterios, principios, políticas y estrategias en la materia”.

- Contenido de las Normas Oficiales Mexicanas.

1. La denominación de la norma, su clave y, en su caso, la mención de las normas en que se basa;
2. La identificación del producto, servicio, método, proceso, instalación o, en su caso, del objeto de la norma;
3. Las especificaciones y características que correspondan al producto, servicio, método, proceso, instalación o establecimiento que se señalen en la norma en razón de su finalidad;
4. Los métodos de prueba aplicables y, en su caso, los de muestreo;
5. Los datos y demás información que deban contener los productos o, en su defecto, sus envases o empaques, así como el tamaño y características de las diversas indicaciones;
6. El grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales;
7. La bibliografía que corresponda a la norma;
8. La mención de la o de las dependencias que vigilarán el cumplimiento de las normas cuando exista concurrencia de competencias, y
9. Las otras menciones que se consideren convenientes para la debida comprensión y alcance de la norma.

4.1.9. Ley Federal del Mar.

No contempla ningún procedimiento de carácter administrativo.

4.1.10. La Jurisdicción Internacional Ambiental.

Por la vía del consenso principista y partiendo del análisis exegético de todos y cada uno de los Instrumentos Internacionales que México ha suscrito en materia ambiental podemos ubicar que la mayoría de ellos no establecen jurisdicciones especiales, salvo el T.L.C., y, si acogen las siguientes vías en caso de conflicto en la aplicación de los tratados ó por controversias que surjan con motivo de su aplicación:

a) Priorizan la resolución vía la búsqueda de mecanismos “Conciliadores entre las partes”,
b) En caso de no llegar a acuerdos vía el consenso, entonces asumen “el arbitraje” entre las partes y, en caso de que éste tampoco funcione,
c) Se acude a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.

Es pertinente señalar, que además el código federal de Procedimientos Civiles tiene un apartado relativo a la Cooperación Internacional que también pudiera aplicarse en caso de litigios. Dada la importancia del T.L.C. abordaremos a grandes rasgos su procedimiento, en la inteligencia de que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. ya elaboró una guía con anterioridad relativa al procedimiento que se instaura en los términos del instrumento internacional firmado por nuestro país.

A manera de comentarios finales del presente capítulo, mencionaremos:

Los lineamientos procesales en materia ambiental a excepción de la Denuncia Popular, son complicados y requieren de un entrenamiento jurídico para su incoación y seguimiento, toda vez que al igual que el Derecho Sustantivo Ambiental, son de naturaleza integrativa y horizontal puesto que abarcan conceptos procesales y doctrinarios de derecho penal, civil, administrativo, constitucional y del proceso mismo.

No obstante lo anterior, es una herramienta que los grupos ambientalistas necesitan manejar para poder ser más efectivas en la defensa de bienes ambientales de interés público, luego entonces el reto siguiente será el capacitar a grupos ciudadanos y ambientalistas en el uso y manejo práctico de la guía.

“ La historia de la libertad, ha sido en gran medida, la historia de la observancia de las seguridades procesales”.

Las agencias gubernamentales y las legislaturas toman decisiones críticas sobre el medio ambiente. En un número cada día mayor de países en el mundo, los ciudadanos están obteniendo el derecho a participar en la toma de estas decisiones. Es así, como los ciudadanos que participan en la toma de decisiones en materia ambiental tienen la oportunidad de influir en la calidad del aire que respiran, en la cantidad de contaminantes que se vierten al agua y en la manera en cómo se utiliza la tierra. La participación ciudadana, con frecuencia, redunda en la toma de mejores leyes ambientales por parte de los gobiernos ya que los ciudadanos aportan valiosa información. Al mismo tiempo, las agencias gubernamentales, al saber que sus decisiones van a ser revisadas por los ciudadanos son más susceptibles a tomar en consideración los asuntos importantes y a tomar mejores decisiones. La participación ciudadana también fortalece la democracia participativa y hace al gobierno más responsable frente al público.

El presente capítulo estudia los procedimientos administrativos de participación ciudadana en Estados Unidos. La Ley Federal del Procedimiento administrativo gobierna el procedimiento de la toma de deciciones de la agencia federal. La legislación federal establece que las agencias federales deberán permitir a los ciudadanos elaborar comentarios acerca a algunas decisiones de éstas.

Algunas otras leyes federales incluyendo la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) y la Ley del Aire Limpio (Clean Air Act) establecen que las agencias deberán notificar a los ciudadanos de las propuestas de permisos para la
descarga de contaminantes al ambiente. Los ciudadanos también tienen la oportunidad de hacer comentarios a los permisos propuestos que se encuadran en estas leyes. Otra de las leyes federales, la Ley Nacional de Política Ambiental (National Environmental Policy Act), establece que las agencias gubernamentales deberán permitir la participación pública en diversas etapas de la preparación de las manifestaciones de impacto ambiental.

Además de las ateriores, existen otras leyes que fomentan la participación pública en la toma de deciciones de gobierno permitiendo a los ciudadanos asistir a algunas sesiones gubernamentales. La Ley “Sunshine” (Sunshine Act) establece que ciertas sesiones deberán estar abiertas al público. La Ley Federal del Comité de Asesoría (Federal Advisory Comitee Act) requiere que casi todas las sesiones de los comités de asesoría estén abiertas al público.

Un factor importante en la participación pública es el acceso a la información. De esta manera, este capítulo tambien analiza la Ley sobre la Libertad de Información (Freedom of Information Act) y la ley de Planeación de Emergencias y el Derecho a Saber de la Comunidad (Emergency Planning and Community Right -to-Know Act) los cuales dan a los ciudadanos acceso a la infomación y los medios para participar significativamente en el proceso de toma de decisiones.

Finalmente, este capítulo analiza el proceso de iniciativas de ley que existe en algunas de las legislaciones estatales. Este proceso permite a los ciudadanos participar directamente en la función de gobierno creando leyes obligatorias a través del voto popular directo, en las urnas, de las propuestas de ley.

La última parte de este capítulo describe dos ejemplos que ilustran cómo estas leyes han ayudado a los ciudadanos a participar en la toma de deciciones gubernamentales.

5.1. ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL ESTADOUNIDENSE RELACIONADA CON LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA AMBIENTAL.

Esta parte del capítulo está enfocado a las leyes federales de Estados Unidos. Sin embargo, es importante analilzar algo de legislación estatal para entender mejor la toma de decisiones en materia ambiental en Estados Unidos. Por lo tanto, esta parte dará un esquema de la estructura y proceso legislativo gubernamental a nivel federal y estatal..

5.1.1.- GOBIERNO FEDERAL.

El Gobierno federal estadounidense tiene tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo. El Poder Ejecutivo está integrado por el Presidente, Vicepresidente, el Gabinete presidencial, los departamentos federales y algunas agencias federales. Varios de los departamentos y agencias federales se encargan de implementar y aplicar las leyes ambientales de carácter federal. Las agencias más importantes en materia de derecho ambiental son: el Consejo de Calidad Ambiental (Council of Environmental Quality) que se encarga de la aplicación de la Ley Nacional de Política Ambiental (LNPA) y la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency), que se encarga de la implementación de la Ley del Aire Limpio, la Ley del Agua Limpia, la Ley de Agua Potable (Safe Drinking Water Act), la Ley Sobre la Conservación y Recuperación de los Recuros (Resource Conservation and Recovery Act), la Ley de Respuesta, Compensación y Responsablidad Ambiental (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act), la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (Toxic Substances Control Act) y la Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Raticidas (Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act). De acuerdo a la LNPA, la Agencia de Protección Ambiental (APA) también revisa y comenta las acciones de otras agencias gubernamentales. Existen otros departamentos y agencias gubernamentales que juegan un papel importante en la aplicación de la legislación ambiental. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura (Department of Agriculture) se encarga de todo lo relacionado con la conservación del suelo y el manejo de los bosques. La Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (National Oceanic and Atmospheric Administration) se encarga del manejo de la zona costera, la contaminación del aire y los mamíferos marinos. Los Cuerpos Armados de Ingenieros (Army Corps of Engineers) se encargan de los referente a aguas navegables y descargas al mar. El Departamento de Energía (Department of Energy) se encarga de todo lo relacionado con cuestiones de energía. El Departamento del Interior (Department of the Interior) se encarga de todo lo relacionado con especies en peligro de extinción, tierras de jurisdicción federal y de la plataforma continental. La Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration) se encarga de lo relacionado con el ruido producido por aeronaves. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development) se encarga de algunas cuestiones de suministro de agua. La Comisión de Regulación Nuclear (Nuclear Regulatory Comission) comparte responsabilidades con la APA en lo que se refiere al control de la radiación. El Guardacostas de los Estados Unidos ( U.S. Coast Guard) y la Comisión Marítima Federal (Federal Miritime Comission) tienen responsabilidad compartida en lo que se refiere al control de la contaminación del agua que proviene del petróleo y otras sustancais peligrosas.

El Poder Legislativo recae en el Congreso. El Congreso de los Estados Unidos promulga Leyes Federales. Este está dividido en dos Cámaras: La Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. La Constitución de los Estados Unidos le otorga al Congreso la facultad de regular el comercio interestatal. Es a través de esta facultad que el Congreso ha promulgado la mayoría de las leyes federales en materia ambiental.

La tercera rama del gobierno federal es la judicial. La Constitución de los Estados Unidos reviste de este poder a la Suprema Corte y cualquier otra corte de menor jerarquía que establezca el Congreso (Constitución de los Estados Unidos, Art. III, s.1). El Congreso ha creado un sistema de cortes de distrito y cortes de apelación. La Suprema Corte ocupa el primer lugar jerárquico dentro del sistema y sus decisiones son obligatorias para todas las cortes inferiores. Las decisiones de las cortes de apelación (llamadas también cortes de circuito) son obligatorias para todas las cortes inferiores que pertenecen al mismo circuito. Por ejemplo, las decisiones de la Corte de Apelación del Noveno Circuito no son obligatorias para una corte del quinto circuito, aunque sean convincentes para el juez del noveno circuito.

5.1.2.- GOBIERNO ESTATAL.

Todas las facultades no otorgadas por la constitución al gobierno federal se entienden reservadas al gobierno de los estados. El gobierno estatal está dividido en los mismos poderes en que se divide el gobierno federal. Cada Estado tiene su propia Constitución. Casi todos los estados han promulgado leyes en materia ambiental de carácter estatal.

Las cortes estatales han jugado un papel importante en el desarrollo del derecho ambiental en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la mayoría de las leyes ambientales modernas son estatuarias. Sin embargo, antes de que el Congreso de los Estados Unidos promulgara estatutos concretos sobre cuestiones ambientales a fines de los años 60´s, los jueces en las cortes estatales controlaban algunos aspectos sobre contaminación a través del derecho consuetudinario (common law). La tradición del derecho consuetudinario viene de lascares de Inglaterra. Cada Estado ha desarrollado su propio derecho consuetudinario. Así, la ley de un estado no se aplica en otro. Más aún, dentro del mismo estado la ley puede ser diferente de un distrito judicial a otro. Este sistema es similar al de las cortes federales descritas anteriormente.

Las personas han invocado el derecho consuetudinario para proteger el medio ambiente. En términos generales, las personas ejercitan una acción para proteger su propiedad o persona. Los principios del derecho consuetudinario más aplicados en el derecho ambiental son: el principio de daño o perjuicio, de transgredir limites ilegalmente, de negligencia y de estricta responsabilidad. Los primeros dos, es decir, el de daño o perjuicio y el de transgresión de límites se originan en el derecho que tiene la persona de usar y gozar lo que es de su propiedad. Los últimos dos, es decir, el de negligencia y el de estricta responsabilidad son para proteger a la persona de cualquier daño o para compensarla, indemnizarla en caso de un daño causado.

5.2.- LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA.

La Ley Federal del Procedimiento Administrativo (LPA) en su 5 U.S.C: ss551 et sec., define el concepto de reglamentar como “el proceso de la agencia para formular, enmendar o derogar una norma reglamentaria” (5 U.S.C. s 551(5)). En la mayoría de los casos, el proceso reglamentario se desencadena por la promulgación de una nueva ley o estatuto que requiere ya sea una nueva reglamentación o la derogación de reglamentos ya existentes. Las leyes en general y particularmente las leyes ambientales, usualmente establecen objetivos o políticas generales. Como resultado de ello, toca a las agencias establecer regulaciones o reglamentos que sean más específicos para hacer aplicable la ley. La Ley del Procedimiento Administrativo da a los ciudadanos el derecho de pedir que se “elabore, enmiende o derogue un reglamento”. (Id. at 553 (e)).

La LPA no contiene procedimientos específicos que contemplen la forma en cómo han de responder las agencias a las peticiones por parte de los particulares, por lo tanto, es necesario desarrollarlos.. En algunos casos, una ley concreta especifica cómo debe la agencia gubernamental dar respuesta a las peticiones de ciudadanos. Por ejemplo, la Ley de Control de Sustancias Tóxicas, establece que la APA deberá responder afirmativa o negativamente la petición de un ciudadano para la elaboración de un reglamento dentro de los 90 días siguientes. 15 U.S.C. s 2620 (b)(3). Si la APA responde afirmativamente, la agencia deberá iniciar el procedimiento prontamente. Si la respuesta es negativa, la APA deberá publicar las razones en el periódico oficial federal (Federal Register), y el peticionario tiene el derecho de acudir a un proceso judicial en una corte federal (Id. at s. 2620 (b)(3)-(4)).

La LPA regula el procedimiento de la actividad reglamentaria desarrollada por las agencias federales y requiere a las agencias para que desarrollen los reglamentos correspondientes, ya sea a través del procedimiento de reglamentación “formal” o “informal”. Una agencia deberá utilizar el procedimiento de reglamentación formal cuando el Congreso así se lo indique. En el presente capítulo no se analizará esta forma de elaboración de reglamentos debido a que son pocos los casos en los que el Congreso se lo requiere a una agencia. Por lo tanto, el capítulo se centrará en el proceso informal de elaboración de reglamentos para las leyes ambientales de carácter federal.

Uno de los aspectos más importantes del procedimiento informal es que la LPA establece que la agencia deberá “notificar y comentar” al los ciudadanos cualquier propuesta de reglamentación nueva o de cambios a la ya existente. La agencia debe notificar a los ciudadanos cualquier propuesta nueva, enmienda o derogación de un reglamento y los ciudadanos deben tener la oportunidad de hacer comentarios a la propuesta. Por esta razón, a esta forma de reglamentar se le llama también procedimiento de “notificación y comentario”. La LPA describe específicamente el contenido de la notificación y el procedimiento de comentarios. También le da a la agencia la facultad discrecional de sostener una audiencia pública.

5.2.1.- Procedimiento de notificación y comentario.

En la mayoría de los casos, las agencias elaboran un proyecto de reglamento o de reforma o derogación de uno ya existente sin consultar previamente al público. Sin embargo, antes de que este anteproyecto pueda considerarse un proyecto final la agencia debe hacer una notificación pública para personas que posiblemente podrían estar interesadas en él. La LPA estipula que la agencia debera publicar la notificación en el diario oficial (Federal Register), publicación gubernamental diaria en la que se publican todas las propuestas de regulación y reglamentos finales. Si la agencia publica la notificación, cumple con la obligación que le marca la ley, sin embargo, la mayoría de las agencias gubernamentales reconocen que son pocos los ciudadanos que leen esta publicación, por lo que tienen listas de organismos no gubernamentales, grupos industriales y ciudadanos que están interesados en las actividades de la agencia gubernamental concreta.

La notificación debe incluir “el tiempo, lugar y naturaleza del procedimiento público para la elaboración de la norma reglamentaria; deberá hacer referencia al fundamento legal de la propuesta; el contenido de la propuesta y los aspectos relacionados con ella (s.553 (b)(1)-(3)). La LPA sólo requiere que la agencia incluya en la notificación incluya los términos en los cuales se propone y la esencia de la misma o una descripción del objeto y los aspectos relacionados con la propuesta. Para protegerse de posibles litigios que versen sobre si la notificación reunió los requisitos establecidos por la ley o no, las agencias publican en la notificación el texto completo de la propuesta

La agencia gubernamental debe publicar cuál será el periodo de tiempo durante el cual recibirá comentarios por escrito y los requisitos que deberán reunir dichos escritos. La LPA no establece el tiempo en el que los ciudadanos podrán elaborar comentarios, sin embargo, las agencias han establecido que se deberá dar a los ciudadanos un tiempo “razonable”. Algunas leyes si establecen un mínimo de tiempo con el que deberán contar los ciudadanos para elaborar sus comentarios. Por ejemplo, la Ley de Agua Potable establece un periodo mínimo de 60 días para elaborar comentarios respecto a algunos reglamentos (42 U.S.C.s. 1395hh(b)(1)). Los ciudadanos pueden pedir que se extienda el término y la agencia puede otorgar o negar discrecionalmente dicha petición .

La LPA estipula que en el proceso informal de elaboración de reglamentos, las agencias “deberán dar la oportunidad de participar en el proceso de reglamentación a personas interesadas a través de la entrega de escritos que contengan información, puntos de vista y argumentos con o sin la oportunidad de la presentación oral de éstos” (5 U.S.C. s553 (c)). La LPA otorga a la agencia la facultad discrecional de decidir si se celebra o no una audiencia pública., Algunas leyes, como en el caso de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (Resource Conservation and Recovery Act) establecen que la agencia deberá llevar a cabo audiencias públicas .42 U.S.C. s 6924(a).

Una audiencia pública puede beneficiar tanto a la agencia como al público. Los ciudadanos se quedan satisfechos por haber tenido la oportunidad de externar sus opiniones en forma directa a las agencias. En algunas audiencias, las agencias dan a los ciudadanos la oportunidad de hacer preguntas con el fin de responderlas. La oportunidad de hacer preguntas permite que a través del diálogo se dé respuesta a cuestiones no resueltas. Además de lo anterior, las audiencias también abren la oportunidad de que los ciudadanos expresen sus sentimientos y emociones, lo que no es posible a través de los comentarios escritos. Por otra parte, para aquellos que no tienen la habilidad de escribir en forma efectiva, las presentaciones orales son la única forma en la que pueden comunicarse. La agencias se benefician al recibir más información del público que las asista en la toma de decisiones.

Las cortes han establecido el criterio de que las agencias deberán poner al alcance de los ciudadanos todos aquellos documentos o propuestas sobre las cuales se basa la propuesta de reglamento para que se hagan comentarios. Este criterio es especialmente aplicado en aquellos reglamentos que tratan sobre cuestiones complejas de bases científicas. Por ejemplo, cuando la APA publicó el reglamento final que regulaba los estándares de emisiones y afirmó que el reglamento estaba basado en los resultados de pruebas que no se hicieron del conocimiento público, una corte determinó en su fallo que el hecho de no haber permitido que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de hacerle comentarios a los resultados de estas pruebas constituía un “defecto crítico” en el proceso reglamentario. La corte estableció que “ no estaba en acordes con el proceso de reglamentación, el promulgar reglamentos cuyas bases se fundaban en datos inadecuados o información que sólo conoce la agencia” Por el contrario, si la agencia utiliza documentos que no fueron accesibles para el público, pero cuyo contenido solamente explaya o confirma lo mencionado en la notificación, la corte podrá sostener el reglamento elaborado. La corte diferenció el presente caso del primero, señalando que en el primer caso la agencia se baso en información totalmente nueva que además era crítica para el reglamento.

5.2.2.- Registro.

El desarrollo de un registro de información y documentos utilizados por las agencias en los proceso de elaboración de las normas reglamentarias es “un factor crítico para hacer que la participación ciudadana sea significativa en el proceso de reglamentación.” De ahí que es sorprendente el hecho de que la LPA no establezca la obligación de la agencia para guardar un registro del proceso de reglamentación. Sin embargo, las cortes sí requieren que las agencias preparen ese registro, toda vez que es imposible determinar si la agencia obró en forma caprichosa o arbitraria sin que la agencia aporte el multicitado reporte o registro. En un caso donde una agencia gubernamental trato de justificarse con racionalizaciones posteriores al proceso reglamentario, la corte falló que la agencia había actuado en forma arbitraria.

La LPA no establece un término para la publicación del reglamento final después de haber terminado la etapa de comentario, Esta ley sólo estipula que las agencias deberán concluir la materia dentro de “un periodo razonable de tiempo”.(5 U.S.C.s.555(b)). A pesar de lo anterior, la una corte si podrá exigirle a una agencia que complete el proceso reglamentario cuando a su juicio se ha “retrasado injustificablemente”.

5.2.3.- Revisión Judicial.

La LPA permite la revisión judicial de los reglamentos elaborados por las agencias (s. 701-706). Cualquier persona (ya sean individuos, corporaciones, organizaciones públicas o privadas) que sufre un daño legal o es afectado por algún acto de la agencia gubernamental basado en cualquier estatuto de un reglamento elaborado por la misma agencia, tiene el derecho de una revisión judicial ( s. 702).

5.3.- PERMISOS OTORGADOS POR AGENCIAS.-

Un permiso es un documento de carácter obligatorio que establece las condiciones bajo las cuales una persona o empresa debe operar y las clases y tipos de contaminantes que puede emitir. Dichos permisos pueden incluir obligaciones de reportes que se deben seguir y guardar así como inspecciones a las que deban sujetarse. Un permiso puede autorizar a una persona o empresa contaminar, pero establece las condiciones para contaminar y para monitorear dicha contaminación. Por lo tanto, los ciudadanos deben participar en la decisión de otorgar o no un permiso así como qué condiciones deber incluírse en el mismo.

5.3.1.- Procedimiento a seguir en el otorgamiento de permisos.

Varias de las leyes ambientales de Estados Unidos establecen que la agencia debe notificar al público que se ha solicitado un permiso y en algunos casos se estipula que se debe dar la oportunidad de audiencias públicas. Por ejemplo, la Ley de Agua Potable (Clean Water Act), establece que la APA deberá de hacer una notificación pública dentro de los 15 días siguientes a la recepción de una solicitud para un permiso, cuando éste sea para descargar contaminantes a las aguas de los Estados Unidos o dragar y rellenar de material espacios acuáticos.

La agencia puede notificar al público de la slicitud de un permiso para emitir contaminantes, una vez elaborado el proyecto de permiso. La notificación debe contener los datos de quién pide el permiso, el domicilio de la persona o empresa que lo pide y una descripción de las emisiones anteriores de quien está solicitando el permiso.

Las leyes ambientales no otorgan el derecho a los ciudadanos de hacer comentarios sobre las solicitudes de los permisos. Sin embargo, las agencias gubernamentales sí les dan a los ciudadanos la oportunidad de hacerlo, aunque otorgan este derecho a través de los reglamentos internos de éstas. Por ejemplo, la APA le da al público 30 días para hacer comentarios por escrito a las solicitudes de permisos. Para la emisión de permisos que se rigen bajo la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (Resource Conservation and Recovery Act) da 45 días para elaborar dichos comentarios.

De la misma manera, las leyes ambientales no establecen que se deban celebrar audiencia públicas antes del otorgamiento de permisos, pero las agencias sí lo hacen. El el caso del vertimiento de contaminantes al agua, los ciudadanos pueden pedir que se celebre una audiencia pública y la agencia debe celebrarla cuando exista “un grado significativo de interés público en el proyecto de permiso”.

En el caso de permisos otorgados bajo la Ley de Conservación y Recuperación de los Recursos (LCRR) la APA tiene la obligación de tener una audiencia pública cuando reciba comentarios por escrito que se opongan al proyecto de permiso y que soliciten la audiencia. La agencia se reserva discrecionalmente el derecho de establecer el tiempo que otorgará a cada persona para que rinda su testimonio.

5.3.2.- Cumplimiento.

Los estatutos de las leyes ambientales con frecuencia contienen estipulaciones que permiten a los ciudadanos acudir a juicio para pedir el cumplimiento de las condiciones establecidas en un permiso. Por ejemplo, la Ley de Agua Potable (Clean Water Act) otorga a los ciudadanos el derecho de exigir niveles de flujo y limitaciones que deben incluirse en los permisos que se otorgan en esta materia (33U.S.C. s. 1365(a)). La Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) otorga a los ciudadanos el derecho de exigir determinados niveles de emisiones y limitaciones a ellas (U.S.C. s. 7604(a)). La LCRR permite que los ciudadanos exijan “cualquier permiso, nivel, condición, requisito, prohibición u orden” establecida de acuerdo a la LCRR (42 U.S.C. s. 6972(a)(1)(A)).

La exigencia ciudadana del cumplimiento de la legislación ambiental es una forma muy efectiva de participación ciudadana para proteger el medio ambiente. Con frecuencia, cuando las agencias han decidido omitir procesar a una corporación que contamina, los ciudadanos pueden exigir responsabilidad de quien ha violado la ley. Este capítulo no trata de la participación ciudadana en el cumplimiento de la legislación ambiental, para más información a cerca del tema consúltese a Michael D. Axline, Environmental Citicen Suits (1991).

5.4.- LEY NACIONAL DE POLÍTICA AMBIENTAL (National Environmental Policy Act).

La Ley Nacional de Política Ambiental (LNPA) (42U.S.C. s.s 4321 et seq.) regula el procedimiento que debe seguirse en las evaluaciones de impacto ambiental en Estados Unidos. Las agencias tienen la obligación de elaborar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) “para cualquier propuesta legislativa o cualquier acción de importancia a nivel federal que pueda afectar el medio ambiente humano en forma significativa”. (s.4332(C)).

Esta parte del presente capítulo sólo analizará las medidas contempladas por la LNPA relacionadas con la participación pública. Como ha sucedido con otras leyes que contemplan la participación pública, la LNPA ha sido catalogada como una ley de carácter procesal. A pesar de que esta ley no establece que las agencias deben llegar a una conclusión concreta basada en los comentarios de participación ciudadana, sí permite que los ciudadanos participen y tengan influencia dentro del proceso de toma de decisiones. De hecho, la participación pública es una de las partes más importantes dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Debido a que los procedimientos contemplados por la LNPA son de importancia medular, las cortes exigen el estricto cumplimiento de dichos procedimientos: “Para preservar la eficacia de la LNPA, es necesario que las cortes exijan el estricto cumplimiento en lo que se refiere a las medidas procesales y de revelación de información contempladas por la ley . Las cortes, de igual manera, deberán exigir el estricto cumplimiento de todas los reglamentos que rigen su aplicación.”

En los Estados Unidos los ciudadanos participan en todas las etapas de la evaluacion de impacto ambiental (EIA). Aunque la LNPA no estipula dicha participación, el Consejo de Calidad Ambiental (CCA)(Council of Environmental Quality) establece a través del reglamento de la ley en comento que las agencias deberán facilitar la participación ( 40 C.F.R.s.s 1500-1517). Una agencia debe notificar a los ciudadanos la intención de preparar una MIA, de tal manera que los ciudadanos puedan ayudar a determinar qué impactos y alternativas deben ser evaluadas en dicha MIA. Los ciudadanos pueden acudir a los tribunales para cuestionar si la MIA elaborada es adecuada .

5.4.1.- Notificación.

Primeramente, la agencia deberá notificar a los ciudadanos que tiene el propósito de realizar una manifestación de impacto ambiental (40 C.F.R. s.1501.7). la LNPA establece que las agencias deberán informar a los ciudadanos que pretenden elaborar una EIA después del proceso de selección preliminar, pero antes de definir el campo de trabajo sobre el cual se elaborará la EIA (1501.7). Al hablar del proceso de definición del campo de trabajo de la EIA se refiere al “alcance de las cuestiones que se tratarán, para identificar todos los aspectos de importancia que pudieran estar relacionados con la acción propuesta”. Si la agencia toma la determinación de no elaborar una MIA, deberá notificar a los ciudadanos de dicha decisión (s. 1501.4(e)(1)).

Los ordenamientos que rigen a la CCA, le exigen la notificación pública dentro del procedimientos contemplado por la LNPA. Todas las agencias deberán hacer una notificación pública de todas las audiencias, reuniones públicas y de los documentos de carácter ambiental a los que se pudiera tener acceso, con el fin de informar a todas aquellas personas y agencias que pudieran estar interesadas o afectadas (1506.6(b)). Si una acción pudiera tener efectos de interés nacional, la agencia deberá publicar la notificación en el periódico oficial (Federal Registre) y notificar por correo a organizaciones nacionales
que pudieran estar interesadas en la materia. En el caso de que la EIA requiera de un proceso legislativo, deberá notificar por correo a las organizaciones nacionales que hubieran pedido se les notificara de tales cuestiones, para ello, las agencias deberán mantener una lista de tales organizaciones (1506.6 (b)(2). En el caso de aciones que principalmente pudieran tener efectos de carácter local, la notificación “podrá” publicarse en los periódicos locales o notificar a las organizaciones que pudieran estar interesadas de la comunidad de que se trata a través de los medios de comunicación locales o de otros medios (1501.4(e)(1)).

Los ciudadanos también pueden participar en el proceso de identificación del campo de acción de la EIA, por lo que la agencia junto con los ciudadanos identificarán cuáles son problemas más importantes, las alternativas y los impactos que se deberán tratar la MIA (s. 1501.7(a)(1)).

Después del proceso anterior, la agencia deberá preparar un proyecto de MIA. Posteriormente, la agencia deberá pedir a los ciudadanos interesados comentarios sobre el proyecto elaborado (1503.1(a)). Una vez recibidos los comentarios la agencia deberá responder por escrito todos aquellos comentarios razonables (s. 1503.4(a)). Su respuesta deberá ser cualquiera de las siguientes:
1. Modificar las alternativas de tal forma que se incluya la acción propuesta.
2. Desarrollar y evaluar alternativas a las que la agencia no les había dado importancia.
3. Añadir, mejorar o modificar el análisis hecho.
4. Hacer correcciones a los hechos expuestos.
5. Explicar por qué los comentarios hechos no ameritan mayor respuesta por parte de la agencia, citando fuentes, autoridades y razones que fundamenten su posición y, si se considera pertinente, mencionar qué circunstancias podrían generar una reconsideración o mayor abundamiento en la respuesta de la agencia.(ibidem).

Mas aún, todos los comentarios de importancia que recibió el proyecto de MIA, deberán adjuntarse al proyecto final (1503.4(b)).

5.4.2.- Revisión Judicial.

La LPA contempla la posibilidad de que los ciudadanos objeten la MIA en las cortes (5U.S.C. s.702). Por lo general los ciudadanos objetan en juicios las MIA por la razón de que no se consideró un rango razonable de alternativas o de que las medidas para mitigar las consecuencias no son las adecuadas. Los ciudadanos también pueden objetar judicialmente las MIA por no haber existido una participación pública adecuada.

5.4.3.- Información disponible.-

Para que la participación ciudadana contemplada por la LNPA sea realmente importante, existen una serie de documentos que deben estar a disposición del público de acuerdo a la Ley de Libertad de Información. Los ciudadanos tienen derecho al “ acceso a las Manifestaciones de impacto ambiental (MIA), a los comentarios recibidos con motivo de éstas y a los documentos que las respaldan ” (Freedom of Information Act)(40C.F.R. s.1506.6(f)). También se tiene acceso al proyecto final de la MIA(s.1502.).19. En otras palabras, las agencias deben proporcionar al público el acceso a toda la información relevante a los proyectos que han sido sujetos al proceso de EIA incluyendo el proyecto mismo, los comentarios recibidos y cualquier otro documento de substanciación (s.1506.6(f)). En el punto 5.6 se proporcionará mayor información a cerca de la Ley de Libertad de Información.

5.4.4.- Tiempo.

El procedimiento de EIA debe iniciarse lo antes posible para asegurar que la planeación y las decisiones efectivamente reflejen interés por el medio ambiente y se evalúen todas las alternativas posibles.(s. 1501.2). La normatividad de la CCA establece que “el proceso deberá ser anticipado y abierto para poder determinar las cuestiones que deben abordarse y los problemas significativos relacionados con la acción propuesta”(1501.7). Durante el proceso de determinación del campo de acción y los alcances de la MIA la agencia tiene la obligación de “invitar a participar a ...todas las personas interesadas, incluyendo a aquéllas que pueden no estar de acuerdo con el campo de la acción ambiental” (s.1501.7(a)(1)):

La normatividad de la CCA promueve la preparación de una MIA en las primeras etapas del proceso de planeación.Así, establece lo siguiente: “La agencia deberá comenzar a preparar una MIA lo más cercano posible al tiempo en que la agencia presente una propuesta ... la MIA deberá hacerse de tal forma que constituya una contribución importante en el proceso de toma de decisiones, y que no se utilice como elemento para racionalizar o justificar decisiones que ya fueron tomadas” (s.1502.7).

5.4.5.- Audiencias públicas.

La normatividad de la CCA estipula que las agencias “deberán promover o celebrar audiencia públicas cuando sea apropiado”(1506.6(c)). Una agencia deberá celebrar una audiencia pública cuando los ciudadanos la pidan, especialmente en el caso de controversias importantes de carácter ambiental que versan sobre una acción ya propuesta o un interés de tal importancia que amerite la celebración de la audiencia pública”(1506.6(c)(1)). Los reglamentos establecen que todas las agencias “deberán solicitar información del público”(1506.6(d)). La mejor manera de obtener dicha información es precisamente a través de las audiencias públicas. Si en un momento dado, la audiencia pública versara sobre el anteproyecto de una MIA, la agencia deberá hacer público el anteproyecto por lo menos 15 días antes de la celebración de la audiencia (1506.6(c)(2)).

5.4.6.- Contestación por parte de la agencia a los comentarios.

La agencia deberá explicar en un documento especial que se encuentra dentro del expediente denominado “Record of Decision” (ROD) su decisión final en un documento que contenga dicha decisión, además, el expediente deberá identificar todas las alternativas consideradas y especificar cuál es la mejor alternativa desde una perspectiva ambiental. La agencia deberá también explicar todos los factores que intervinieron en la toma de decisión y cómo afectaron dichos factores la decisión tomada. El ROD facilita la participación ciudadana por lo menos de dos formas: primero, proporciona la secuencia de documentos que permite a los ciudadanos juzgar si el gobierno tomó o no una decisión racional; segundo, como el ROD incluye el análisis y razonamientos que llevaron a la agencia a la decisión final, este puede constituir una valiosa herramienta para impugnar en la corte dicha decisión.

5.5.- LEGISLACIÓN SOBRE AUDIENCIAS PUBLICAS.

Dos leyes federales permiten a los ciudadanos entrar como oyentes a las juntas o asambleas de algunas agencias gubernamentales y cuerpos de asesores. Para asegurar la responsabilidad pública de los funcionarios de las agencias la ley “Sunshine” establece que las agencias deberán notificar al público de las juntas que tendrán lugar, para permitir a los ciudadanos participar como oyentes. Además de lo anterior, la Ley de Comisiones Federales de Asesoría (Federal Advisory Comittees Act) establece que las reuniones de las comisiones que asesoran a las agencias gubernamentales y al Presidente deberán estar abiertas al público.

5.5.1.- El Gobierno y la Ley “Sunshine”.

La Ley “Sunshine” establece que “cada parte de cada reunión” de algunas de las agencias debe estar abierta al público. Sin embargo, esta ley estipula algunas excepciones. Por ejemplo, una agencia podrá negar la asistencia del público a una reunión o a una parte de la reunión en la que se revelará entre otras cosas, información relacionada con la defensa nacional, política exterior, secretos comerciales y documentos de investigaciones relacionadas con el nivel cumplimiento de la ley (s. 552 b(c)). Además de lo anterior, esta ley no se aplica a todas las agencias, se le aplica únicamente a las agencias “encabezadas por cuerpos colegiados integrados por dos o más miembros, de los cuales la mayoría deberá ser nombrada para ocupar el cargo por el Presidente con la aprobación del Senado” ( s. 552b(a)(1)). De esta manera, agencias como la APA no están incluidas, ya que en ésta última, sólo uno de sus miembros es nombrado por el Presidente con el consentimiento del Senado. Aproximadamente 50 agencias federales sí entran dentro del supuesto legal mencionado anteriormente incluyendo la Comisión de Seguridad de Productos (Product Safety Commission ) y la Comisión Cambiaria y de Valores (Securities and Exchange Commission).

La ley “Sunshine” estipula que las agencias deberán hacer una notificación publica de la reunión por lo menos una semana antes de su celebración (s. 552b(e)(1)). La notificación debe incluir “el lugar, hora y tema de la reunión, si va a ser abierta o cerrada al público y el nombre y teléfono del funcionario designado por la agencia para proporcionar información a cerca dela reunión” (Idem). La Notificación debe publicarse en el periódico oficial (Federal Register) (s. 552b(e)(3)). La ley “Sunshine” no establece que las agencias deberán permitir la participación pública, solamente establece que se deberá permitir su presencia durante la reunión y se aplica cuando existe quorum para que los miembros de la agencia se reúnan a tratar asuntos que le competen a la misma.

5.5.2.- Ley de Comisiones Federales de Asesoría (Federal Advisory Comitee Act):

A la Ley de Comisiones Federales de Asesoría (LCFA)le compete todo lo relacionado con el establecimiento, operación y administración de las comisiones de asesoría. Existen más de 1,000 comisiones que proporcionan asesoría a las agencias gubernamentales y a l Presidente sobre una gran diversidad de cuestiones en materia científica, comercial y legal. Muchas de esta comisiones tienen una injerencia importante en el modelaje de la legislación así como en el establecimiento de las políticas gubernamentales,
es por ello que la LFCA ha sido importante como medio para exigirle responsabilidad a las comisiones asesoras.

La comisiones de asesoría se definen como aquellas comisiones, consejos o cualquier grupo similar, creado por un reglamento o establecidas por el Presidente o una agencia (s.3(2)). El público deberá ser notificado de todas las reuniones celebradas por éstas a excepción de aquéllas en las que el Presidente establezca que se tratarán asuntos de seguridad nacional ( s.10 (A)(2)). Salvo lo anterior, todas las reuniones de las comisiones de asesoría deberán estar abiertas al público, por lo que “cualquier persona interesada podrá asistir, manifestarse, o entregar comentarios por escrito a cualquiera de las comisiones de asesoría”( s.s. 10(a)(1),(3)).

Mas aún, el público tiene acceso al trabajo de las comisiones. La LCFA estipula que cualquier documento “al que tuvo acceso la comisión o que fue preparado para o por cualquiera de ellas, tendrá que estar a disposición del público en un lugar determinado localizado en las oficinas de la comisión o de la agencia con la cual se reporta la comisión para su inspección y copia.”

5.6.- ACCESO A LA INFORMACIÓN.

La participación pública sin el acceso a la información no tiene sentido. El acceso a la información acerca de las operaciones gubernamentales permite que el público conozca cómo se guía el actuar del gobierno, puede darle seguimiento al cumplimiento de la ley por parte del gobierno, puede evaluar la calidad de su desempeño y objetar de una forma más efectiva las acciones gubernamentales”.
En los Estados Unidos existen varias leyes que permiten el acceso a los ciudadanos a información relevante relacionada con cuestiones ambientales y de salud humana.

5.6.1.- Ley de la Libertad de Información (Freedom of Information Act).

En los Estados Unidos, la ley sobre la libertad de información (LLI)(5U.S.C. s.552) estipula que todos los documentos de las agencias federales son de acceso público, ya sean éstos de naturaleza pública o privada, a menos de que específicamente estén exentos de ello (5 U.S.C. s.552(a)(3). La ley entiende como dichos “documentos” a: opiniones finales, órdenes, declaraciones sobre políticas y su interpretación y manuales del personal administrativo. En general, el término se refiere a cualquier tipo de documento que la agencia posee incluyendo, documentos escritos, mapas, planos, películas y fotografías. Sin embargo, una agencia no está obligada a crear o conseguir para un ciudadano documentos que no posee. La obligación de revelar información es tan amplia que la Suprema Corte de los Estados Unidos ha establecido que “ el público tiene acceso a prácticamente cualquier documento generado por una agencia de una forma o de otra, salvo que dicho documento se encuentre dentro de alguna de las nueve excepciones contempladas dentro de la misma Ley de Libertad de Información”

Mas aún, cualquier persona, no importando su nacionalidad, puede obtener documentos de las agencias. La persona puede pedir información por cualquier motivo, siendo éstos irrelevantes. La persona que pide la información, ni siquiera tiene que saber el título exacto de la información requerida. La requisición deberá solamente “describir razonablemente” el documento que quiere (552(a)(3)). Técnicamente, la agencia tiene 10 días para dar respuesta a la petición (s. 552(a)(6)). En realidad, la agencia tiene 10 días para notificar a la persona que la agencia ha recibido su petición. Posteriormente, tiene un tiempo “razonable” para proporcionar o negar la información requerida, tomando en cuenta que la agencia deberá actuar con “diligencia” para procesar la petición.

La LLI, impone determinadas obligaciones a las agencias para que éstas fomenten el acceso a la información. Las agencias deben publicar cierta información incluyendo la exposición de la organización, procedimientos, normas sustantivas de aplicación general (incluyendo la exposición de la política en general y la interpretación general para su aplicación)(s. 552(a)(1)). También deben poner al alcance público un índice de opiniones finales, manuales del personal administrativo, instrucciones para el personal que puedan afectar al público, declaraciones e interpretaciones de las políticas y de su aplicación (s.552(a)(2).

A) Pago de derechos.-

El gobierno puede cobrar “cuotas razonables por buscar, copiar o revisar los archivos requeridos cuando éstos sean para fines comerciales” (552(a)(4)(a)(ii)). Sin embargo, si quien requiere la información es una institución científica o educativa y pide la información por razones de becas, investigación científica o cualquier otro motivo no-comercial, el gobierno podrá cobrar una cuota razonable sólo por la copia de la información requerida. (ibdem.)

Afortunadamente, la LLI exime del pago de esta cuota “si quienes piden la información son grupos de interés público con la finalidad de que dicha información contribuya de manera significativa al entendimiento público de las actividades gubernamentales y no por interés comercial de quien la pide( s. 552(a)(4)(A)(iii).

B) Revelación de Información y Cumplimiento de la Ley.

Sin la existencia de medidas que obliguen la revelación de información como lo es el proceso de apelación , el derecho a la información es de poca utilidad. Varias disposiciones de la LLI estimulas a las agencias para que cumplan con los requisitos correspondientes a la revelación de información. Por ejemplo, la agencia debe contestar la petición de información dentro de los diez días siguientes a su recepción, salvo en los casos de circunstancias excepcionales, de lo contrario se enfrenta al de hacerse acreedora a sanciones de carácter judicial (552(a)(4)(F)). Si por cualquier motivo existe una controversia que legara a la corte, la agencia tendrá la carga de justificar las razones por las que no reveló la información requerida (552(a)(4)(B).

Además de todo lo anterior, las cortes tienen la facultad de examinar los documentos negados para determinar si deben ser exhibidos o no. Las cortes pueden pedirle a las agencias que revelen parte del documento negado(552(b), es así, como la agencia no podrá negar la revelación de un documento de mil páginas, por una que contenga información que no debe revelar por encontrarse dentro de alguna de las excepciones. Las cortes también podrán determinar honorarios de abogados y costas en las que se ha incurrido en donde la razón le asiste sustancialmente al quejoso.

C) Excepciones.-

La LLI contempla nueve excepciones. Sin embargo, estas excepciones se ejercitan por las agencias de manera discrecional, por lo que no existe una prohibición expresa, y así la agencia podrá revelar información que incluso caiga dentro de alguna de esta excepciones. La LLI exceptúa de la obligación de revelar información cuando ésta verse sobre cuestiones de defensa nacional, reglas internas del personal de la agencia, información exceptuada por cualquier otro reglamento, secretos comerciales, memorándums de la agencia que la ley no obliga revelar, expedientes del personal incluyendo los médicos, los expedientes que se tienen referentes al cumplimiento de la ley, los reportes preparados por la agencia responsable de las instituciones financieras y la información geológica (s.552(b)). Para negar cualquier información, las agencias deben argumentar que cae dentro de cualquiera de los supuestos anteriores. Las cortes han fallado más en favor de la revelación de información y han interpretado en forma limitativa las excepciones existentes.

De acuerdo a una corte:

“El objeto de la LLI es abrir a la luz pública para su escrutinio el actuar de la agencia’. ...Bajo la LLI, los archivos de la agencia deben ser revelados cuando se requieran en la forma apropiada, a menos de que específicamente caigan dentro de alguna de las nueve excepciones de la ley. La presunción creada por la ley debe interpretarse en favor de la revelación de la información y no para negarla. Aún en el caso de que deba aplicarse cualquiera de las excepciones, la agencia deberá revelar las partes del documento que no contengan la información exceptuada. ...La agencia tiene la carga de probar la excepción y la corte deberá fallar de nuevo para determinar si la decisión de la agencia fue correcta.”

Posiblemente, la excepción más importante relacionada con la toma de decisiones en materia ambiental es la que versa sobre los secretos comerciales. Las cortes ya han considerado el hecho de si una agencia puede o no negar los ingredientes químicos de un producto. Lo que ha determinado si los ingredientes deben o no revelarse es si se pueden descubrir sin necesidad de ello. Las disposiciones que se refieren a secretos comerciales no protegen la revelación de información “que puede obtenerse a través de medios honestos como pueden ser la invención, la revelación accidental o que a partir del producto terminado se pudiera llegar a su fórmula original”.

Los llamados secretos comerciales incluyen información comercial o financiera considerada privilegiada o confidencial (5 U.S.C. s. 552(b)(4)). La APA ha formulado reglamentos que definen qué debe entenderse por información privilegiada o confidencial en los términos de la LLI. La APA podrá retener información en los términos de la LLI si pudiera (1) “perjudicar al gobierno en el sentido de obtener futura información (2) causar un daño sustancial a la “posición competitiva de la persona a quien se refiere la información (40 C.F.R. 2.208(e). El estudio de casos indica que los fabricantes que se oponen a la revelación de información basados en anteriores errores no pueden hacer valer este argumento si existe una ley federal o reglamento que los obliga a revelarla. Las corporaciones que se resisten bajo la segunda excepción deben probar que realmente enfrentan un problema de competencia comercial y que se les pudiera causar un daño serio en este aspecto como resultado de la revelación de información”.

5.6.2.- Ley de Planeación de Contingencias y el Derecho de Saber de la Comunidad (Emergency Planning and Community Right-To-Know Act).

El Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley de Planeación de contingencias y el Derecho a Saber de la Comunidad (LPCDSC) (EPCRA, también conocida bajo la abreviatura de EPCRTKA), 42 U.S.C., s.s. 11001-11050 en 1986. Esta ley se encarga de recopilar y centralizar información relacionada con sustancias peligrosas que se producen usan o almacenan. La LPCDSC estipula que quienes se encuentran bajo la normatividad de esta ley deberán elaborar y llevar a cabo planes de respuesta a contingencias ambientales en caso de que se libere cualquier químico peligroso. Toda la información relacionada con esta ley es pública y los ciudadanos pueden participar en algunos aspectos dela implementación y cumplimiento de la ley. En general, la ley requiere que los establecimientos reporten a la APA los usos y la liberación de ciertos químicos a la APA. También estipula que el gobernador de cada estado tenga una comisión estatal para contingencias ambientales que deberá para este efecto, dividir el estado en distritos, en los cuales existirá un comité de planeación de emergencias. (42 U.S.C. s. 11001-(a)-(c)).

A) La planeación de contingencias ambientales y la participación ciudadana.

La LPCRA requiere la existencia de planes de respuesta a contingencias ambientales para todos aquéllos establecimientos que manejen ciertas sustancia extremadamente peligrosas excediendo los límites establecidos por el “principio de planeación de calidad” (TPQ) establecido para ese químico ( s.s. 11002, 11003).Este plan, como su nombre lo indica, proporciona la estrategia para limitar la liberación de cierto químico en el caso de que surgiera alguna contingencia. El plan debe contener los métodos y procedimientos a seguir por los dueños del establecimiento y su personal para responder a las situaciones de emergencia. Es obvio que el plan es un documento importante, por lo que, los ciudadanos tienen varias oportunidades para intervenir en su elaboración.

Primeramente, los ciudadanos tienen la oportunidad para participar en la determinación del TPQ en el caso de los químicos incluidos dentro de la lista de sustancias extremadamente peligrosas. La LPCRA estipula que la APA debe proponer los TPQ´s para cada químico, y los ciudadanos tienen la oportunidad de hacer comentarios y proporcionar información a la APA a través de la normatividad reglamentaria de la misma APA (s.1002(a)(3)).

En segundo lugar, los ciudadanos pueden ser integrantes del comité que establece los procedimientos a seguir para la elaboración de un plan de respuesta a contingencias ambientales o como parte del comité que establece el plan mismo. Por ejemplo, el gobernador de cada estado deberá nombrar una “Comisión Estatal de Respuesta a Contingencias” (s. 11001(a)). Los miembros de esta comisión deben ser “en la medida de lo posible,” técnicos expertos en la materia de respuesta a contingencias(ibidem.) Por lo tanto, los miembros de la comisión no necesariamente son funcionarios gubernamentales, por lo que podrán ser ciudadanos capacitados.

La composición de esta comisión de respuesta a contingencias ambientales (CERCA) es importante, ya que dicha comisión establece los procedimientos para recibir y procesar las peticiones de información de los ciudadanos relacionadas con la LPCDSC Ibidem.). La comisión también designa los distritos de planeación de emergencias con el propósito de preparar e implementar planes de contingencia (s. 11001(b)):

Más aún la CERCA nombra a los miembros del “comité local de planeación de contingencias”(s. 11001(c)). El comité local de planeación de contingencias (CLPC) establece los procedimientos de notificación de las actividades del comité, reuniones públicas para discutir el plan de contingencias, la elaboración de comentarios públicos y la respuesta a dichos comentarios sobre el plan y la distribución del mismo (ibidem.). Entre los miembros de CERCA se deben incluir algunos funcionarios locales y estatales de elección popular, así como personal relacionado con cuestiones ambientales, de hospitales y de transporte; miembros de grupos de la comunidad y los dueños y operadores de los establecimientos que se encuentran dentro de los supuestos de la LPCDSC (ibidem.). Por lo tanto, ciudadanos pueden ser miembros de dicha comisión.

La CERCA tiene una misión importante, ya que el plan de respuesta a contingencias provee la estrategia a seguir en el caso de la liberación de sustancias extremadamente peligrosas. El plan debe identificar los establecimientos que manejan sustancias sujetas a la planeación de emergencias, identificar los métodos y procedimientos para responder a cualquier liberación, designar coordinadores locales de emergencias que tomarán las decisiones para implementar el plan y preparar los planes de evacuación, entre otras cosas (11003(c)).

El proceso de planeación de contingencias también proporciona los medios para obtener información que de otra manera es imposible. Por ejemplo, los establecimientos sujetos a la planeación de contingencias deberán proporcionar información relacionada con el desarrollo e implementación del plan de respuesta a contingencias requerida por la CERCA (11003(d)). Adicionalmente, los establecimientos deberán notificar al coordinador de emergencias de la comunidad designado por la CERCA la liberación de cualquier sustancia química extremadamente peligrosa (s.s. 11004(a), (b)). La notificación deberá incluir el nombre del químico liberado, una estimación de la cantidad de químico liberado, el tiempo y la duración de dicha liberación , la localización de ésta, cualquier daño a la salud o riesgo para ésta asociada con la liberación de la sustancia, las precauciones que deben ser tomadas y el nombre y teléfono de quien pudiera proporcionar mayor información (s. 11004 (b)(2)).

B) Acceso a reportes sometidos que se encuentran regulados por la LPCDSC.

Existen cuatro tipos de reportes contemplados por la LPCDSC para ciertos establecimientos que usan, almacenan o producen sustancias químicas. Los ciudadanos tienen acceso a todos ellos.

1) Notificación emergente de liberación de sustancias peligrosas.

Como se estableció anteriormente, cada establecimiento tiene la obligación de notificar de inmediato la liberación de cualquier “sustancia extremadamente peligrosa” así como notificaciones subsecuentes con la información más reciente al respecto (s. 11004).

2) Hoja de datos acerca de la seguridad material (ODSM)(Material Safety Data Sheet).

Algunos establecimientos deben preparar y hacer accesible una ODSM cuando se trata de sustancias peligrosas tal y como lo establece la Ley de Seguridad Ocupacional y Salud (LSOS) (Occupational Safety and Health Act, 29 U.S.C. s.s 651 et seq.). La lista de químicos creada de acuerdo a la LSOS es diferente de aquélla establecida bajo el estatuto 11002 de la LPCDSC que es la que desata la preparación del plan de respuesta a contingencias. De esta forma los ciudadanos pueden utilizar la ODSM como medio para obtener información adicional acerca de los químicos que un establecimiento usa, produce o libera.

El requisito de facilitar la información de la ODSM se obliga tanto a los dueño del establecimiento como a los operadores de éste, siempre y cuando el establecimiento se defina como “fabricante de químicos”, “importador” o “empleador”, tal y como define estos términos la LSOS y sus reglamentos (LPCDSC, s. 11021(a)(1); Seguridad Ocupacional y Estándares de Salud 29 C.F.R. s.1910.1200(g)(1)). Un “Fabricante de químicos” se define como el “empleador o patrón, con un lugar definido, en el cual se producen químicos para su uso o distribución” ( 29C.F.R. 1910.1200(c)). Un “importador se define como “el primer negocio dentro del territorio aduanal de los Estados Unidos que recibe sustancias peligrosas producidas en otros países con el propósito de proporcionarlos a distribuidores o empleadores dentro de los EstadosUnidos”(ibidem.). “Empleador” significa “una persona que posee negocios donde químicos se usan, distribuyen o producen, ya sea para uso o distribución, se trate de un contratante o subcontratante” (ibidem).

La LDPCSC requiere en forma específica que estos establecimientos entreguen la ODSM a la CLPC correspondiente, además de hacerlo también a la CERCA y al Departamento de Bomberos Local (42 U.S.C. s.11021). Un ciudadano puede requerir la ODSM de la CLPC, quien debe proporcionársela (s.11021).

La ODSM puede ser importante para cualquier ciudadano que viva cerca de un establecimiento que maneje sustancias peligrosas ya que ésta cuenta con mucha información. Entre la información que contiene está: la identidad de la sustancia química, la sustancia química, su nombre común y, en el caso de que la sustancia sea una mezcla que la hace peligrosa, los químicos que la componen. Se deberá mencionar el nombre común de los componentes de ésta (C.F.R. s. 1910. 1200(g)(2)(i)(A)-(B)).

En el caso de que el químico consista de una mezcla que no ha sido probada como tal para determinar su peligrosidad, entonces la ODSM deberá mencionar el nombre común de todas las sustancias peligrosas que contiene en un 1% o más. Todos los químicos que han sido identificados como cancerígenos por la LSOS deberán aparecer por separado en la lista si su concentración es del .1% o mayor. También deberá incluirse en la lista el químico y nombre común de todos los ingredientes de la sustancia en concentraciones menores al 1% (.1% en caso de cancerígenos ) cuando se ha determinado que es nociva para la salud, siempre y cuando exista evidencia de que cualquiera de los ingredientes puede ser liberado en concentraciones mayores a las establecidas por la LSOS o por la Conferencia Gubernamental de Higienistas Industriales (CGHI) que Establece los Límites de Exposición (Threshold Limit Value of the American Conference of Governmental Industrial Hygienists) para efectos de los límites permisibles de exposición al químico en el caso de que pudiera representar un riesgo de salud para los empleados (1910.1200(g)(2)(i)(C)).

La ODSM deberá incluir también las características físicas y químicas de la sustancia peligrosa (tales como vapor pressure, flash point), los daños físicos que produce la sustancia, el potencial que tiene de incendio, explosión y reactividad; las consecuencias en la salud, es decir, signos y síntomas por la exposición y cualquier tipo de condición médica que puede ser agravada por la exposición al químico; el límite de exposición permisible por la LSOS y por la CGHI y cualquier otro límite de exposición manejado por el fabricante, importador o empleador ; las precauciones que se deberán tener al manejar para su manejo seguro conocidas por el fabricante, importador o empleador incluyendo las prácticas de higiene y protección en el mantenimiento de equipo contaminado y procedimientos para limpiar derrames o fugas; cualquier medida de control conocida por el fabricante, importador o empleador que prepara la ODSM concernientes al control de manejo, prácticas de trabajo o el equipo de protección para el personal; medidas de emergencia y primeros auxilios. (s. 1910.1200(g)(3)).

3) Forma para el Inventario de Sustancias Peligrosas y Emergencias.

Las mismas facilidades que existen para tener acceso a la OSDM deberán existir en el caso de la Forma para el Inventario de Sustancias Peligrosas y Emergencias. La LSOS establece dos inventarios diferentes: Listado I (Tier I) y el Listado II (Tier II). La forma para el Listado I deberá contener una estimación de “la cantidad máxima de la sustancia peligrosa de cada categoría encontrada en el establecimiento durante el año anterior” (LSOS s. 11022(d)(1)(B)).El inventario deberá incluir también un promedio estimativo de las cantidades de cada sustancia que se manejaron diariamente durante el año anterior. Finalmente, la forma del inventario deberá incluir la localización de las sustancias peligrosas de cada categoría” (ibídem).

La información del Listado II incluye toda la información del Listado I, así como el nombre del químico, una descripción de la forma de almacenaje y el lugar específico en el que se guarda dentro del establecimiento (11022(d)(2)(E)). El establecimiento sólo está obligado a proporcionar la información contenida en el Listado II a CERCA, a CLPC y al Departamento de bomberos de la jurisdicción a la que pertenece el establecimiento (11022(e)(1)). Cualquier persona puede requerir esta información, pero tendrá que hacerlo por escrito y a través de la CERCA o de la CLPC (s.11022(e)(2)-(3)).

En caso de que una persona pida información a la CERCA o a la CLPC contenida en el Listado II que no ha sido proporcionada con anterioridad, cualquiera de los dos comisiones deberá requerirle a la empresa cualquier información acerca de la sustancia peligrosa que ha almacenado durante el transcurso del año anterior cuando la cantidad exceda de 10,000 libras (11022(e)(3)(B)).En el caso de que un particular requiera información sobre una sustancia que ha sido almacenada en cantidades menores a las 10,000 libras establecidas, la persona deberá especificar las razones por las cuales necesita dicha información. En este caso, cualquiera de las comisiones podrá en forma discrecional decidir si solicita o no de la empresa la información (11022(e)(3)(C)).

4) Formas de Liberación de Sustancias Químicas y el Inventario de Liberación de Sustancias Tóxicas.

Algunos de los dueños de establecimientos que manejan sustancias químicas tóxicas deberán realizar un reporte de liberación de sustancias tóxicas que la APA integra en el Inventario de Liberación de Sustancias Tóxicas (ILST)(Toxic Release Inventory, TRI). El ILST es un banco de datos de información relacionada con el transporte y liberación de sustancias tóxicas de los establecimientos. Los establecimientos y los químicos que se encuentran es este rubro son distintos de los que se encuentran dentro de la OSDM o dentro del inventario de sustancias peligrosas y emergencias.

Un establecimiento deberá reportar la liberación de sustancias tóxicas si:

1) Se encuentra dentro de las empresas fabricantes con un Código Estándar Industrial (CEI)(Standard Industrial Code) de entre 20-39 ( el CEI se refiere a algunos fabricantes relacionados con la industria papelera y textil entre otras);
2) Tiene diez o más empleados; y
3) Si produce o procesa más de 25,000 libras de cualquier químico o utiliza más de 10,000 libras durante el año ( s.s. 11023(f)(1)).

Si un establecimiento cae dentro de los supuestos anteriores, debe llenar la forma del reporte de liberación de los más de 500 tóxicos o categorías de tóxicos especificados por la APA (11023(a), 11023(c)). Una “liberación” es cualquier derrame, fuga o vaciamiento al ambiente de una sustancia peligrosa (11049(8)). El establecimiento deberá manifestar si produce, procesa o solamente usa el químico tóxico; la cantidad máxima presente en el establecimiento de dicho químico tóxico durante cualquier momento determinado en el año anterior; y una estimación de la cantidad del químico que se vierte anualmente a elementos específicos del medio ambiente (aire, agua, suelo); así como los métodos para tratar dichos residuos y la eficacia de la tecnología empleada para cada una de las sustancias químicas que se manejan en la lista (11023(g)). Por lo tanto, el ILST proporciona información importante a cerca de los químicos que se liberan al aire, suelo y agua, así como la localización exacta de los lugares a los que se vierten.

De la misma manera en que los ciudadanos participan en otras cuestiones de la LPCDSC, también pueden participar en el proceso del ILST. Primeramente, los ciudadanos pueden pedir que se incluya o se quite cualquier sustancia de la lista de químicos tóxicos del ILST (11023(e)(1)). Después de la petición, la APA deberá iniciar el proceso para añadir o quitar el químico propuesto, en caso de no aceptar la propuesta, deberá publicar una explicación escrita con las razones por las cuales no acepta la petición (idem.).

Más aún, la información contenida por el ILST es totalmente accesible al público. Cualquier ciudadano puede pedir a la APA que le proporcione la información de las formas de liberación de químicos tóxicos así como la información compilada por el ILST (s. ||044(a)). Además, se tiene acceso al ILST a través de Internet en:

http: www.rtk.net www data tri/gen.html

La información puede buscarse por área, industria o establecimiento específico. Existe también información importante y bancos de datos acerca de sustancias y materias tóxicas que pueden encontrarse en el Right-to-Know Network en:http: www.rtk.net.

C) Acceso público a la información.

Una vez más, es importante reiterar que cualquier ciudadano tiene acceso a los reportes de la LPCDSC. Cada plan de respuesta a contingencias, OSDM, reportes de inventarios,, reportes sobre liberación de sustancias químicas tóxicas y notificación de emergencias debe proporcionársele al público por la APA, el gobernador del estado, la CERCA o el comité local de planeación de contingencias(11044(a)). Para pedir información acerca del Inventario II, el ciudadano deberá pedirla por escrito y especificar a qué establecimiento o empresa concreta se refiere (s.11022(e)(3)(A)). Además de lo anterior, es ciudadano deberá manifestar en términos generales las razones por las cuales necesita la información del Inventario II acerca de las sustancias peligrosas almacenadas durante el año anterior en cantidades menores a las 10,000 libras, pensando en que dicha información no se encuentra en la CERCA o en el comité local de planeación de contingencias. La comisión de respuesta a contingencias o CRC tiene la facultad discrecional de decidir si pide o no a la empresa la información requerida (s. 11022(e)(3)(C)).

Sin embargo, existe una excepción en cuanto a la disponibilidad pública de la información. Las empresas podrán retener información del público cuando ésta se refiera a la “identidad del químico específico”(“specific chemical identity” s.11042(a)). Para que el dueño u operador de una empresa o establecimiento puedan negar la información requerida deberá argumentar que forma parte de un secreto comercial y aportar los razonamientos que así lo prueben (s. 11042(a)(2)(A)).La empresa deberá probar, entre otras cosas, que la revelación de dicha información le causaría daños serios a la posición competitiva que guarda frente a otras empresas. En general, las empresas no parecen utilizar este argumento con frecuencia, y en el caso de hacerlo la APA otorga el derecho de reservar información en circunstancias muy limitadas. En 1983 la APA se reservó de revelar sólo 14 formas de revelación de químicos tóxicos de un total de 80,000 que le presentaron.

D) Aplicación de la Ley por Parte del Gobierno y los Ciudadanos.

La LPCDSC le da facultades a la APA para imponer sanciones administrativas a los dueños y operadores de aquellas empresas que no cumplen con los requisitos de notificación establecidos en los planes de contingencias. La APA puede establecer multas hasta por 25,000 dólares por cada día de retraso de la notificación (42 U.S.C. s. 11045(a)). La APA también podrá imponer multas hasta por 25,000 dólares para los establecimientos que no cumplan con lo establecido en relación alas notificaciones de emergencia por la LPCDSC. En el caso de una violación subsecuente las multas no podrán exceder de 75,000 dólares por cada día que subsista la violación (s. 11045 (b)). Existen otras penas administrativas y civiles aplicables a cualquier persona que viole lo establecido por la LPCDSC respecto a los requisitos que deben reunir los reportes (s.11045 (c)).

Además de lo anterior, la LPCDSC faculta a “cualquier persona” para instaurar una acción civil “en su nombre” en contra del dueño u operador de un establecimiento, la APA, el gobernador del estado o una CERCA (s. 11046(a)(1)). Cualquier ciudadano podrá instaurar una acción civil en contra del dueño u operador de un establecimiento por no presentar una notificación de seguimiento, una OSDM, reportes de inventario o las formas de liberación de químicos tóxicos (11046(a)(1)(A)). Un ciudadano también podrá instaurar una acción civil en contra de la APA por no responder a la petición de aumentar o quitar del ILST, la omisión de mantener un inventario nacional de sustancias químicas nocivas en un banco de datos computarizados, la omisión de publicar las formas de los inventarios de liberación de sustancias químicas tóxicas y la omisión de promulgar la reglamentación referente a los secretos comerciales (s. 11046 (a)(1)(B)). La APA, el gobernador del estado y la CERCA corren el riesgo de una demanda civil si no proporcionan un mecanismo para proveer al público de información (s. 11046 (a)(1)(C)). La LPCDSC también permite que los gobiernos estatales y locales instauren acciones civiles en contra de los dueños u operadores de un establecimiento (s. 11046 (a)(2)).

5.7. PROCESO DE INICIATIVAS DE LEY DE LOS ESTADOS.

El proceso de iniciativas de ley y de referéndum permite a los electores participar directamente en las funciones gubernamentales. Una “iniciativa” es una propuesta de ley escrita por un ciudadano o ciudadanos que puede ser promulgada por ellos sin la intervención del la legislatura estatal. El “referendum” es un acto legislativo que se somete a la aprobación por parte de los ciudadanos. A través del referéndum los ciudadanos pueden rechazar una ley ya aprobada por la legislatura. La legislación federal de los Estados Unidos no permite la participación directa de los ciudadanos a través de las dos figuras antes mencionadas.

El estado de Oregon, es uno de los pocos estados que permite la participación directa de los ciudadanos en la función legislativa a través de los procedimientos de iniciativa y referéndum. En 1902, la constitución de Oregon fue enmendada (sección 1, Artículo IV) para permitir que los ciudadanos pudieran proponer leyes y promulgarlas, así como rechazar leyes a través del voto popular.

En Oregon, ya sea para una iniciativa o un referéndum, la persona debe someter al Secretario de Estado una “petición anticipada “(prospective petition) ya sea para iniciar o referirse a cualquier medida legislativa (Oregon Revised Statutes s. 250.045(1)). La “petición anticipada deberá incluir una manifestación de apoyo de 25 o más electores. Una vez que el Secretario de Estado aprueba la petición, por reunir ésta todos los requisitos procesales, el peticionario puede empezar a reunir firmas de las personas que quieren que la medida pase por las urnas. Si el peticionario reúne el número de firmas requerido por la ley, entonces la medida se somete al Secretario de Estado, quien a su vez se la entrega al Procurador del Estado. El Procurador se encarga de elaborarle un título al proyecto que se votará. Posteriormente, el Secretario de Estado notifica al público la medida que se pretende votar para que éste someta comentarios. Finalmente la medida se coloca en la urna para que todo el estado la vote.

Antes de cada elección , los ciudadanos de Oregon reciben lo que se llama un “folleto de electores” que describe la iniciativa. Cualquiera puede añadirle el argumento que quiera el folleto de electores a favor o en contra de la medida que se pretende implementar por el costo de 300 dólares o con 1,000 firmas.

Los procedimientos de iniciativa y referéndum, son procesos directos, participativos y democráticos. Los ciudadanos, a través de ellos, tienen derecho para promulgar o rechazar leyes, reglamentos y hasta normas constitucionales. Sin embargo, estos procedimientos también tienen sus problemas. Un doctrinista enumera cinco problemas básicos:

“Primeramente, los procedimientos de iniciativa y referéndum, pueden fallar en el sentido de no proteger a los electores contra proyectos de ley elaborados pobremente, que se dé la existencia de iniciativas y referéndums múltiples sobre la misma cuestión y retos legales tardíos. En segundo lugar, estas propuestas pueden contener medidas que individualmente discriminen o nieguen derechos civiles o humanos ya que, los ataques a la parte sustancial de la medida generalmente se dan cuando ésta ya se promulgó. En tercer lugar la cantidad de las iniciativas o referéndums puede confundir a los electores. En cuarto lugar, el educar a los electores acerca de las medidas que se someten a las urnas se ha convertido cada día más difícil y menos efectiva. Finalmente, pueden perder de vista los efectos que pueden derivarse de la promulgación o derogación de una ley .

Aunque existen problemas relacionados con los procesos de iniciativa y referéndum, éstos son un medio para que los ciudadanos participen en forma directa en la toma de decisiones.

5.8. EJEMPLOS DE COMO LA PARTICIPACIÓN PUBLICA HA AYUDADO A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE.

Existen numerables ejemplos de cómo ciudadanos participando en la toma de decisiones o en la promulgación de leyes ambientales han ayudado a proteger mejor el ambiente y la salud humana en Estados Unidos. Algunos ejemplos específicos del estado de Oregon pueden mostrar cómo el esfuerzo de los ciudadanos está ayudando a proteger el ambiente a lo largo y ancho del país.

Los ciudadanos con frecuencia participan en los procedimientos contemplados por la Ley Nacional de Política Ambiental, como se describió anteriormente. Frecuentemente, la participación ciudadana en estos procedimientos ha motivado a las agencias a cambiar proyectos propuestos haciéndolos ambientalmente más sanos.

Un proyecto que fue alterado a través de la participación pública fue el proyecto “Milton Hill” en el condado de Douglas en Oregon. La comisión municipal había propuesto la construcción de un dique de 186 pies en Elk Creek. El municipio contemplaba el proyecto para el suministrar agua a un fraccionamiento nuevo en esa zona. El dique hubiera afectado una zona en la cual 50 pares de truchas silvestres en peligro de extinción desovan.

Los ciudadanos elaboraron comentarios a la propuesta de construcción del dique a través del procedimiento contemplado en la ley Nacional de Política Ambiental descrito anteriormente. Activistas locales y grupos de ciudadanos lograron parar el proyecto a través de una ley estatal que estipula que los diques nuevos deben contar con un pasaje para los peces, a menos de que exista otra forma de mitigas la pérdida del hábitat río arriba. La ley establece que los “planes de mitigación” deberán someterse a consulta pública a través del proceso de revisión y comentario. Cuando el condado de Douglas propuso su plan de mitigación en lugar de la construcción de un pasaje para los peces, los ciudadanos y abogados del Western Environmental Law Center abrumaron con evidencia a la Comisión de Vida Silvestre y Pesca (Fish and Wild Life Commission) de que el plan no compensaría las pérdidas en lo referente al hábitat y proceso de desove. La comisión se convenció y dictaminó que el condado de Douglas debía construir el pasaje para los peces. Como siempre se argumentó que la construcción del pasaje haría que el costo del proyecto fuera muy alto, el condado abandonó el proyecto.

En otro caso, los ciudadanos de Eugene, Oregon, se dieron cuenta que ni las leyes estatales ni las federales les proporcionaba la información adecuada acerca de las sustancias químicas manejadas en su comunidad. Un grupo de ciudadanos le pidió al consejo municipal que promulgara un reglamento para efecto de que se les proporcionara más información acerca de los químicos que manejaban empresarios locales. Después de haber sido rechazada la propuesta, decidieron utilizar el procedimiento de “iniciativa” para promulgar su propia ley. El grupo tomó como referencia otras leyes estatales y locales existentes, escogieron las medidas más fuertes y agregaron otras propias. Juntaron el número de firmas que se requerían para poner su propuesta en la urna para que el público la votara.

En noviembre de 1996, los ciudadanos de Eugene en cantidad extraordinaria votaron para hacer que la propuesta sobre el derecho a saber de las sustancias tóxicas se convirtiera en una ley. Actualmente, por la iniciativa de un grupo de ciudadanos, Eugene tiene la ley más enérgica de Estados Unidos y posiblemente del mundo respecto al derecho a la información acerca de sustancias tóxicas.

5.9. CONCLUSIONES.

A través de leyes que existen en Estados Unidos, como la Ley del Procedimientos Administrativo que permiten una forma extensa de participación ciudadana en los procedimientos para la elaboración de leyes, permisos y evaluaciones de impacto ambiental, los ciudadanos pueden influir de manera importante en la toma de decisiones que afectan el medio ambiente.

Más aún, estas leyes permiten al público pedirle cuentas de sus acciones a las agencias gubernamentales. La ley “Sunshine” y en la Ley del Comité Federal de Asesoría permiten que los ciudadanos entren como observadores a algunas de las reuniones de las agencias y comités de asesoría. Se puede obtener información a través de la Ley de Libertad de Información y otras leyes. Cuando una agencia no cumple con lo establecido por esta normatividad, los ciudadanos pueden retar a las autoridades en las cortes.
Como consecuencia, podemos decir, que los ciudadanos juegan un papel vital de gran importancia en la protección del medio ambiente así como para asegurar que las agencias gubernamentales tomen mejores decisiones.

6.1. ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL DE CANADÁ RELACIONADA CON LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA AMBIENTAL.

Canadá es una federación consistente de un gobierno central (federal) y diez gobiernos regionales (provinciales). Existen dos gobiernos territoriales: la de Yukon y la del Noroeste (Northwest), ambos con responsabilidades parecidas a las de las provincias, pero están sujetos al poder legislativo federal. Las provincias y territorios han delegado ciertas facultades a los gobiernos municipales.

La Constitución Canadiense divide las responsabilidades legislativas entre el Parlamento Federal y las legislaturas locales, otorgando también algunas funciones legislativas al gobierno federal. En 1867, año en que se promulgó la Constitución, las cuestiones ambientales ni siquiera fueron consideradas, y por lo tanto no se contemplaban facultades o funciones del gobierno en esta materia .

La jurisdicción en cuestiones de protección al ambiente es compartida por los gobiernos federal y provincial. La sección 91 de la Constitución le da al gobierno federal la jurisdicción sobre cuestiones ambientales basada en las facultades que tiene sobre las siguientes materias:

1. Establecimiento de impuestos (s.91(3));
2. Cuestiones de navegación y embarcaciones (s.91(12));
3. Empresas pesqueras costeras y de aguas interiores (s.91(12));
4. Sistema bancario (s.91(15));
5. Legislación penal (s. 91(27));
6. Comunicación transporte internacional e interprovincial ( s. 92 (19)(a));
7. Nucleares (s. 92(19(c)); y
8. Paz, orden y buen gobierno (s. 91).

Las cuestiones más importantes sobre las cuales las provincias tienen jurisdicción se encuentran en las secciones 92 y 93 de la Constitución. Estas son:

1. Materia de impuestos (s92(2));
2. Manejo y venta de terrenos que pertenecen a la Provincia (s.92(5));
3. Instituciones municipales (s.92(8);
4. Trabajos y funciones locales ( s. 92(10));
5. Cuestiones sobre propiedad y derechos civiles (s. 92(13));
6. En general, todas aquellas cuestiones de naturaleza local o privada, recaen sobre la provincia (s.92 16));
7. Exploración, en la provincia, de recursos no renovables (92 A(1)(a));
8. Desarrollo, conservación y manejo de recursos no renovables y recursos forestales de la provincia (s. 92A(1)(b)); y,
9. Desarrollo, conservación y manejo de sitios y establecimientos para la generación de energía eléctrica de la provincia.

La Constitución también le da jurisdicción a ambos niveles de gobierno en algunas materias, tales como agricultura e inmigración (sección 95 de la Constitución de 1867). Es común que existan traslapes entre las legislaciones federal y locales. En caso de existir alguna contradicción que haga imposible la aplicación de ambas, la federal debe prevalecer.

Las facultades legislativas de los territorios de Yukon y Northwest se derivan de estatutos federales. Entre otras cosas la Ley de Yukon (Yukon Act) y la Ley de los Territorios del Noroeste le da a ambos territorios facultades sobre vida silvestre y otras materias de carácter local.

En cada una de las provincias existen también gobiernos municipales que tienen jurisdicción sobre algunas cuestiones de carácter ambiental. Los Distritos Regionales de algunas provincias, compuestos por varios municipios se han involucrado en cuestiones de planeación ambiental.

El Gobierno Federal y el de las Provincias han celebrado convenios sobre cuestiones ambientales de responsabilidad compartida. El papel que juegan los gobiernos indígenas en cuestiones ambientales no ha sido definido claramente.

Cada uno de los gobiernos, federal, provincial y territorial cuenta con tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

El gobierno federal y cada uno de los gobiernos de las provincias cuenta con un ministerio o departamento encargado de la protección ambiental.

6.1.1. Gobierno Federal.

El Departamento Federal de Medio Ambiente Canadiense (DFMAC)fue creado en 1971. Se rige por la Ley del Departamento de Medio Ambiente y lo encabeza el Ministro Federal de Medio Ambiente. El DFMAC tiene cinco oficinas regionales ( Ontario, Atlántico, las Regiones de la Planicie y Norte, Quebec, el Pacífico y Yukon)tiene cinco áreas de servicio ( política y comunicación, servicios corporativos, protección atmosférica, Conservación ambiental y atmosférica). EL DFMAC se encarga de todo lo relacionado con el medio ambiente natural, que incluye la calidad del aire, agua y suelo; vida silvestre de flora y fauna; aguas; meteorología; y la coordinación de políticas y programas del gobierno federal para la conservación y mejoramiento de la calidad del medio ambiente.

El DFMAC se encarga de la aplicación de aproximadamente 15 leyes federales. De las más importantes está la Ley Canadiense de Protección al Ambiente (LCPA) (Canadian Environmental Protection Act). El departamento también tiene otras responsabilidades establecidas en otras leyes de las cuales otros ministerios se encargan de su aplicación. Por ejemplo, el DFMAC se encarga de aplicar las disposiciones relativas a la calidad del agua que se encuentran estipuladas en la Ley de Pesca (Fisheries Act).

Algunos otros departamentos federales también tratan cuestiones ambientales. Los más importantes son:

· Agricultura y Alimentos Agrícolas de Canadá (Agriculture and Agri-Foods Canada).- Prácticas agrícolas.
· Empresas Pesqueras y Océanos de Canadá (Fisheries and Oceans Canada).- Protección de empresas pesqueras y hábitat de peces.
· Relaciones Exteriores.- Se responsabiliza de la negociación de tratados internacionales que versan sobre cuestiones de medio ambiente.
· Salud de Canadá.- Se encarga de todas las cuestiones ambientales que afectan la salud de los canadienses.
· Herencia de Canadá.- Se encarga de la administración de los parques nacionales.
· Asuntos Indígenas y del Norte.- Se encarga de la normatividad relacionada con la tierra de las reservas indígenas.
· Recursos Naturales de Canadá.- Políticas y leyes sobre cuestiones forestales, mineras y de energía y el comercio de los recursos naturales.
· Trabajos Públicos y Servicios Gubernamentales.- Se encarga de la aplicación de la normatividad relacionada con la propiedad y establecimientos de carácter federal.
· Transporte de Canadá.- Se encarga de aplicar toda la normatividad relacionada con todas las formas de transporte, incluyendo el transporte de materiales peligrosos.

También existen agencias federales que tienen responsabilidades jurídicas de carácter ambiental. La Agencia Canadiense de Evaluación Ambiental se encarga de lo relativo a la revisión de los procesos de evaluación de impacto ambiental. El Servicio de Vida Silvestre de Canadá tiene a su cargo todo lo relativo a la flora y fauna.

6.1.2. Gobierno de Provincias y Territorios.

La mayoría de las leyes ambientales son de carácter provincial. Cada provincia tiene un ministerio con facultades ejecutivas para el abatimiento de la contaminación y la conservación de la naturaleza. En cada uno de los dos territorios existen departamentos de recursos renovables que tienen facultades similares. Las facultades, límite de acción y los recursos de las autoridades de las provincias y territorios en cuestiones ambientales varían mucho de un lugar a otro pero, en términos generales, todas se encargan de desarrollar y aplicar la legislación ambiental, sus reglamentos y políticas. Otorgan permisos y licencias para contaminar y para el uso de los recursos, se aseguran que los proyectos de desarrollo estén de acuerdo con los estándares de la normatividad ambiental, procedimientos de inspección y de las acciones judiciales en caso de incumplimiento o violación de la ley.

6.1.3. Gobiernos Locales.

Las autoridades públicas locales tienen un rango muy amplio de facultades que pueden usar para la regulación y manejo del medio ambiente. Las autoridades públicas locales están asumiendo en forma más enérgica su papel de protección ambiental, sobre todo en las siguientes áreas:
1. Contaminación del aire;
2. Contaminación del agua;
3. Daño;
4. Áreas ambientalmente sensibles; y,
5. Planeación y zonificación.

6.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS AMBIENTALES.

Existen muchas razones por las cuales el público debe participar en el establecimiento de normas. Las normas que se desarrollan junto con la participación publica llevan a decisiones que están mejor informadas y son más aceptadas. Los individuos y grupos interesados pueden retar la información en la que se basa la propuesta de ley así como proporcionar una perspectiva diferente. La participación pública asegura un proceso más justo, ya que quienes van a ser los sujetos sobre quienes recaerán las decisiones que se tomen, deben tener la oportunidad de aportar al proceso. El público, a través de sus representantes directos, juega un papel esencial en la definición del interés público. También debe mencionarse que entre mayor sea la participación pública, mayor será la aceptación de la decisión tomada.

Existen diferentes tipos de derechos de participación respecto de la toma de decisiones en materia ambiental en Canadá. Esta parte del capítulo analiza lo relativo a la participación en la formulación de leyes, reglamentos y propuestas; así como el derecho de ejercitar una acción a través del litigio de casos de interés privado o público. En otras partes del capítulo se analizarán el derecho de participar en la exigencia del cumplimiento de la ley a través de las cortes de apelación u otras cortes mencionadas en la sección 6.3.2., así como el derecho de acceso a la información que se tratará en el punto 6.7.

6.2.1. Participación en el Desarrollo de Leyes y Reglamentos.

El Público puede participar en el desarrollo de leyes y reglamentos a través de un procedimiento sencillo de “notificación y comentarios”, y a través de otros procesos de uso común como lo son las consultas públicas. Una de las limitantes más grandes de estos procedimientos es que el gobierno no tiene la obligación de tomaren cuenta los comentarios hechos o de responder a ellos.

6.2.1.1 Requisitos para la Participación Pública en la Formulación de Reglamentos.

Antes de que se promulgara le Ley de Reglamentos (Regulations Act) en 1950, no existía ninguna disposición legal que obligara la publicación de los reglamentos. En 1992 surgió una política reglamentaria nueva que establecía que se debía consultar a los canadienses y dar la oportunidad de participar en el desarrollo de nuevas normas. Dado que ésta es una política y no una ley, el gobierno federal no tiene la obligación de seguirla.

En los años 80´s las reformas hechas a la Ley Canadiense de Protección al Ambiente (LCPA) y a la Ley Canadiense de Evaluación de Impacto Ambiental, aumentaron el papel que juega el público respecto a la protección del ambiente relacionado a la prevención y control de la contaminación y la evaluación del impacto ambiental.

Actualmente, se hace una notificación pública en la parte I de la Canadá Gazette, de cualquier iniciativa de ley federal. Existe un período de 60 días a partir de publicación de la propuesta para elaborar comentarios. En algunas provincias existen disposiciones similares. Por ejemplo, la Ley de Protección al Ambiente de Saskatchewan, establece que el Ministerio de Medio Ambiente deberá buscar la asesoría y dar “una oportunidad razonable para escuchar al público” sobre cualquier reglamento o enmienda que surja de las disposiciones de esta ley.

El Comité de la Barra Canadiense del Desarrollo Sustentable comentó en el reporte de 1990 en cuestiones de desarrollo sustentable que:

El gobierno federal debería iniciar un proceso legislativo formal para la elaboración de reglamentos en materia ambiental y para la expedición de permisos en el que estableciera un procedimiento de aprobación. Estos procedimientos deberán incluir los siguientes elementos:

a) Notificación pública de que se está considerando la expedición de un permiso o la elaboración de un reglamento;
b) Disponibilidad de la documentación e información técnica sificiente;
c) Oportunidad de elaboración de comentarios por parte del público, con un término especificado en el reglamento para hacerlo;
d) Una respuesta por escrito por parte del gobierno a los comentarios recibidos;
e) Respecto a los comentarios, la oportunidad de pedir una audiencia pública;
f) Criterios a seguir para negar una audiencia pública, así como la obligación de responder por escrito la negativa de la audiencia incluyendo las razones de la negativa; y,
g) Fondos para interventores de interés público y participantes.

En la sección 13(1) de la LCPA se encuentra un ejemplo positivo acerca del derecho al acceso a la información. Dicha norma establece que los ministros deberán publicar un reporte que explique la decisión de regular o no sustancias potencialmente tóxicas.

Existen normas que regulan el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en los niveles federal y provincial de gobierno, que los obliga a informar los efectos ambientales potenciales de un proyecto antes de que se apruebe. La norma específica que deberá aplicarse dependerá del tipo y localización del proyecto. En algunos casos, las leyes, federal y provincial, serán aplicables dependiendo del proyecto específico, por lo que existen “ convenios de armonización” con algunas provincias para minimizar la duplicidad de normas. Estos estatutos proporcionan espacios de participación pública que se analizarán en la parte del capitulo que trata sobre la Ley Canadiense de Evaluación Ambiental (LCEA) y la Ley Provincial de Evaluación Ambiental (LPEA) (Provincial Evironmental Assessment Law).

6.2.1.2. Proceso de Consulta en la Reforma de Leyes.

Existen varios procedimientos de consulta por parte del gobierno, a nivel federal, provincial y de los territorios para obtener retroalimentación en las propuestas de iniciativas de reglamentos. Estos procesos se realizan a través de comisiones especializadas, audiencias públicas, talleres, entrega de argumentaciones escritas y la rendición de testimonios a las comisiones de las legislaturas federal o provinciales. Los resultados de estos procesos varían. Una falla común en estos procesos es la falta de objetivos claros y abiertos en el ejercicio de ellos. Los legisladores por lo general, no se comprometen anticipadamente a implementar los resultados de la consulta. Es importante que las organizaciones tengan claro cómo utilizará el gobierno los resultados de cualquier proceso de consulta pública. Los logros que pudieran obtenerse de los procesos de consulta dependen de los siguietes factores:
· La notificación oportuna del proceso de consulta;
· Disposición del tiempo suficiente para revisar el material relacionado con el proceso de consulta;
· Existencia de la oportunidad de discutir las propuestas y hacer preguntas;
· Necesidad de que toda la información sea igualmente accesible, tanto para cualquier depositario como miembro del público en general que pudiera estar interesado;
· La asistencia a la consulta pública de las autoridades encargadas de la toma de decisiones; y
· El compromiso por parte del gobierno de dar respuesta al proceso de consulta.

Existen mayores oportunidades de participar en las primeras etapas del desarrollo de la normatividad, que los derechos legislados para hacerlo en Canadá. Hay varios mecanismos establecidos para solicitar retroalimentación del público. Algunos de esos mecanismos los comentaremos a continuación.

a. Red Ambiental Canadiense.

Canadá tiene más de 1,800 organizaciones no gubernamentales (ONG´s). En su mayoría son pequeñas organizaciones locales. Sin embargo, por lo menos existe un grupo ambientalista en cada provincia que trata no sólo de asuntos locales, sino también de asuntos de mayor impacto. La Red Ambiental Canadiense (RAC) tiene muchos miembro de grupos ambientalistas y coordina sus actividades. El gobierno federal usa la red con frecuencia para buscar retroalimentación por parte de las ONG´s sobre propuesta de ley.

b. Consejo de Ministros Canadienses en Materia Ambiental (CMCMA) (Canadian Council of Ministers of the Environment) y mecanismos federales en la provincia.

El Consejo de Ministros Canadienses en Materia Ambiental (CMCMA) fue creado para promover la cooperación entre las autoridades federales y provinciales en cuestiones ambientales. Es el principal foro de discusión y cooperación intergubernamental en materia ambiental sobre cuestiones de interés regional, nacional y global. El CMCMA tiene varios objetivos: la armonización de legislación y políticas; la adopción de estándares y objetivos nacionales; la implementación de estrategias uniformes para afrontar los problemas ecológicos a nivel internacional, nacional y global; el mejoramiento del lazo que existe entre las políticas y programas que existen a nivel nacional e internacional; y la armonización entre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

La CMCMA sirve como foro para: la acción cooperativa para la implementación de proyectos adecuados, consulta a instancias gubernamentales e intercambio de información.

En marzo de 1990 adoptó la Manifestación Interjurisdiccional de Cooperación en Materia Ambiental. Esta manifestación provee el marco para la cooperación intergubernamental efectiva en materia ambiental. Recientemente, la CMCMA ha tomado como tarea un programa ambicioso de armonización (racionalización) del manejo ambiental por parte del los gobiernos federal y provinciales.

Existen otras instituciones federal-provinciales creadas para resolver cuestiones relacionadas con problemas ambientales: El Consejo de Ministros de Vida Silvestre en Canadá, El Consejo Federal-Provincial de Parques, En Consejo de Ministros Canadienses en Materia Forestal, la Conferencia Federal-Provincial de Ministros de Agricultura y el Consejo Canadiense de Ministros de Energía.

c. Comisionado para el Desarrollo Sustentable.

En abril de 1995 se creó en Canadá el Comisionado para el Desarrollo Sustentable, que le reporta directamente al Auditor General. Al mismo tiempo, se le hicieron enmiendas a la Ley del Auditor General (General Auditor Act) para promover el desarrollo sustentable en todos los departamentos federales, con la intención de asegurar que el gobierno cumpla con la responsabilidad en el cambio hacia el desarrollo sustentable. Los departamentos federales están obligados a desarrollar estrategias y concertarlas en el parlamento dentro de los dos años siguientes a la promulgación de las enmiendas. El Comisionado deberá reportar al Parlamento en forma anual en qué medida los departamentos han cumplido sus objetivos y han implementado los planes de acción trazados por las estrategias para el desarrollo sustentable. De la misma manera, el Auditor General tiene la facultad de remitir a los ministros responsables las peticiones públicas de incumplimiento de estrategias para el desarrollo sustentable, para que, éstos a su vez, den una respuesta.

d. Mesas Redondas.

El Gobierno Federal creó en 1987 la Mesa Redonda Nacional en Materia Ambiental y de Economía para la adopción de principios y practicas de desarrollo sustentable en todos los sectores y regiones de Canadá. La Mesa Redonda Nacional le reporta directamente al Primer Ministro. Se compone de representantes importantes del gobierno y de la industria, de científicos, organizaciones ambientalistas, universidades, sindicatos de comercio e indígenas. Para el año de 1990, todas las provincias y territorios tenían sus mesas redondas, aunque algunas ya no operan.

e. Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en una comisión de la Cámara baja. Su función es estudiar cualquier cuestión ambiental que le turne la cámara baja y hacer las recomendaciones pertinentes. Por ejemplo, recientemente dicha comisión ha celebrado audiencias públicas y elaborado documentos sobre la revisión que se le está haciendo a la LCPA, el cumplimiento de las leyes relacionadas con la contaminación ambiental y la armonización de leyes de protección ambiental de los niveles federal y local.

f. Litigio en Materia Ambiental.

El público puede participar en la toma de decisiones en materia ambiental buscando remedios legales en las cortes. El litigio en materia ambiental puede darse de varias formas: a través de enjuiciamientos privados por daños al ambiente, tratada en la sección 6.3.2.2 del presente capítulo; a través de la revisión judicial de actos administrativos tratada en la sección 6.3.2.3 ; y a través de juicios civiles.

Pueden acudir al litigio individuos que han sufrido algún daño en su persona o propiedad. El derecho consuetudinario juega un papel importante en el litigio en materia ambiental. Este cuerpo jurídico se basa en precedentes judiciales en lugar de estatutos: los principios de perjuicio, derechos ribereños y negligencia dan la base legal de la mayoría de estos juicios.

Los estatutos también otorgan derechos que pueden ser exigidos en las cortes. Por ejemplo, el s.42 de la Ley de Pesca le da a los que realizan la pesca por razones comerciales el derecho de demandar por la pérdida de ingresos a raíz de la contaminación del agua y el s. 677 de la Ley Federal de Navegación ( Federal Shipping Act) establece el derecho de acción contra los barcos que contaminen por petróleo o combustible.

El litigio de casos de interés público es relativamente nuevo en Canadá. Los abogados que litigan casos ambientales de interés público buscan obtener a través de las acciones judicialesganancias en el terreno ambiental más que económico. La acción generalmente se inicia por ONG´s.

En la mayoría de los casos, el objetivo del litigio ambiental es detener desarrollos que son una amenaza para el medio ambiente, como es el caso de la Federación Canadiense para la Vida Silvestre que entabló acciones para detener la construcción de diques en los ríos Rafferty y Alameda en Saskatchewan en los años 80´s. Como sucede con la mayoría de los casos ambientales de interés público, las acciones se dirigen contra el gobierno, para asegurarse de que los procedimientos relativos a los estudios y manifestaciones de impacto ambiental hubieran sido cumplidos antes de la construcción de los diques.

Otros objetivos que persigue el litigio de casos de interés público son:

· Asegurar que las decisiones sobre los recursos, como puede ser el forestal, realmente sean sustentables;
· Defender la validez constitucional de los reglamentos gubernamentales, cuando éstos son retados por otro nivel de gobierno;
· La preservación de áreas naturales importantes.

Existen muchos otros intereses relacionados con el litigio de casos de interés público, para consultar más ejemplos e información acerca de litigios de casos de interés público, se puede consultar Steward Elgie, “Environmental Groups and the Courts; 1970-1992” en Thompson et. al.eds, Legislación Ambiental y Negocios en Canadá, Libro del Derecho de Canadá 1993, y los boletines del Fondo de Defensa Legal Sierra, el Fondo Canadiense de Defensa Legal del Ambiente, la Asociación Canadiense de Derecho Ambiental, la Asociación Canadiense de Derecho Ambiental de la Costa Occidental y el Centro de Derecho Ambiental.

6.3 OTORGAMIENTO DE PERMISOS.

Un permiso es un documento legal en el que se establecen obligaciones sobre las condiciones que una persona o empresa debe cumplir para poder operar, así como las cantidades de contaminantes que puede emitir. Dicho permiso puede incluir requisitos como reportes que se deban hacer, registros que se deben tener y las inspecciones que se deben hacer. Los permisos pueden autorizar que una persona o empresa contamine, pero bajo ciertas condiciones y monitoreo. Un permiso también puede permitir la destrucción de hábitats de peces, el vertimiento en océanos, el daño a la vida silvestre y otro tipo de actividades que dañan al ambiente. Por lo tanto, la participación pública en el otorgamiento de permisos es muy importante como medio para ejercitar el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones en materia ambiental en Canadá. Los derechos de participación ciudadana en Canadá son más limitados que los que existen en Estados Unidos.

6.3.1 Proceso para el otorgamiento de permisos.

Cuando se recibe la solicitud para un permiso, existen leyes que establecen que se debe informar al público para darle a éste oportunidad de comentar sobre el contenido del permiso u objetar su otorgamiento. Un ejemplo de este tipo de estatutos federales en la Ley Canadiense de Protección Ambiental ss. 73-73 en la cual se establece que las solicitudes de permisos para descargas al mar deben publicarse en el periódico oficial (Canada Gazette) y el público tiene la oportunidad de hacer comentarios sobre las consecuencias del permiso, así como de objetarlo, pidiendo se celebre una audiencia pública con el Consejo de Revisión (Board of Review). Los estatutos sobre la contaminación en las Provincias como el de Manejo de Desperdicios (B.C. Waste Management Act) que establece que las solicitudes de permisos regulados por él deben publicarse en los periódicos locales, para que cualquier persona que pudiera tener interés en el permiso pueda hacer comentarios (Reglamento de Notificación Pública, B.C. Reg. 202/94). Para las decisiones relacionadas con el uso de suelo de jurisdicción municipal que pudieran afectar el medio ambiente, como puede ser el cambio de uso de suelo, los estatutos o reglamentos de las provincias generalmente establecen la necesidad de celebrar una audiencia pública, así lo establece, por ejemplo, la Ley Municipal de B.C. s.890.

La participación pública en otros ámbitos es más limitada. Existen menos derechos relacionados con la celebración de audiencias públicas en el caso de permisos relacionados con el uso del agua o con la explotación forestal. Por ejemplo, la Ley Federal de Pesca, permite la alteración dañina y la destrucción de hábitats de peces si la autoriza el Departamento de Pesca y Océanos ( Department of Fisheries and Oceans), s. 36(3) de la Ley de Pesca. Esa ley no contempla la notificación pública en el caso de la decisión relacionada con el otorgamiento de un permiso, y no contiene ninguna norma que contemple la celebración de audiencias públicas.

6.3.2. Ejecución de permisos.

La aplicación de las leyes de carácter ambiental generalmente corren por cuanta de las agencias gubernamentales a quienes el estatuto faculta para su aplicación.

Existen algunos derechos contemplados por la ley relacionados con decisiones de aplicación de la norma, es el caso del s. 108 de la Ley Canadiense de Protección al Ambiente, que autoriza a dos residentes, cualquiera que éstos sean, para que acudan al Ministro del Ambiente para que éste realice una investigación, siempre y cuando haya razón para creer que existe una violación a la Ley Canadiense de Protección al Ambiente. Algunos reglamentos de algunas provincias recientemente han aumentado los espacios de participación pública en lo que se refiere a la aplicación de la ley a través de la creación de la “Declaración de Derechos “ (Bill of Rights).
El público canadiense también tiene algunos derechos para apelar los permisos otorgados, a través de apelaciones en los tribunales administrativos.

6.3.2.1. Tribunales Administrativos.

Una vez otorgado el permiso, la ley faculta a los ciudadanos para que acudan al procedimiento de apelación en un tribunal administrativo. Los tribunales administrativos son cuerpos que tienen facultades de decisión establecidas por las leyes. Son similares a las cortes, pero tienen facultades para tomar decisiones en algunas áreas especializadas, como es el caso de las apelaciones en materia ambiental. En los últimos treinta años ha aumentado mucho el número de tribunales administrativos en Canadá. Muchas provincias tienen tribunales de apelación en materia ambiental. Un ejemplo de un tribunal administrativo que resuelve algunos casos ambientales es el Tribunal de Energía Nacional (National Energy Board).

Antes de que cualquier individuo o grupo pueda apelar la decisión del otorgamiento de un permiso o ejercitar una acción para la revisión judicial, quien ejercita la acción debe demostrar su interés jurídico, es decir, que tiene el derecho de pelear el caso. Las cortes, a través del tiempo, han abierto el criterio acerca del interés jurídico público. Para demostrar el interés jurídico, quien ejercita la acción debe probar que está siendo afectado en forma directa por la decisión de otorgar el permiso, o que tiene un interés genuino en la decisión, por lo que presentará un caso que llevará al estudio serio y justiciable de una cuestión que de otra manera no podría presentarse a juicio en forma efectiva..

Se puede acudir a la apelación en razón de las decisiones de casi todos los tribunales sobre normas reglamentarias o revisiones judiciales.

6.3.2.2. Revisión Judicial.

La revisión judicial es el medio por el cual las cortes revisan la manera de proceder del gobierno. Las decisiones de los tribunales administrativos son susceptibles de revisión por una corte superior como lo puede ser la Corte Suprema de la provincia y en algunos casos por la Corte Federal. La revisión judicial es posible además del derecho de apelación, o en lugar del derecho de apelación cuando éste no existe.

La revisión judicial permite a la corte revisar una decisión administrativa y determinar si ésta se hizo en concordancia con los principios de justicia natural y equidad, si se respetaron todos los requisitos procesales y si no se cometieron errores sustantivos en cuanto a la aplicación de la ley, los hechos o la jurisdicción. Existen leyes que establecen el procedimiento de revisión judicial, como las Leyes Provinciales de Revisión Judicial (Provintial Judicial Review Procedure Acts), y a nivel federal, la Ley Federal de la Corte (Federal Court Act).

6.3.2.3. Procesos Privados. (Private Prosecutions)

Si una ley no se está cumpliendo, los ciudadanos tienen el derecho de ejercitar una acción cuando crean que se ha cometido una violación . El ciudadano deberá tener evidencia de la violación, jurar sobre la información en la que basa su evidencia y acudir a un Juez de Paz (JP) (Justice of Peace). El JP posteriormente decide si le da entrada o no a la acusación. En la mayoría de las provincias el Procurador General tiene la opción de decidir si interviene y ejercita la facultad de atracción o simplemente se mantiene al margen.

Por varios factores, el alcance de los procesos privados es limitado: Primeramente, el Procurador General tiene la facultad de retirar todos los cargos o intervenir para llevar el proceso. El Procurador General también tiene la facultad de suspender el procedimiento. Estas disposiciones desmotivan el ejercicio de las acciones privadas, toda vez que un particular puede hacer gastos considerables, como lo son el pago de abogados, derechos de cortes y los gastos para proporcionar la evidencia, localización y presentación de testigos especializados para que después los cargos sean retirados o el procedimiento suspendido.

En el caso de un proceso penal, el ciudadano no podrá pelear la recuperación los gastos. Aunque algunas leyes federales permiten que quien instaure la acción, proporcionando la información, pueda cobrar la mitad de la multa a que se hace acreedor el violador, (por ejemplo, la Ley de Pesca), sin embargo, no existe la seguridad de que la mitad de dicha multa alcance para cubrir los gastos que se generan por la asesoría legal y las pruebas técnicas presentadas en los casos vigorosamente defendidos.

El derecho a entablar una acción civil o penal podría complementarse con disposiciones como las que se encuentran en algunas leyes de Estados Unidos, como lo son, la Ley de Agua Potable, la Ley de Aire Limpio y la Ley de Conservación y Recuperación de los Recursos. Estas leyes permiten a los ciudadanos solicitar una orden judicial para efecto de que se cumpla con los estándares de emisiones así como solicitar se sancione a los infractores. Las disposiciones que regulan los procedimientos, permiten que el ciudadano recupere por parte del infractor los gastos del juicio. También se establecen procedimientos a través de los cuales los ciudadanos pueden notificar al gobierno la existencia de la violación para que sea éste el que enjuicie al infractor o haga las observaciones que considere pertinentes. Establece excepciones dentro del procedimiento en caso de que el gobierno realice la acción en forma diligente, pero de ninguna forma puede el gobierno limitar la acción del ciudadano si el proceder del gobierno es diligente. Aun en los casos en los que los ciudadanos no pueden iniciar una acción, éstos tienen el derecho de intervenir en cualquier acción intentada por el gobierno.

6.4. LEGISLACIÓN CLAVE PARA LA PARTICIPACIÓN PUBLICA.

6.4.1. Federal.

6.4.1.1. Ley Canadiense de Protección Ambiental.

La legislación central en materia ambiental a nivel federal es la Ley Canadiense de Protección Ambiental (LCPA) en la que se consolidan cinco estatutos: La Ley de Contaminantes, la Ley de Calidad del Aire, la Ley de Agua Canadá, la Ley de Descargas a los Océanos y la Ley del Departamento del Ambiente. La LCPA contiene:

· Sanciones y penalidades importantes;
Normas para la compilación de información y evaluación;
· Disposiciones para la importación y exportación de sustancias tóxicas;
· Disposiciones para la reducción de desperdicios, la limpieza de zonas costeras, la protección de la capa de ozono y la reducción de lluvia ácida y esmog; y.
· Disposiciones para el desarrollo de reglamentos.

La LCPA obliga al gobierno a cumplir con las funciones administrativas para proporcionar al público la información acerca del estado que guarda el medio ambiente canadiense. Algunas de las provincias también publican este tipo de reportes.
La LCPA establece el derecho a:

· Solicitar que una sustancia se agregue a la Lista de Sustancias Prioritarias (Priority Substances List) para el conocimiento de su toxicidad;
· Pedirle al Ministro del Ambiente que establezca un cuerpo de revisión para el caso en que se decida no incluir en la lista una sustancia determinada o si una sustancia estuviera incluída durante un período mayor a cinco años sin la asesoría apropiada;
· Pedir al ministro la publicación de reglamentos;
· Que se añada la objeción a la publicación a una propuesta de reglamento y pedir que se establezca el consejo de revisión;
· Tener una oportunidad razonable de apersonarse frente a las comisiones establecidas por la ley
· Requerir la investigación de una violación alegada;
· Instaurar una acción civil por daño; y
· Entablar un juicio en caso de haber sufrido pérdida o daño como resultado de actividades que contraríen lo establecido por la LCPA.

La sección 136 de la LCPA otorga el derecho de entablar una demanda civil a quien sufra pérdida o daño por el incumplimieto de la LCPA o cualquiera de sus reglamentos. También da el derecho para pedir una orden judicial a quien está por sufrir una pérdida o daño a causa de una violación . Sin embargo, la utilidad de esta disposición se encuentra limitada por el principio de causalidad. Los hechos deben causar un daño personal y no sólo representar pérdidas ambientales o el costo de una restauración ambiental. No existe la posibilidad de instaurar una acción civil donde sólo existen meras probabilidades opuesto a la prueba de la existencia de una ofensa.

6.4.1.2. Inventario Nacional de Emisión de Contaminantes (INEC).

El INEC se establece bajo el s. 16 de la LCPA, que otorga a los Ministros Federales de Salud y Ambiente la facultad de obtener información con la finalidad de determinar si una substancia pudiera ser tóxica. El INEC se basa en el Inventario de Descargas Tóxicas de Estados Unidos. Este inventario proporciona datos detallados acerca de los tipos, localización y cantidades de sustancias dignas de tomarse en consideración, ya sea que son liberadas en el lugar o transferidas por los establecimientos industriales a otro lugar. Este inventario es uno de otros registros referentes a la liberación y transferencia de contaminantes.

El INEC integra reportes anuales de químicos específicos que se utilizan en establecimientos específicos. Integra reportes anuales acerca de la liberación y transferencia de sustancias tóxicas utilizando un sistema computarizado con un mínimo de discreción. Cualquier establecimiento que maneje sustancias tóxicas deberá reportarlo, existiendo excepciones como lo es el caso de quienes manejan combustible, ya sea distribución, almacenaje o venta del mismo.

El propósito del INEC es proporcionar la publicidad acerca de sustancia tóxicas que pudieran ser de interés a la comunidad. El acceso al INEC se puede tener de varias formas, como reporte, en forma electrónica o a través del Internet. Cualquier establecimiento que fabrica, procesa o maneja de cualquier forma 10 toneladas (22,050 libras) o más de una sustancia, que tiene descargas o transferencias debe reportarlas. La misma obligación se establece para cualquier establecimiento que emplea a más de diez personas de tiempo completo. Contrario a lo que exige el Inventario de Descargas de Sustancias Tóxicas de Estados Unidos, el INEC no tiene que reportar los esfuerzos hechos durante el año para reducir sus descargas.

La Comisión para la Cooperación Ambiental en Montreal ha comparado como similares el INEC, el Inventario de Descargas Tóxicas de Estados Unidos y el programa piloto de México del registro de descargas y transferencia de contaminantes.

6.4.1.3. Ley Canadiense de Evaluación de Impacto Ambiental.

La Ley Canadiense de Evaluación de Impacto Ambiental (LCEIA) es el fundamento legal del proceso federal de evaluación ambiental. Establece las responsabilidades y procedimientos para llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental en el caso de proyectos que involucran al gobierno federal.

Existen cuatro tipos de evaluaciones ambientales:

· Aquéllas relacionadas con proyectos que son rutinarios y repetitivos:
· Estudios comprensivos;
· De mediación; y
· De revisión por paneles.

Uno de los principios rectores de la ley es que la participación pública es un elemento importante para tener un proceso de evaluación abierto y equilibrado. La Agencia Canadiense de Evaluación Ambiental (la Agencia) es la encargada de la aplicación de la LCEIA y es la que promueve las políticas y prácticas federales de evaluación ambiental. La Agencia promueve la participación publica de las siguientes maneras:

· Asegura que el público tenga la oportunidad de comentar sobre cualquier proyecto privado o reportes de los estudios comprensivos;
· Proporciona fondos a grupos interesados para que participen como mediadores y en la revisión por parte del panel;
· Trabaja con los departamentos federales y propone proyectos sobre la manera de involucrar al público en forma efectiva; y
· Da asesoría a los departamentos federales para la creación y manejo de registros públicos que contienen las evaluaciones ambientales.

El término público incluye a residentes, indígenas como individuos y como comunidades, gobiernos locales y regionales, organizaciones de la comunidad, asociaciones de negocios y profesionistas, instituciones educativas y medios de comunicación.

El Comité de Asesoría Regulatoria (CAR) (Regulatory Advisory Comittee) es un comité que se estableció para facilitar la participación pública y el desarrollo de reglamentos para la ley en comento. CAR esta compuesto por miembros del gobierno, grupos ambientalistas, grupos indígenas y gobiernos de las provincias. El CAR utiliza el consenso de sus miembros para desarrollar los reglamentos federales sobre legislación relacionada con las evaluaciones ambientales.

El propósito del CAR es “asesorar al Ministro del Ambiente para elaborar los proyectos de reglamentos y establecer las líneas de acción de la LCEA, así como para obtener consenso o identificar los puntos de vista encontrados sobre el contenido”

Inicialmente, el CAR hizo recomendaciones a cuatro reglamentos que definirían los alcances de la evaluación: la Lista de Exclusión, la Lista de Inclusión, la Lista de Leyes y la Lista de Estudios Comprehensivos. La Lista de Exclusión y la Lista de Inclusión hicieron lo que sus nombres indican. Es decir, incluían o excluían según fuera el caso al proyecto del proceso de evaluación. La Lista de Leyes contenía una enumeración de estatutos que establecían procesos de evaluación,. La Lista de Estudios Comprehensivos establecía cuándo debía re requrirse el comentario público, aunque el proyecto no requiriera una revisión completa por parte del público.
Una dificultad significativa encontrada dentro del proceso del CAR surgió cuando se planteó el tipo de evaluaciones que se requerían para proyectos fuera de Canadá. El reglamento recomendado fue ignorado por parte de gobierno, a pesar de haber sido aceptado por el muticitado comité. Después de que el CAR entregó sus recomendaciones al gobierno, éste pasó su reglamento sin tomar en consideración las recomendaciones hechas por el CAR y así quedó el Reglamento Sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental para Proyectos Fuera de Canadá (RSEIAPFC).

El Sierra Club de Canadá instauró una acción retando el reglamento. Una de las pretensiones del Sierra Club es que la venta de reactores nucleares CANDU a china sea legislada por ese reglamento. Sierra Club alega que el RSEIAPFC se alejó del proyecto consensado y que el gobierno, en forma poco usual, llevó a cabo un proceso expedito para realizar su propio proyecto y promulgarlo el 6 de noviembre de 1996. El reglamento no se publicó en el Canada Gezette , 2da parte hasta el 27 de noviembre del mismo año, un día después de que se firmara el contrato para la venta de los reactores nucleares. En los últimos 20 años los comités han canalizado los comentarios del público sobre los proyectos de reglamentos. Sin embargo, el hecho de que la consulta no sea obligatoria, sino voluntaria, los procesos de consulta pública pueden ser ignorados.

6.4.1.4. Ley de Pesca.

La Ley Federal de Pesca es otra parte importante de la legislación ambiental de Canadá. Por lo establecido en esta ley, se considera una violación cualquier acción que pudiera ser dañina, alterar o destruir el hábitat de los peces. También se considera una falta el depositar o permitir que se deposite cualquier sustancia nociva en el “agua frecuentada por los peces”. La Ley de Pesca la aplica el Departamento de Pesca y Océanos de Canadá (POC) (Fisheries and Oceans Canada) y Ambiente Canadá (AC)(Environment Canadá). La POC se encarga de todo lo referente al manejo de empresas pesqueras y el cuidado de hábitats de peces. El AC se encarga de la calidad del agua en relación con el hábitat de los peces. Además de lo anterior, existe un sinnúmero de acuerdos para delegar ciertas funciones de las empresas pesqueras a los gobiernos de las provincias.

La Ley de Pesca contempla sanciones para quienes contravengas sus normas, y las cortes pueden ordenar que se suspenda la actividad que produce las descargas a las aguas que los peces frecuentan.

6.4.2. Provincial.

6.4.2.1. Declaración de Derechos Ambientales de Ontario.

La Declaración de Derechos Ambientales de Ontario (DDAO) establece las reglas mínimas para la participación pública en el desarrollo y terminación de propuestas legislativas, políticas, reglamentos y otros instrumentos legales que pueden tener un efecto significativos sobre el ambiente. Esta ley establece que el público tiene el derecho a ser notificado y elaborar comentarios en cualquiera de los instrumentos mencionados.

El medio principal para notificar al público es a través del registro establecido por el Gobierno en Ontario. El Registro (Registry) identifica las decisiones significativas que están por tomarse, los términos para elaborar comentarios, las fuentes de información adicional, y el método que debe utilizar el público para participar en la toma de decisiones.

Los derechos de participación pública a través de la elaboración de comentarios, varían de acuerdo con la naturaleza y la importancia ambiental de la propuesta. La DDAO contempla ciertas obligaciones para aquéllos que toman las decisiones en el sentido de que tomen en consideración y respondan a los comentarios elaborados por el público.

Una vez tomada la decisión en torno a una propuesta, los miembros del público pueden apelar la decisión en función a los criterios y requisitos marcados por la DDAO.

Otros dos territorios tienen derechos ambientales contemplados por su legislación. En 1990, la Asamblea Legislativa de los dos territorios nor-occidentales adoptaron la Ley de Derechos Ambientales. El objetivo de la ley es “proporcionar derechos en materia a ambiental a los ciudadanos de los territorios nor-occidentales”. La ley permite a cualquier ciudadano instaurar un proceso ante la Corte Suprema en contra de cualquier persona que descargue contaminantes al ambiente. De la misma manera, la Ley Ambiental de Yukon dispone un fondo público (fideicomiso). En la sección 38 establece:

38(1) El gobierno de Yukon es el fiduciario del fideicomiso público.
(2) El Gobierno de Yukon deberá conservar el medio ambiente natural de acuerdo con lo que establece el fideicomiso.

6.4.2.2. Ley Sobre el Manejo de Desechos de B.C. (B.C management Act).

Las leyes de prevención y contaminación ambiental de las provincias son la forma más común de legislación ambiental en Canadá. Un ejemplo de este tipo de ley es la Ley Sobre el Manejo de Desechos de B.C.
Su objetivo es prevenir y controlar la descarga de sustancias potencialmente contaminantes en el agua, aire o suelo. Prohibe la introducción de desechos al ambiente en cualquier forma o cantidad que pudiera contaminar, ya sea por una industria, comercio o negocios, o por cualquier persona, salvo en caso de que la descarga entre dentro de los criterios y excepciones enumeradas en la sección 3(3) de la ley.

La ley incluye dentro del concepto de desecho a los contaminantes del aire, basura, corrientes, desechos biomédicos, desechos especiales, y cualquier otra sustancia que incluya el gobernador en turno. Corriente se define como cualquier sustancia que se vierte al agua o al suelo que daña o es capaz de dañar cualquier forma de vida o al ambiente.

Las excepciones a la prohibición general contenida en la ley son:
· Permitir la disposición de residuos cuando ésta se hace de acuerdo con un permiso, aprobación o cualquier otra forma de regulación, o de acuerdo con un plan de manejo de residuos aprobado por el Ministro de Medio Ambiente, Tierras y Parques, y,

· El permiso para el uso de pesticidas y biocidas para uso en la agricultura, hogares y forestal, siempre y cuando vayan de acuerdo con lo establecido por la Ley de Control de Pesticidas, la Ley de Control de Productos Pesticidas y cualquier otra ley o reglamento que norma su uso.

La Ley de Manejo de Residuos también norma todo lo relativo al transporte, manejo tratamiento de residuos especiales, como el suelo contaminado u otro tipo de materiales tóxicos. Establece que los residuos especiales deberán ser confinados de acuerdo a lo establecido por los reglamentos que se derivan de la ley y prohibe la liberación de dichos desechos del lugar establecido para su confinamiento a menos de que exista un permiso de autorización específica, aprobación, orden, plan de manejo de desechos o reglamentación.

Para el otorgamiento de un permiso para descargar desechos especiales al ambiente, así como para almacenarlos, tratarlos o reciclarlos el director, podrá otorgar el permiso sujeto a condicionantes para la protección del medio ambiente.

Otra de las disposiciones de la ley tratan lo relacionado con la prevención y aviso de derrames. Le da facultades al ministro para exigir planes para prevenir derrames de sustancias contaminantes así como la construcción de infraestructura para prevenir o abatir dichos derrames.

La ley para su cumplimiento contempla una serie de medidas encaminadas a la prevención y control de la contaminación.

El Reglamento de Notificación Pública (Reg. 202/94) derivado de la Ley de Manejo de Residuos establece los requisitos que se deben cumplir en la notificación al público de solicitudes de permisos. Los requisitos de las notificaciones varían de acuerdo a las circunstancias concretas de cada caso pero incluyen:

· Pegar la solicitud en el establecimiento que pide el permiso;
· Publicar la solicitud en la B.C Gazette y en uno o más periódicos locales;
· Notificar a residentes y dueños de propiedades que pudieran verse afectados por el permiso;
· Requerir a quien pide el permiso que reciba a cualquier persona que crea pudiera ser afectada por el otorgamiento del permiso para aclarar dudas e inquietudes acerca de los efectos reales que pudiera sufrir el ambiente.

Si el permiso de manejo de residuos es otorgado y, quien lo solicitó o cualquier otra persona se siente agraviada por el permiso o cualquiera de las condiciones que en él se estipulan, esa persona puede apelar la decisión ante el Tribunal de Apelaciones en Materia Ambiental de acuerdo a los procedimientos que contempla la Ley de Manejo de Residuos.

6.4.2.3. Leyes del Evaluaciones de Impacto Ambiental de las Provincias.

Las leyes de las provincias sobre evaluaciones de impacto ambiental contemplan varios procedimientos de participación pública.

Un ejemplo de este tipo de leyes es la Ley de Evaluación de Impacto ambiental de B.C. Para que esta ley se aplique a algún proyecto específico, debe ser un proyecto que la ley establezca debe revisarse a la luz de este cuerpo normativo. El Reglamento de Revisión de Evaluación de Impacto Ambiental especifica a qué proyectos o actividades se les deben aplicar las disposiciones de la ley, de acuerdo a la naturaleza y tamaño del proyecto o actividades. Por otra parte, si el proyecto no está incluido dentro de aquéllos sujetos a revisión, el Ministro de Medio Ambiente, Tierras y Parques podrá pedir que se revise bajo lo establecido en la sección 4ta de la ley si:

a) El proyecto tiene o puede tener efectos significantemente negativos y,
b) Su designación es de interés público.

Si la ley establece la revisión del proyecto, dicho proceso de revisión puede tener una, dos o hasta tres etapas: la etapa de solicitud del permiso, la etapa del reporte del proyecto y la etapa de las audiencias públicas. Al principio del proceso puede no saberse qué etapas se deberán seguir.

En el caso de que el proyecto pase por la etapa del reporte del mismo, la sección 22 de la ley establece una lista de cuestiones que se deben abordar en el reporte del proyecto, tales como las características y condiciones ambientales que pueden verse afectadas por el proyecto. Por lo tanto, el impacto potencial para peces y sus hábitats deben ser abordados en forma detallada.

En la conclusión de cada una de las etapas de revisión el proyecto puede ser aprobado, rechazado o regresado para una revisión más profunda, así hasta que llegue a la etapa final donde se defina si el proyecto es aprobado o rechazado.

Existe un comité compuesto de representantes gubernamentales de varias de las agencias y de Primeras Naciones para analizar, dar asesoría y recomendaciones a los proyectos en revisión.

También es posible constituir, bajo la ley un comité público de asesoría con la finalidad de asesorar sobre cuestiones de interés público.

Cada solicitud, comentario, reporte y decisión tomada dentro del proceso de revisión debe ser archivada en el registro del proyecto en la oficina de evaluaciones de impacto ambiental en Victoria al que se le debe incluir cualquier decisión tomada por los Ministros o el Gabinete. El registro de los proyectos proporciona al público el acceso a todos los documentos relevantes del proyecto. Los documentos claves también estarán disponibles en bibliotecas públicas y oficinas gubernamentales de las comunidades que pudieran verse afectadas por un proyecto específico.

El público tiene oportunidades garantizadas para elaborar comentarios en el proceso de revisión dentro de los términos marcados por los reglamentos. Específicamente, la ley establece como obligación del director ejecutivo el notificar al público para incitarlo a elaborar comentarios en las siguientes partes del procedimiento:

· Al recibir la solicitud del permiso;
· Cuando se están preparando las especificaciones del reporte;
· Cuando se recibe el proyecto del reporte; y
· Cuando los puntos de referencia para la audiencia pública se están preparando.

La ley también establece el papel que debe tomar las oficinas de evaluacion de impacto ambiental respecto a la consulta pública. Requiere al director ejecutivo para que asesore al solicitante respecto a la distribución de información, permite que la oficina de evaluaciones de impacto ambiental lleve a cabo ciertas acciones al respecto, sobre todo en lo referente a la consulta pública, cuando los esfuerzos hechos por parte del solicitante no son satisfactorios.

A opción de quien propone el proyecto, la revisión de la solicitud para el permiso y la licencia se pueden hacer de manera concurrente al mismo tiempo de la tramitación del certificado de aprobación.

La ley también permite la revisión de solicitudes agrupándolas por categorías, elaborando especificaciones concretas para los proyectos individuales. Quienes proponen el proyecto deberán incluir las especificaciones y aportar la información requerida por la categoría en las solicitudes que se pretenden revisar para un proyecto concreto.

6.5. ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Legislaciones de reciente promulgación, tanto a nivel federal como de las provincias que permiten el acceso público a información, como puede ser los resultados de monitoreos, de inspecciones y violaciones a permisos, han sido de gran ayuda para el público con el objetivo de asegurar que se cumpla la normatividad ambiental. La información de fondo, necesaria para la participación pública efectiva es más fácil de obtener ahora. El acceso a la información es de particular utilidad para determinar si las agencias gubernamentales poseen información acerca de violaciones a la ley que requieren de la aplicación de la misma. Donde no se han tomado las medidas necesarias para la aplicación de la ley, el público puede presionar al gobierno para que lo haga o los mismos ciudadanos pueden instaurar acciones privadas. En la Ley de Libertad de Información y Protección a la Provincia de British Columbia hay una disposición que obliga la exhibición de información al público cuando existen amenazas al ambiente aunque no se requiera dicha información. Esta disposición también protege al público de posibles riesgos, previniéndolos por la aplicación oportuna de la ley.

6.5.1. Ley de Acceso a la Información Federal. ( Federal Access to Information Act).

“El propósito de esta ley es hacer extensiva la aplicación de las leyes de Canadá en el sentido de proporcionar el derecho de acceso a la información de registros que se encuentran bajo el control de instituciones gubernamentales, de acuerdo a los principios de que toda información en poder del gobierno debe estar disponible para el público, que las limitaciones para el acceso a la información deben ser limitativas y específicas y que las decisiones sobre la revelación de información deben ser revisadas en forma independiente, es decir, no por las instituciones involucradas.” (Subsección 2(1) de la Ley de Acceso a la Información).

La Ley de Acceso a la información da a los canadienses y a otros individuos y corporaciones presentes en Canadá el derecho de solicitar y obtener copias de los archivos del gobierno federal. Al referirse a archivos, se incluyen cartas, memorándums, reportes, fotografías, películas, microfilms, planos, dibujos, diagramas, mapas, material de sonido y videos y todo tipo de expedientes legibles por una computadora.

La ley crea un derecho de acceso a la información actualizable para los canadienses, sujeto a excepciones como lo son , la privacidad, la confidencialidad comercial, la seguridad nacional y las comunicaciones necesarias para el desarrollo de políticas efectivas. La aplicación de las excepciones crea comúnmente controversias. Las bases de las controversias que generan quejas comúnmente son:

-que se les ha negado información solicitada;
-que se les ha pedido paguen costos altos para la copia de la información solicitada;
-la extensión del término de 30 días que tiene la autoridad para proveer la información solicitada no es razonable;
- que el material entregado no estaba en el idioma en el que se solicitó o que el tiempo requerido para la traducción no es razonable;
- que existe un problema con la Guía para Solicitar Información que se publica precisamente para ayudar al público a usar efectivamente las disposiciones de la ley en comento; y
- que se han encontrado con cualquier otro problema en el uso de la ley.

La ley proporciona 30 días a las instituciones del gobierno para que respondan a las solicitudes de información. Cuando la ley estaba recién promulgada, la mayoría de los departamentos gubernamentales no cumplían con el término. El cumplimiento con el término es ahora muy común. En caso de que el departamento o la agencia requiera de más tiempo para aportar la información solicitada se puede pedir la extensión del término, en cuyo caso el solicitante deberá ser notificado de la extensión cuando empieza a correr el término.

La ley también contempla un proceso de apelación cuando se niega el acceso a la información solicitada. Dicho proceso de apelación es totalmente independiente del gobierno. Primero se hace ante un Comisionado o Obudsman nombrado por el Parlamento y después en una corte federal.

La Corte Federal de Canadá ha dejado claro en un caso reciente, que los motivos por los cuales se solicita determinada información son irrelevantes. No existe una justificación legal para negar un servicio (o darlo en forma deficiente) a quienes solicitan una información en forma frívola, fastidiosa o de mala fe.

6.5.2. Ley de B.C Sobre Libertad de Información y Protección a la Privacidad.

La Ley Sobre la Libertad de Información y Protección a la Privacidad de B.C fue promulgada en 1993. La ley provee a los individuos de la información y derechos de privacidad relacionados con la información que obtienen y controlan las instituciones públicas de B.C. La Ley otorga a los ciudadanos de B.C.:

-el derecho al acceso a los archivos bajo la custodia o control de las instituciones públicas, incluyendo información personal; y
- el derecho de exigir protección de la privacidad de información personal en custodia o bajo el control de instituciones públicas.

Los Archivos incluyen libros, documentos, mapas, dibujos, fotografías, cartas, vouchers, papeles e información grabada o guardada en una computadora, audio cassette o vídeo cassette. Las instituciones gubernamentales incluyen casi todo el gobierno de la provincia, el gobierno local e instituciones profesionales autogobernadas en B.C. Son ministerios, agencias, tribunales y corporaciones de la corona; hospitales, municipios, distritos regionales, policía municipal, distritos educativos, universidades y colegios; numerosas asociaciones de profesionistas como lo es el Colegio de Maestros de B.C., el Colegio de Doctores y Cirujanos y al Sociedad de Derecho de B.C. La ley no se aplica a los negocios o asociaciones privadas.

Existen excepciones relacionadas con información confidencial del Gabinete, información personal de otros o información que pudiera perjudicar los intereses comerciales de otra persona.

El siguiente caso ilustra como esto puede ser utilizado por grupos ambientalistas.

En diciembre de 1996 un grupo ambientalista solicitó cierta información del Ministerio Forestal (Ministerio) relacionada con la manera en cómo este ministerio y sus licencias trataban con los representantes del Ministerio del Ambiente, Tierras y Parques las cuestiones de aplicación de la Ley de Prácticas forestales. En abril de 1997, después de amplias discusiones con el solicitante, el Ministerio le fijó al grupo ambientalista un monto de 46,200 dólares para cubrir los castos erogados por la investigación y proceso de la solicitud.

El monto cobrado fue disminuido posteriormente a 12,300 y después a 3,150 dólares. Cada vez que se le cobraba, el solicitante pedía no se cobraran derechos por ser un caso de interés público. En julio de 1997 el solicitante pidió que la Oficina del Comisionado revisara el caso.

La Oficina con su mediación pudo obtener una reducción en el monto que pretendía cobrársele a 420 dólares después de que el solicitante proporcionó los datos sobre la información que estaba solicitando. Posteriormente, el Ministerio pudo determinar de una forma más exacta dónde se encontraba la información que se pedía y reducir el tiempo estimado de búsqueda a dos días. Después de discusiones posteriores el Ministerio no cobró nada por concepto de derechos y se cerró el caso.

6.5.3. Acceso a la Información Acerca del Monitoreo y Cumplimiento de la Ley.

La fuerza de las iniciativas para la prevención de la contaminación puede acentuarse a través de la exigencia de responsabilidad por parte de los miembros de la comunidad en la cual opera un determinado establecimiento. El reportar el estado de cumplimiento de las leyes ambientales permite darse cuenta si las iniciativas de prevención de la contaminación han sido exitosas, además de exhibir a quienes no han cumplido con los estándares de los permisos.

B.C. rutinariamente publica un reporte sobre las operaciones que no han cumplido con los estándares de protección ambiental marcados por los permisos y los reglamentos. Es la única provincia de Canadá que lo hace. El Ministro de Medio Ambiente reconoce su efectividad en lo que se refiere al cumplimiento de la ley:

“El reporte de no-cumplimiento es una de las herramientas más eficaces que tenemos para obligar a los establecimientos a adherirse a las normas de protección ambiental. A nadie le gusta ver su nombre en una lista por algo tan serio como puede ser el dañar al ambiente.”

British Columbia también en forma rutinaria elabora un reporte al que el público tiene acceso que detalla los cargos y sanciones aplicadas por cuestiones ambientales, así como el número total de condenas y multas cobradas durante el período que cubre el reporte. Ambos reportes se entregan directamente,cada seis meses, a los medios de comunicación y a cualquier otra persona interesada. La publicación rutinaria de esta información, en lugar de esperar a que se solicite, se ha convertido en un fuerte incentivo para que quienes ostentan permisos industriales cumplan con los estándares, además de que si el público esta bien informado, se eliminan las sospechas en cuestiones ambientales.

Los consumidores de ahora demandan productos que son ambientalmente sanos así como productos que se fabrican sin causar daños al medio ambiente. En muchos casos, los consumidores están dispuestos a pagar un costo adicional por estos productos. Más aún, existen consumidores que están dispuestos a boicotear a productores cuando existe la preocupación acerca de su récord ambiental. Los grandes y pequeños compradores quieren tener la posibilidad de verificar con información sólida y cuantificable, los reclamos en materia ambiental. El monitoreo ambiental y los datos de cumplimiento de la normatividad ofrecen una oportunidad única para apoyar los reclamos ambientales mercadotécnicos. Esta información es materia pública, por lo que erradica en cierta medida la posibilidad de que una empresa sólo muestre la información ambiental que le conviene.

6.6. EJEMPLOS DE COMO LA PARTICIPACIÓN PUBLICA HA CONTRIBUIDO EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

6.6.1. Participación Pública en el Desarrollo de Leyes Federales para la Protección de Especies en Peligro de Extinción. Derecho de Presentar y Defender un Caso Frente a la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la Cámara de los Comunes.

El primer ejemplo de cómo la participación pública ha mejorado la calidad del medio ambiente es el proceso de consulta de reformas legislativas en el que se incluyen audiencias públicas, convocadas por la Comisión del Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la Cámara de los Comunes.

Canadá fue el primer país en firmar la Convención de Biodiversidad de 1992 en la Cumbre de la Tierra de Río. La Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la Cámara de los Comunes revisó los efectos de este tratado a través de audiencias públicas. La comisión recibió testimonios de que el artículo 8(k) de la Convención Sobre la Diversidad Biológica obligaba a los signatarios a legislar en materia de protección de las especies en peligro de extinción, esto leimpuso a Canadá la obligación positiva de elaborar un proyecto de ley de especies en peligro de extinción, ya que cuando se firmó el tratado, Canadá no tenía una ley que regulara dicha materia. Inmediatamente después, en abril de 1993, la Comisión elaboró un reporte titulado. “Asociación Global- Canadá y la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente y Desarrollo” que recomendaba al gobierno de” Canadá trabajar con las provincias y los territorios en la necesidad de elaborar una legislación para conservar la diversidad biológica de Canadá, y tomar los pasos inmediatos para desarrollar una legislación integrada en materia de protección de las especies en peligro de extinción, hábitats, ecosistemas y biodiversidad de Canadá”. La Comisión hizo referencia a los testimonios de ONG´s ambientalistas y los razonamientos que éstas expusieron en favor de la elaboración de dicha legislación.

En respuesta al reporte de la Comisión, y a la presión de un espectro muy amplio de ciudadanos canadienses, el gobierno elaboró una propuesta de ley para las especies en peligro de extinción. El proyecto de la Ley Nacional para la Protección de Especies en Peligro de Extinción fue hecho público en agosto de 1995. Se espera que para 1999 se introduzca a la Cámara de los Comunes una nueva ley. Los factores críticos que han permitido pensar en la posibilidad de una nueva ley son los testimonios presentados por ONG´s ambientalistas y el reporte de la Comisión.

6.6.2. Participación Pública en la regulación de la Contaminación Generada por los Molinos de la Pulpa de Madera-Coalisión de Abogados Frente al Gobierno de Provincias.

El segundo ejemplo, también trata de la participación pública para una reforma legislativa, en este caso, a través un proceso iniciado por una ONG ambientalista. El reglamento existente en B.C a propósito de las descargas de los molinos de pulpa de madera surgió como resultado de fuertes presiones de ciudadanos en contra de la Coalición Pulpera, que es un grupo que aglutina representantes de organizaciones ambientalistas, laborales, de justicia social o otros.

La respuesta en materia regulatoria trajo como consecuencia una catástrofe ambiental en B.C. en los años 80´s. British Columbia tenía una gran industria pulpera y papelera. De los 26 molinos de la provincia, 23 de ellos liberaban descargas directamente al medio ambiente. !7 de los molinos blanqueaban el papel a base de compuestos clorados y sólo uno utilizaba el proceso kraft. Desde finales de 1988, el gobierno canadiense ha clausurado cientos de kilómetros de la costa de B.C para la captura de mariscos, moluscos y crustáceos por la contaminación de dióxido y furano proveniente de los molinos de pulpa. La clausura de las empresas pesqueras de moluscos fue acompañada de consejos de salud advirtiendo a la gente para que ésta no consumiera los mariscos, cierto tipo de patos y aves acuáticas provenientes de los límites señalados, así como la advertencia de no comer los híagados de cualquiera de los peces bottomfish capturados cerca de los molinos costeros. Todo lo anterior generó mucha preocupación por la situación ambiental en la provincia, que se tradujo en demandas ciudadanas para que el gobierno tomara los pasos necesarios para afrontar la situación. Muchos pescadores debido a las clausuras, perdieron su medio de subsistencia . Muchas de las comunidades nativas perdieron su fuente principal de alimento.

Analizando las características del problema, se llegó a un largo historial de incumplimiento rutinario de estándares fijados por la ley por parte de los molinos y las papeleras. En el tiempo en que se cerraron las primeras empresas pesqueras, no existían normas que regularan compuestos orgánicos clorados, incluyendo las dioxinas.

La normatividad que se refiere a los molinos de pulpa de las provincias, que sigue atrayendo la atención del mundo entero, establece que para el 31 de diciembre del año 2002, los molinos de pulpa que utilizan compuestos clorados deben absorber los halógenos clorados (AOX) producidos por el proceso utilizado para blanquear la pulpa. Esta normatividad fue promulgada el 1ro. de julio de 1992, más de 10 años antes de su cumplimiento. En el tiempo en que esta ley se promulgó, los molinos ya eran sujetos de varias leyes de carácter federal y provincial, incluyendo una que establecía un límite de 2.5 kg. de AOX por tonelada de pulpa seca producida. Este limite establecido por una ley de la provincia fue reducido el 31 de diciembre de 1995 a 1.5 kg. por tonelada de pulpa seca producida.

Los molinos de pulpa de papel también están regulados por el gobierno federal que ha reforzado sus estándares en forma significativa en los últimos años. La LCPA prohibe a lo molinos descargar cantidades detectables de dioxinas y furanos. La Ley Federal de Pesca norma las descargas de sustancias demandantes de mucho oxígeno, partículas suspendidas y tóxicos. También establece que los molinos deben participar en un programa de monitoreo ambiental, que tiene como objetivo determinar si los estándares normativos son adecuados para proteger al ambiente.

Desde que se introdujeron estándares normativos más exigentes, la industria de British Columbia en un período relativamente corto ha obtenido logros importantes en materia ambiental. En muchos casos, se han obtenido mejores resultados de los esperados y en menos tiempo del programado.

La normatividad que exige la eliminación de AOX ha sido un impulso útil para que las empresas se limpien y ofrece un buen modelo para aplicarlo en otras áreas. Algunos de los beneficios evidentes son:

· La incorporación de principios precautorios y preventivos en el proceso regulatorio;

· La elaboración de una planeación a largo plazo estableciendo un estándar más exigente que debe cumplirse y permitiendo el desarrollo de tecnología apropiada para la elaboración de soluciones de otros problemas relacionados con la celulosa;

· Teniendo como meta un límite cero para la descarga de ciertas sustancias, evitando discusiones y normatividad costosa cuando estas se llevan a cabo de compuesto por compuesto;

· Tomando las oportunidades de los mercados emergentes.

Desde que se implementó la regulación de la AOX, la industria de la celulosa ha realizado un número específico de otro tipo de benéficios para la provincia:

· Reducción del impacto ambiental por parte de los molinos de celulosa y papel;
· Aumento de ganancias ambientales a través del proceso de cambios necesarios para cumplir con la normatividad del AOX que se traduce en mejoras en los niveles de descargas de otros parámetros,
· Logro del cumplimiento de la normatividad en un tiempo menor al esperado,
· Mejoras significativas en el desempeño ambiental de casi todos los parámetros establecidos,
· Reapertura de algunas empresas pesqueras,
· Reducción de la presión pública sobre las industrias, y
· Posición favorable en los mercados emergentes para colocar papel de celulosa libre de cloro.

Además de estos beneficios, cuando una industria elimina el uso de compuestos clorados como agentes blanqueadores para cumplir con el estándar de eliminación de AOX, tomará un paso importante hacia la posibilidad de operar molinos de celulosa sin descargas. Investigaciones actuales acerca de los problemas asociados con las descargas de los molinos de celulosa han revelado otro tipo de problemas serios, que permiten pensar en la eliminación total de las descargas de los molinos de celulosa al ambiente. La normatividad de Brtish Columbia busca como meta lo anterior.

6.6.3. Participación Pública en la Protección del Hábitat de los Peces, Juicios Particulares para Lograr el Cumplimiento de la Ley de Pesca.

Aunque no se utilizan con frecuencia, los juicios instaurados por particulares han sido una herramienta útil para que el público ayude en lo que se refiere a la aplicación de la ley en materia ambiental. Aun en los casos en que los enjuiciamientos no se llevan a término , esta herramienta es útil para presionar al gobierno para que éste aborde un problema o violación.

Un ejemplo de un enjuiciamiento privado es el caso de R. contra Crown Zellerbach Properties Ltd. (1981) 3 F.P.R. 84. En ese caso la Coalición para el Fraser River instauró un enjuiciamiento privado cuando tanto el gobierno federal como provincial se habían negado a hacerlo. Una operación de relleno sanitario estaba arrojando lixiviados contaminantes al Río Fraser . El Departamento Federal de Pesca y Océanos no estaba de acuerdo con la acción, pero no hizo nada para aplicar la norma y hacer que se cumpliera. El gobierno de la provincia, a quien se le pidió que interviniera y mostró objeción a la actividad, dio el permiso. Aunque las inspecciones indicaban que el permiso se violaba continuamente, por años, el gobierno nunca demandó. La Coalición inició una acción que después atrajo y terminó el Procurador General de Canadá. El operador del relleno sanitario fue condenado. Además de lo anterior, se atrajo la atención pública sobre el problema a través de los medios de comunicación, aumentando el conocimiento del público sobre el tema y así se creó el Fraiser River Task Force que examinó problemas de cumplimiento de la ley en la región.

En algunas ocasiones, el simple hecho de presentar la demanda trae como consecuencia que la actividad violatoria cese y que ya no exista la necesidad de seguir con el juicio. Por ejemplo, los Amigos del Stikine, un grupo ambientalista cuyo objetivo es la protección del Río Stikine, recientemente instauró una acción contra Comico Ltd y Prime Resources Group Inc.( Peter Rowlands contra Comico Ltd. y Prime Resource Group Inc. número de información 19390 y 19391, mayo 16 de 1996). Después de que se ejercitó la acción , la Corona acordó que se siguiera el juicio. Antes de la audiencia en la que se presentarían los cargos, la obra fue parada como consecuencia en juicio.

6.6.4. Participación Pública en el Establecimiento de Límites para el Uso de Pesticidas, Apelación de la Ley al Tribunal de Apelación en Materia Ambiental de British Columbia

El ejemplo citado arriba es la apelación interpuesta por un ciudadano ante el Tribunal de Apelación en Materia Ambiental de B.C. en contra del permiso dado para la utilización de un pesticida. Otro grupo ambientalista interpuso una apelación en contra de cambios hechos a un permiso para la aplicación aérea de pesticidas. El objetivo principal que perseguía el grupo era el establecimiento de zonas de amortiguamiento para la aplicación aérea de pesticidas, de tal manera que se estableciera un límite de 500 metros libres de zona de amortiguamiento de las zonas residenciales para su aplicación. Ya existía la zona de amortiguamiento con un radio de 500 metros tratándose de escuelas, parques, zonas recreativas y establecimientos de salud. El grupo se pasó un año negociando con representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Tierras y Parques para que se impusiera la misma zona de amortiguamiento respecto a las zonas residenciales. El grupo no estaba en contra de que los pesticidas se aplicaran por tierra, sino solamente de la aplicación aérea de éstos por su propagación.

Cuando se renovó la licencia para la aplicación aérea del pesticida sin tomar en consideración la zona de amortiguamiento solicitada, se interpuso la apelación solicitando la suspensión de las aplicaciones aéreas hasta en tanto no se resolviera la apelación. Cuando se preparaba la apelación se descubrió que existía ya una decisión del tribunal de apelación en la materia.

En relación con la misma aplicación aérea, el tribunal había ordenado lo siguiente:

“El Panel ordena que esta cuestión se turne al Delegado Administrativo para que se tomen las siguientes acciones:

1. Determinar el ancho que debe tener la zona de amortiguamiento para proteger de lo que pudiera esparcirse de los pesticidas a zonas residenciales y ambientalmente sensibles en las partes bajas de la región; y

2. Una vez determinado el tamaño de la zona de amortiguamiento, el Delegado Administrativo deberá corregir la licencia no. 2430S añadiéndole la nueva condicionante relacionada con la zona de amortiguamiento que debe existir para la aplicación aérea de pesticidas en zonas cercanas a zonas residenciales o ambientalmente sensibles.”

El Ministerio de Medio Ambiente, Tierras y Parques, no había dicho nada respecto a la orden dada al Delegado Administrativo por parte del tribunal que coincidía exactamente con lo que ellos estaban pidiendo.

El Tribunal de Apelación en Materia Ambiental no encontró evidencia alguna que mostrara que el Delegado Administrativo había cumplido con lo ordenado. El tribunal, en función de lo anterior concluyó que la omisión por parte del Delegado perjudicó la reputación de la administración de justicia causándole un daño irreparable al interés público y al equilibrio de la administración de justicia.

El Tribunal decidió que se suspendiera la aplicación aérea del pesticida en la zona materia de la apelación hasta en tanto no se cumpliera con la resolución 92/02. El resultado de la resolución del Tribunal fue que hasta en tanto no se establecieran las zonas de amortiguamiento respecto a zonas residenciales, el lugar en cuestión no podía ser sujeta a la aplicación aérea de los pesticidas por parte de quien ostentaba el permiso para hacerlo. Subsecuentemente se establecieron las zonas de amortiguamiento a propuesta del grupo.

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