Resident Marine Mammals of the Protected Seascape Tañon Strait v. Secretary Angelo Reyes

Resident Marine Mammals of the Protected Seascape Tañon Strait v. Secretary Angelo Reyes, G.R. No. 180771 (21 de abril de 2015)
Corte Suprema de las Filipinas

Dos grupos de demandantes entablaron casos separados impugnando la legalidad del Contrato de Servicio No. 46 (SC-46) que se había adjudicado a la Japan Petroleum Exploration Co. [Compañía Japonesa de Exploración Petrolera] (JAPEX).  El contrato de servicio, le permitía a la JAPEX realizar exploraciones petroleras en el Estrecho de Tañón, durante las cuales llevó a cabo sondeos sísmicos y perforó un pozo de exploración.  La primera solicitud fue entablada en nombre de los mamíferos marinos residentes del Estrecho de Tañón, por dos individuos actuando como los(as) tutores(as) y administradores(as) legales de los mamíferos marinos.  La segunda solicitud fue entablada por una organización no gubernamental representando los intereses de los(as) pescadores(as), junto con representantes individuales de las comunidades pesqueras impactadas por las actividades de exploración petrolera.  Los demandantes entablaron sus casos en 2007, poco después de que la JAPEX había iniciado sus perforaciones en el Estrecho.  En 2008, la JAPEX y el Gobierno de las Filipinas mutualmente rescindieron el contrato de servicio, y las actividades de exploración petrolera cesaron.  La Corte Suprema consolidó los casos para el propósito del análisis.

En su fallo, la Corte Suprema primero abordó el punto procesal importante de si el caso era discutible debido a que el servicio de contrato había sido rescindido.  La Corte declaró que la falta de pertinencia “no es una fórmula mágica que automáticamente puede disuadir a los tribunales de resolver un caso”.  Id., página 12.  Debido a las presuntas graves violaciones constitucionales y el interés público de suma importancia en el caso, por no hablar del hecho que las acciones contenidas en la querella se podrían repetir, la Corte falló que era necesario entender el fondo del caso, a pesar de que el contrato de servicio en cuestión había sido rescindido.  Id.

Revisando las numerosas demandas presentadas por demandantes, la Corte Suprema los limitó a dos: 1) si los mamíferos marinos, a través de sus administradores(as), tienen legitimación procesal para interponer el caso y 2) si el contrato de servicio violó la Constitución Filipina u otras leyes domésticas.  Id., página 11.

En cuanto a la legitimación procesal, la Corte rehusó extender el principio de legitimación procesal más allá de las personas naturales y morales, aunque reconoció que la tendencia actual en la jurisprudencia filipina “se dirige hacia la simplificación de los procedimientos y la facilitación del acceso de los tribunales en casos ambientales”.  Id., página 15.  En su lugar, la Corte explicó que “la necesidad de otorgar legitimación procesal a los Mamíferos Marinos Residentes ha sido eliminada por nuestros Reglamentos, los cuales permiten que todo(a) ciudadano(a) filipino(a), como un(a) administrador(a) de la naturaleza, pueda interponer una demanda para hacer cumplir nuestras leyes ambientales”.  Id., páginas 16-17.

La Corte luego falló que si bien el SC-46 fue autorizado por el Decreto Presidencial No. 87 sobre la extracción petrolera, el contrato no satisfizo dos requisitos constitucionales adicionales.  La Sección 2 del Artículo XII de la Constitución de 1987, requiere que los contratos de servicio para la exploración y extracción petrolera sean firmados por el Presidente y reportados al Congreso.  Debido a que el contrato de la JAPEX fue ejecutado únicamente por el Ministro de Energía, y no reportado al Congreso filipino, la Corte falló que era inconstitucional.  Id., páginas 24-25.

Además, la Corte falló que el contrató violaba la Ley Nacional del Sistema Integrado de Áreas Protegidas de 1992 (Ley NIPAS, por sus siglas en inglés), la cual generalmente prohíbe la explotación de los recursos naturales en áreas protegidas.  Para poder realizar exploraciones de recursos en un área protegida, las exploraciones deben ser llevadas a cabo de acuerdo con una evaluación de impacto ambiental (EIA).  La Corte, señaló que la JAPEX inició los sondeos sísmicos antes de ser realizada cualquier EIA; por lo tanto, su actividad era ilegal.  Id., páginas 33-34.  Además, el Estrecho de Tañón es un área NIPAS, y la exploración y utilización de los recursos energéticos solamente pueden ser autorizadas a través de una ley promulgada por el Congreso filipino.  Debido a que el Congreso no había específicamente autorizado la actividad en el Estrecho de Tañón, la Corte declaró que no se debe permitir ninguna exploración energética en dicha área.  Id., página 34.

 

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Fecha del Recurso: 
Tuesday, August 11, 2015
Países y Regiones: 
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