Alberto Castilla c/ Estado de Colombia

Sentencia C-035/16 de la Corte Constitucional de Colombia (Alberto Castilla y otros c/ Estado de Colombia)

Ciudadanos presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de las leyes que aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 2011) y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015).

La Corte Constitucional de Colombia declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones  de la Ley 1753 que habrían eximido de la prohibición general de no realizar actividades de explotación en los páramos aquellos casos en que se hayan otorgado licencias ambientales antes de la promulgación de dicha prohibición.  Los páramos son humedales de alta elevación que proveen servicios ambientales vitales de regular el ciclo hidrológico y de almacenar dióxido de carbono.  La Corte concluyó que la especial importancia y vulnerabilidad ecológica de los páramos imponen una obligación constitucional al estado de brindar una protección especial para los mismos y que el marco regulatorio no garantiza la protección especial de los páramos, lo cual vulnera los derechos a un ambiente sano y al agua.  La Corte explicó que “la protección del ambiente prevalece frente a los derechos económicos adquiridos por particulares mediante licencias ambientales y contratos de concesión en las circunstancias en que esté probado que la actividad produce un daño, o cuando exista mérito para aplicar el principio de precaución para evitar un daño a los recursos naturales no renovables y a la salud humana.”  Pára. 128.

La Corte declaró la inconstitucionalidad de unas disposiciones de la Ley 1753 por violar el derecho reforzado de los víctimas del conflicto armado a la restitución de sus tierras.  Las disposiciones habrían asignado tierras para proyectos de interés nacional y estratégicos (PINE), tales como proyectos de industrias extractivas y de infraestructura.  La Corte consideró que “un criterio de conveniencia, como es el caso de la realización de proyectos de interés estratégico nacional, cuya naturaleza es puramente económica, no puede sobreponerse a la protección de los derechos fundamentales consagrados a favor de sujetos de especial protección constitucional, como es el caso de las víctimas del conflicto armado.”  Pára. 73.  La Corte también declaró la inconstitucionalidad de la disposición de la Ley 1753 que habría autorizado la expropiación de tierras requeridas para el desarrollo de los PINE porque la indeterminación sobre el alcance de dicha facultad de expropiación impide el ejercicio de los derechos de acceso a la administración de justicia, a la defensa y al debido proceso y atenta contra el principio constitucional de eficiencia en la gestión administrativa.  La Corte también declaró la inconstitucionalidad de la disposición de la Ley 1753 que habría asignado a una autoridad nacional la competencia exclusiva de tramitar licencias ambientales requeridas para los PINE porque vulnera el principio de autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales para la gestión de sus intereses, el principio de participación democrática de los ciudadanos, y los principios de coordinación y rigor subsidiario en materia ambiental sin justificación suficiente. 

La Corte revisó las disposiciones de la Leyes 1450 y 1753 que crean y amplían la figura de las Áreas de Reserva Estratégicas Mineras.  La Corte determinó que denominación de las Áreas de Reserva Estratégicas Mineras no implica que dichas Áreas serán utilizadas necesariamente ni exclusivamente para actividades mineras y, por ende, no viola las obligaciones constitucionales de proteger los trabajadores agrícolas, la producción agrícola, y el medio ambiente.  En cuanto a las alegaciones de los demandantes de que dichas disposiciones violan los principios constitucionales de autonomía territorial, concurrencia y coordinación, la Corte determinó que las disposiciones son compatibles con dichos principios siempre y cuando la definición y el otorgamiento de las Áreas sean compatibles con los planes de ordenamiento territorial y las competencias constitucionales de las autoridades locales de regular el uso de suelo, y siempre y cuando se garantice un grado de participación razonable de los municipios y distritos en la definición y el otorgamiento de las Áreas.  La Corte también declaró la constitucionalidad de la disposición (inciso 2 del art. 173 de la Ley 1753) que establece el procedimiento para delimitar los páramos, con la condición de que si el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se aparta del área de referencia establecida por el Instituto Alexander von Humboldt en la delimitación de los páramos, debe fundamentar explícitamente su decisión en un criterio científico que provea un mayor grado de protección del páramo.  

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Fecha del Recurso: 
Friday, September 9, 2016
Países y Regiones: 
Tipo de recurso: